Uber demanda al Gobierno para seguir hinchando su burbuja

Uber ha interpuesto una nueva demanda en el Tribunal Supremo contra la administración del Estado por el real decreto del pasado 29 de diciembre que regula las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Esta demanda se une a la ya interpuesta por la propia compañía, junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que siempre se ha posicionado a favor de la tecnológica en su guerra con el taxi. 

De hecho, la CNMC manifestó su desacuerdo e instó a Fomento a dar marcha atrás si quería evitar los tribunales. El organismo quiere que se derogue el real decreto porque «restringe la competencia de forma injustificada».

El Gobierno aprobó esta nueva regulación para frenar la burbuja de licencias VTC que estaba mermando al taxi, hasta el punto de violar la ley 1/30 (1 VTC por cada 30 taxis). Los últimos datos desvelan que, a 1 de enero de 2018, en España hay 6.904 autorizaciones VTC, un 30% más respecto a 2017 (5.285) y un 50% superior a 2016 (4.296). Las licencias de taxi, por su parte, están congeladas en torno a las 70.000 desde hace diez años, tal como reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las protestas de Uber

Uber rechaza dos capítulos de la nueva norma: la prohibición a comerciar con las licencias de VTC durante dos años y la obligación para las compañías de este sector a comunicar a un registro administrativo los datos de cada viaje antes de realizarlos. Además, ha solicitado al alto tribunal la suspensión cautelar del real decreto hasta que se celebre el juicio.

Enfrente tendrá a Fedetaxi, que ya ha afirmado que se personará contra la estadounidense. La federación tiene hasta el próximo 16 de marzo para presentar alegaciones y contestar a la petición de cautelares. Los taxistas, además, no descartan que otras organizaciones del sector se personen en la causa abierta por Uber en el Supremo.

Un rosario de demandas

No es el primer litigio que la tecnológica impone contra la administración. Uber y la CNMC tienen interpuesta otra demanda contra varios preceptos del anterior real decreto de 2015 sobre las VTC. Sobre este enfrentamiento judicial, el Tribunal Supremo ha fijado la vista para el 17 de abril.

Y hay más. Su llegada a Barcelona podría acarrear una nueva demanda por parte de la empresa de transporte privado. En este caso la denuncia se interpondría contra el Área Metropolitana (AMB), que ha aprobado la normativa más restrictiva contra los coches que nutren su flota y la de Cabify.