Indra endureció su código ético para evitar otra Púnica

La historia de Indra a menudo ha estado vinculada a la política, como muestra su presunta implicación en el caso Púnica, que muy probablemente termine con la empresa imputada. Era otra época, el entonces presidente, Javier Monzón, también a punto de ser imputado, abandonó la compañía en enero de 2015. Su sustituto, Fernando Abril-Martorell, quiso distanciarse de su predecesor y de tentáculos políticos e impulsó un nuevo código ético para limpiar la compañía de prácticas poco deseables.

Pasar página respecto a la anterior etapa fue una de las prioridades de Abril-Martorell, y a finales de 2015 presentó el Código Ético y de Cumplimiento Legal de Indra, un documento de 24 páginas que actualizó en 2017 y que constaba de 14 grandes normas de conducta para establecer los límites claros en materia de corrupción, conflictos de interés, datos, acoso sexual, medio ambiente, blanqueo de capitales, etc.

Pero el documento ponía especial énfasis en la lucha contra la corrupción y la relación entre empresa y política. El segundo gran punto era el “rechazo de la corrupción y el soborno”, que no solo prohibía estas prácticas sino también, por ejemplo, recibir regalos. Este punto es el más extenso porque detalla qué se considera soborno y corrupción y cómo se debe actuar en caso de donaciones.

El siguiente punto eran los conflictos de interés, que también quedan bien definidos, así como qué hacer en caso de un posible casos. Otro largo punto son las subvenciones y ayudas públicas, pero el punto clave es el 14. Aunque no es demasiado extenso, es el que se refiere específicamente a las relaciones con los partidos políticos.

“Indra no financiará, directa o indirectamente, ni en España ni en el extranjero, a partidos políticos ni a sus representantes o candidatos”, reza el Código Ético de Indra, que añade que las relaciones con administraciones y reguladores deben llevarse a cabo “bajo los principios de cooperación y transparencia”. Para controlar que se cumplan estos principios, el documento obliga a los empleados de la compañía a consultar con la asesoría jurídica cualquier petición de información o reunión por parte de las administraciones públicas.

Javier Monzón e Indra, a punto de ser imputados

Este giro en la política interna de Indra cobra más sentido ahora. Se espera que este mes de septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón llame a declarar como investigados a más de 40 implicados en la trama Púnica, que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Este mismo lunes podrían ser imputadas las dos expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, según informaba El Confidencial.

Dentro de esta colección de imputados, varias informaciones apuntan a que el expresidente de Indra Javier Monzón y la propia compañía también serán llamados a declarar en calidad de investigados, tal como pidió la Fiscalía Anticorrupción. Un cambio en el código penal introducido en 2010 abría la puerta a la imputación de empresas, y hay precedentes importantes como el caso de BBVA por el caso Villarejo. Indra prefiere no hacer ningún comentario al respecto.

Javier Monzón, expresidente de Indra y actual presidente de Prisa. EFE

Según la investigación de la Guardia Civil, Indra habría pagado más de 566.000 euros para financiar campañas del PP de Madrid. El mecanismo es muy parecido al que utilizaron los Pujol para financiar campañas de CiU, según los informes de la UDEF a los que tuvo acceso Economía Digital: a través de terceras empresas.

Indra habría pagado las campañas a través de una empresa intermediaria, no pagando directamente al partido, lo que habría levantado sospechas inmediatamente en una compañía tan fiscalizada como es una IBEX. Indra habría contratado a empresas que organizaban eventos para el PP para recibir unos servicios de los que en realidad jamás disfrutó, pero sí pagó. Con ese dinero, la empresa habría sufragado la campaña de los populares madrileños.

Indra habría pagado servicios que no recibió a empresas que luego realizaron trabajos para el PP de Madrid

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, habría pedido un millón de euros para hacer caja de cara a las elecciones a José Martínez Nicolás, en ese momento consejero delegado de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (ICM). Este ente sería el que habría movido los hilos para la entrada de dinero en el partido.

Por lo que respecta a Indra, contrató almenos a dos empresas para realizar unos trabajos que en realidad no recibió. Se trataría de Formaselect, para dar formación, y de Eico, cuyos servicios para la reputación en redes sociales eran encargados por ICM. El dinero que pagaba Indra iba a pagar a empresas como estas o como Swat, que para quien sí trabajaban era para el PP.

Los expresidentes de la Comunidad de Madrid presuntamente implicados —Aguirre, González y Cifuentes— se habrían reunido con responsables de Indra en varias ocasiones, en la sede de la compañía pero también en la de la propia comunidad. Si como parece casi seguro, Indra es imputada, deberá designar a una persona de la empresa para que declare como su representante ante el juez de la Audiencia Nacional.