Javier Monzón se esconde en el consejo de Prisa

Javier Monzón, presidente de grupo Prisa, debe declarar durante la mañana de este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por su presunta implicación en la trama Púnica cuando era presidente de Indra. El directivo, que ve cómo parte de su futuro depende de qué entienda el magistrado, también sabe que el consejo de administración puede cesarle si la situación no se solventa con una desimputación y si la comisión de nombramientos emite un informe desfavorable a su continuidad.

Pero lo cierto es que el consejo de administración de Prisa, en el que el fondo activista Amber, máximo accionista de la compañía (casi 30%) que no deja de buscar apoyos para terminar con Monzón —ya lo hizo con su antecesor, Juan Luis Cebrián—, ha esquivado la polémica cuando ha tenido oportunidad de decidir qué hacer con el directivo.

Aunque voces oficiales de Prisa evitan pronunciarse sobre las próximas citas del consejo de administración, lo cierto es que este organismo se reunió antes del 21 de septiembre, cuando ya había trascendido la imputación de Monzón en relación a la caja B del PP madrileño. En un hecho relevante de la madrugada del viernes enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de comunicación explicó que se había producido una reunión para acordar la venta de Media Capital.

Es decir, pese a que desde el 2 de septiembre el consejo de administración ya conocía a través de los medios que Monzón debía declarar el 4 de octubre en la Audiencia Nacional, los propios miembros no trataron en la reunión ningún aspecto sobre él.

Qué dicen los estatutos de Prisa 

Prisa, analizando el contenido de sus estatutos, tiene margen para tratar el futuro de Monzón porque en la documentación consultada no se fija que los encuentros deban producirse con una periodicidad concreta, sino que se obliga a realizar un mínimo de reuniones: una al trimestre u ocho al año. Esto permitiría, por ejemplo, que Prisa no tuviera que pronunciarse hasta diciembre, con la investigación ya más avanzada. La frecuencia, además, la decide el presidente.

El reglamento del consejo también impide que un accionista con ganas de quitar a Monzón de la presidencia, Joseph Oughourlian (Amber) en este caso, pueda planificar un asalto si no suma más apoyos.

«El consejo de administración se reunirá asimismo con carácter extraordinario siempre que su presidente así acuerde convocarlo o cuando lo soliciten la tercera parte de los consejeros, el vicepresidente primero o el consejero coordinador». ¿Qué significa? Que el armenio, que cuenta con dos miembros en el consejo de administración, necesitaría convencer a tres más, pues el número de consejeros en Prisa son 15, seis de ellos independientes. 

Monzón, presionado por el reglamento

Y es que Prisa ha tratado con secretismo el futuro de Monzón desde que saltó a la luz que su situación, visto el reglamento del consejo de administración, era complicada. Las leyes de la compañía son claras al respecto: “Todo consejero deberá informar a la sociedad en el caso de que fuera llamado como investigado», para más tarde examinarse «esta circunstancia tan pronto como sea posible» y adoptarse las decisiones más oportunas «en función del interés social”. 

La compañía, por su parte, lanzó un comunicado oficial: «El sistema de gobierno corporativo de Prisa contempla estas situaciones. El consejo de administración aplicará en todo momento lo previsto en su reglamento», explicaron de manera breve.

Unos días más tarde, trascendió que Prisa había activado el primer mecanismo de control a su presidente. El grupo lanzó un comunicado interno  en el que informaba de que se habían «iniciado los trabajos destinados a emitir el informe preceptivo que se elevará al consejo de administración una vez finalizados los mismos, tal y como dispone el reglamento del consejo».

De esta forma, se llega a este viernes 4 de octubre, en el que Monzón deberá convencer al juez de que no tuvo ninguna vinculación con la Púnica. En el auto que se publicó el 2 de septiembre, García Castellón pedía que Monzón declarara porque le consideraba partícipe del “desvío de fondos” de las arcas de la Agencia de la Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Este documento considera que pudo haber cometido irregularidades “a través del presupuesto inflado de alguno de los contratos” adjudicados desde ICM a Indra.