Impuesto retroactivo: costaría 5.000 millones a las CCAA
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estima que devolver cuatro años del impuesto hipotecario costaría 5.000 millones a las regiones
La decisión del Tribunal Supremo (TS) sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas tiene pendiente a clientes y bancos por igual. Este martes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estimado en el Foro Cinco Días que las Comunidades Autónomas podrían verse obligadas a devolver hasta 5.000 millones de euros si el alto tribunal confirma que es la banca quien debe pagar este impuesto y se establece retroactividad.
Montero explica que si esa es la decisión del Tribunal, el Estado ayudará a las comunidades autónomas a hacer frente al impacto. Además, pedirá a Bruselas comprensión para evitar un impacto directo en el déficit y se dirigirá a la banca para que cubra el monto que debía haber abonado.
«El impacto que las CCAA es si la retroactividad es a cuatro años serían 5.000 millones en las arcas públicas pero se reclamaría a las entidades financieras. Tenemos que compatibilizar los derechos de los ciudadanos pero no es el Estado el que tendría que aportarlo», defiende.
El TS, que se encuentra dividido en la decisión, no logró llegar a un acuerdo el lunes y este martes ha retomado las conversaciones por la mañana. «Habrá que estar a lo que dictamina el Tribunal Supremo, el Gobierno va a opinar en lo que diga el Supremo», recuerda Montero.
La banca en contra de la retroactividad
Parece que la banca da la batalla por perdida y asume que se tendrá que hacer cargo del impuesto de las hipotecas, como ya determinó el TS en una sentencia de la que después se retractó por la caída de los mercados. Lo que no aceptan es la posible retroactividad de la medida.
Los principales bancos coinciden en que no hay justificación legal para que se les reclame el impuesto con retroactividad. El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, manifestó en su presentación de resultados que «no se puede devolver algo que no se ha cobrado».
Así, consideran que la responsabilidad recae sobre las Comunidades Autónomas que son las que han ingresado el impuesto de actos jurídicos documentados. Sin embargo, si al final se decanta el TS por la retroactividad de hasta cuatro años, la banca tendría que abonar el impuesto porque no lo ha hecho en ese tiempo cuando, según el posible fallo, es su responsabilidad.
