Prisa se toma con calma la imputación de su presidente en la Púnica

Tras la imputación de Javier Monzón en la Púnica por su gestión como presidente de Indra, queda la duda de qué decidirá el consejo de administración de Prisa, el grupo de medios propietario del diario El País y la Cadena Ser y en el que el empresario ocupa el cargo de presidente no ejecutivo. 

Pese a que el reglamento del consejo de administración [consultar aquí] es claro sobre la situación que ahora atraviesa Monzón, lo cierto es que desde Prisa todavía no se ha movido ficha. Fuentes de la compañía, 48 horas después de conocerse la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, trasladan que no hay establecida ninguna fecha para que el consejo de administración se reúna y decida si el empresario debe dimitir o no. 

Los códigos de Prisa cuestionan la continuidad de Monzón. Dejan claro que “todo consejero deberá informar a la sociedad, a través del secretario del consejo de administración, en el caso de que fuera llamado como investigado». Los pasos a seguir después están también explicados: «El Consejo de Administración examinará esta circunstancia tan pronto como sea posible». 

El empresario deberá enfrentarse a la decisión de un consejo lleno de independientes. Además, entre quienes deben votar sí o no a la continuidad de Monzón son el vicepresidente no ejecutivo de Prisa y dueño de Amber Capital, Joseph Oughourlian, con dos votos. También votarán el consejero delegado Manuel Mirat, el empresario mexicano Roberto Alcántara y el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, que recientemente perdió un sillón en el consejo.

El juez coloca a Monzón en el centro de la trama

Mientras Prisa guarda silencio, García-Castellón apunta directamente a Monzón como responsable del desvío de dinero de Indra al PP de Madrid. Los motivos que llevan al juez a considerarle responsable de lo sucedido no se circunscribe únicamente al hecho de ser el presidente durante los años de la trama, sino que además era consciente de lo que pasaba.

El empresario es uno de los 31 imputados por la caja b del Partido Popular de Madrid y deberá declarar como imputado el próximo 4 de octubre por su papel como presidente al frente de Indra, que también ha sido imputada como persona jurídica. La compañía, tras la llegada de Fernando Abril-Martorell como sustituto de Monzón, impulsó un nuevo código ético para evitar prácticas poco deseables.

Monzón, siguiendo siempre la exposición del juez, es considerado como uno de los partícipes del “desvío de fondos” de las arcas de la Agencia de la Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) “a través del presupuesto inflado de alguno de los contratos” adjudicados desde ICM a Indra. 

Openbank (Banco Santander) también debe decidir

Para entender cuál es la posición de Monzón en Prisa es obligado explicar el papel del Santander. La entidad presidida por Ana Botín es un accionista clave en el conglomerado de medios  — posee el 4,1% del capital, según los registros de la CNMV —  y, al mismo tiempo, tiene al propio Monzón como presidente de Openbank, filial digital del banco.

El reglamento de Openbank, al igual que sucede con el de Prisa, le obliga a pronunciarse. Y es que este documento, actualizado en febrero de este año, pide a los consejeros que comuniquen «cuanto antes» aquellas circunstancias que puedan «perjudicar al crédito y reputación de la sociedad».