RTVE gana cada vez más dinero con una tasa impugnada en los tribunales

El cambio de la ley de financiación de Radio Televisión Española (RTVE) provocó que la cadena dejara de nutrirse de publicidad privada y empezara a hacerlo de otras fuentes. Las víctimas colaterales fueron las empresas de telecomunicaciones, que no entendieron por qué debían de abonar un porcentaje de sus ingresos anuales al ente público y decidieron trasladar la medida a los tribunales.

Así, Telefónica, Orange y Vodafone han pagado ya desde 2010, primer año que la normativa se aplicó, 1.074 millones de euros a modo de peaje por la llamada tasa RTVE, al estar obligadas a abonar el 0,9% de sus ingresos brutos anuales. La aportación, salvo la caída que se registró durante la crisis económica, no ha parado desde 2014 de crecer gracias a los buenos resultados de las diferentes compañías en los últimos años.

Todas quisieron eludir el pago, como consiguieron los operadores regionales. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) decidió dejarles fuera siempre y cuando acreditaran que el 75% de sus ingresos brutos de explotación llegaban de clientes domiciliados en una única comunidad autónoma.

El resto de compañías, en cambio, se limitaron a ganar tiempo. En 2015, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) detectó que las telecos habían abonado 86,1 millones de euros menos de lo que deberían, lo que empeoró las cuentas de la empresa pública que contaba entonces con un déficit de 100 millones de euros.

Un conflicto enquistado en Luxemburgo

Los primeros espadas de las compañías siempre hicieron público su malestar con esta medida. Sin ir más lejos, el pasado año durante una conferencia organizada por la patronal tecnológica DigitalES, diferentes representantes reiteraron sus protestas e incluso la calificaron de «aberración».

Las denuncias, además de hacerse públicas, terminaron en los tribunales. Fuentes de las diferentes compañías manifiestan que a día de hoy no hay novedades respecto a la última resolución. Fue la que dictó el Tribunal Supremo el pasado mes de junio, cuando desestimó el recurso interpuesto contra el canon porque no lo consideró «irracional» ni tampoco «desproporcionado”.

No obstante, en la misma sentencia, tres magistrados emitieron un voto particular con reservas, motivo por el que la causa está pendiente de resolución en el TC. Los tres jueces afirmaron que la ley de financiación de RTVE podía ser contraria al principio de capacidad económica reconocida en la Constitución.

En paralelo, el conflcto sigue en stand by en Luxemburgo, donde se trasladó una cuestión prejuicial pero se desconoce si habrá vista oral o los magistrados contestarán sin necesidad de convocar a las partes. No obstante, según avanzó La Información, se espera que no haya una respuesta hasta al menos dentro de ocho meses. 

Las teles también pasan por caja; Netflix y HBO esperan

La ley de financiación de RTVE afecta además a otros dos agentes del sector. Por un lado, los canales privados que emiten en abierto, como los que pertenecen a los grupos de Mediaset y Atresmedia, que pagan el 3% de sus ingresos brutos anuales; por otro, los de pago, que abonan el 1,5%.

En el caso del primer grupo, RTVE recibió 100 millones de euros durante los últimos dos años (2017 y 2016), mientras que de las televisiones privadas recibió algo más de 32 millones, de acuerdo a los últimos datos disponibles en las memorias económicas. Sin embargo, su aportación bruta no sobrepasó el 35% de lo aportado frente a las telecos.

Las televisiones de pago han pagado más de 32 millones a RTVE y las que emiten en abierto más de 100

Ahora se abre la puerta a que RTVE pueda engordar la partida de ingresos gracias a las plataformas OTT (over on the top), como Amazon y Netflix. Las últimas modificaciones en las directrices europeas dan al Gobierno la posibilidad de exigir a estos operadores un canon similar, que en su caso asciende al 3% de sus ingresos. 

De aplicarlo, quedaría por ver qué capacidad tendría el Gobierno para gravar la actividad de estas empresas. Las dos mencionadas tienen una estructura societaria que les permite facturar en España un importe menor en concepto de «apoyo a la matriz»  — en Holanda en el caso de Netflix e Irlanda en el de Amazon — , sociedad que sí factura por la actividad real.