Los Raventós se reúnen el 4 de septiembre para sellar la venta de Codorníu
Los accionistas de Codorníu logran arañarle a Carlyle una cláusula para cobrar el 85% del precio de las acciones antes del 31 de octubre
Codorníu ya tiene fecha y lugar para saltar a manos del fondo Carlyle. Los Raventós se reunirán el próximo 4 de septiembre en la centenaria sede de Bodegas Bilbaínas (Haro, La Rioja), para dar carpetazo a su participación en la empresa más antigua de España. Con la llegada del curso escolar, la familia convocó una junta de accionistas para aprobar definitivamente la venta de la cavista al vehículo inversor estadounidense.
Convocada de forma extraordinaria el pasado 26 de julio por la todavía presidenta Mar Raventós, fuentes internas explican a Economía Digital los puntos clave de una sesión que tiene una segunda convocatoria para el 6 de septiembre. El decisivo: la venta de más del 50% de Unideco –la matriz del grupo— y Codorníu SA, la filial que engloba el negocio del cava y los servicios centrales.
Como hicieran público ambas empresas en el momento del anuncio, el precio de la adquisición valorará la empresa en 300 millones. No será así exactamente, pero sí es el precio máximo que podría llegar a pagar Carlyle. El fondo americano ofrece 189,7 euros por cada una de las 1.368.000 acciones de Unideco, lo que cifraría el precio del conglomerado en 259,52 millones de euros.
La cantidad restante procederá de los 71,9 euros pagados por cada participación de Codorníu SA. Al estar participada en un 82,59% por su matriz, el vehículo estadounidense sólo pujará por el 17,41%, por lo que el dispendio máximo en la filial será por 562.426 acciones (tiene 3.232.335, en total). La factura será 40,43 millones, en este caso.
Los Raventós cobrarán antes del 31 de octubre por la venta de Codorníu
De este modo, la cifra final alcanzará un máximo de 299,95 millones de euros, que los Raventós no tardarán en cobrar. Según ha podido saber este medio, Carlyle se comprometió a pagar el 85% del total antes del 31 de octubre, por lo que la inyección económica será prácticamente inmediata.
Para ampliar la base de vendedores, que en un primer momento rondaban el 25% del capital, la compañía tuvo que mejorar la propuesta dos veces y de los 240 millones en los que valoró el grupo en un primer momento, lo situa ahora en 300 millones de euros. Además, se quedará con 90 millones de deuda y venderá parte de los activos para financiar compras en otros lugares de Europa. Su intención es convertir Codorníu en un gigante internacional del sector vinícola que alcance unas ventas de 400 millones de euros frente a los 235 millones actuales.
Entre los 216 accionistas del grupo, las sagas lideradas por la presidenta Mar Raventós y el consejero delegado, Javier Pagés, están entre las vendedoras. Tras resistirse durante meses y buscar un comprador alternativo, AZ Capital, la firma encargada de asesorar la operación, terminó por recomendarles que aceptaran la oferta. Un movimiento definitivo para que Carlyle lograra superar el 50% del accionariado que exigía para realizar la inversión.
Como explicó Economía Digital durante el proceso, la opción preferida de la cúpula era la elaboradora de champagne Vranken Pommery, que ya mantiene varias alianzas con Codorníu. No obstante, el fondo estadounidense era el candidato de los Raventós rebeldes, cansados de la falta de dividendos.
La falta de rentabilidad de Codorníu
En el año 2016/2017 los ingresos fueron de 236 millones de euros, un millón menos que en el 2009/2010. Según las cuentas depositadas en los registros, la cifra de negocio no superó los 240 millones de euros durante los últimos siete ejercicios.
Mayores vaivenes dieron los resultados, aunque jamás alcanzaron las cotas deseadas por parte del accionariado: 4,7 millones de euros fue el pico más alto cosechado, mientras que unas pérdidas de 5,3 millones fueron el suelo.
En el pasado ejercicio, la empresa ya abordó algunos de los problemas que tenía para elevar sus resultados. Presentó un expediente de regulación de empleo para 71 personas y anunció su renuncia a fabricar marcas blancas. Mientras, la contención del gasto es una de las máximas impuestas durante el actual ejercicio 2017/2018.
