La Generalitat señala que Sati sólo recibió ayuda para ejecutar el plan de negocio

El consejero de Empresa i Ocupació de Catalunya, Felip Puig, ha remarcado que las ayudas públicas que recibió la textil Sati antes de presentar el concurso de acreedores “estaban exclusivamente destinadas a la correcta ejecución del plan de negocio”. La Generalitat asegura que la insolvencia llegó porque “el cambio que se tenía que hacer en toda la parte de exportación fue más complicado de lo que se había previsto y que la desaceleración del mercado interno fue más importante de lo esperado”.

El Govern incluye esta explicación en el Boletín Oficial del Parlamento publicado esta semana, medio año después de la conclusión del proceso concursal. Responde así a las preguntas de los trabajadores de la compañía, en pie de guerra desde el pasado noviembre, cuando la administración anunció un expediente de regulación de empleo para 169 trabajadores sin bajas incentivadas.

Empresa histórica

Los gestores alegaron que no había otra salida para garantizar la viabilidad del histórico grupo de La Garriga (Barcelona). De hecho, los activos se repartieron entre el grupo francés Mortelecque y una sociedad liderada por el director general de la textil cuando declaró su quiebra, Mercagaya. Los empleados insistieron que el ajuste era un “drama” y recordaron las promesas que la cúpula les hizo al entregar los libros en los juzgados.

“En ningún momento nos comunicaron que el ajuste sería tan importante”, destacan empleados de la textil. La Generalitat reconoce que el plan de viabilidad inicial sólo contemplaba el despido de 48 personas y la reducción del salario del resto de plantilla. Pero el plan de empresa fracasó, ya que incluía la búsqueda de un inversor (llegó cuando se vendió la unidad productiva, Mortelecque) y la redefinición de las líneas estratégicas del grupo con especial atención al mercado exterior.

Ayudas públicas

Puig también señala que las ayudas públicas que recibió Sati para intentar esquivar la insolvencia sólo fueron de dos millones de euros en dos préstamos distintos, aprobados el 25 de enero y el 28 de junio de 2012. Se vehicularon a través de Avança en forma de préstamos participativos convertibles en acciones. Se incluyeron en las deudas de 46 millones de euros reconocidas junto a su insolvencia.