Julián Núñez, presidente de las constructoras: no habrá Agenda 2030

La construcción recibirá uno de los mayores golpes por el coronavirus​. Las cifras publicadas advierten de una caída sin precedentes en la contratación y de un nivel paupérrimo de las licitaciones públicas, insuficiente para volver a estimular al sector. El escenario obliga a pensar en Europa como bote salvavidas, pero en el sector advierten de que los fondos que lleguen desde Bruselas no se podrán aprovechar hasta 2022, por lo que es importante que el Gobierno se anticipe para habilitar un escudo con nuevas ayudas.

Es una de las conclusiones de Julián Núñez, presidente de Seopan, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. En conversación con Economía Digital, el también vicepresidente de la CEOE plasma su preocupación por el estado de esta industria y alerta sobre la negativa incidencia del covid en la capacidad de respuesta del sector público para cumplir los plazos de asignación de los fondos y préstamos europeos.

Asegura que todavía quedan muchos flecos por cerrar respecto a la gasolina que llegará desde Bruselas y contempla, sin definir apenas aspectos, 150.000 millones para España (el paquete conjunto es de 750.000 millones de euros), de los cuales casi la mitad serán ayudas directas.

Sobre el importe, Núñez reitera que es insuficiente. Una prueba de la falta de recursos para las infraestructuras es el listado de objetivos y metas de desarrollo sostenible (ODS). Seopan valora en cerca 157.000 millones de euros las necesidades prioritarias de inversión para reactivar la economía y cumplir con la Agenda 2030, es decir, una cifra superior al importe que llegará desde el Ejecutvo comunitario.

Estas inversiones, recuerda Núñez, se dividen entre la construcción de hospitales y reducir los fallecidos en carreteras (23.600 millones de euros), garantizar la disponibilidad y gestión del agua y del saneamiento (5.253 millones de euros) y lograr energía asequible y no contaminante (32.435 millones de euros).

El resto de partidas que se contemplan para cumplir estos compromisos son incrementar la resiliencia y calidad de nuestras infraestructuras (17.548 millones de euros), conseguir la sostenibilidad medioambiental y social de las ciudades (74.784 millones de euros) y combatir las sequías e inundaciones (3.848 millones de euros).

Impacto en el empleo

Preocupa también el impacto en el mercado laboral. El sector de la construcción, que da trabajo a cerca de 400.000 empresas, teme que los tres meses de estado de alarma aplasten la actividad con tanta fuerza que no remonte durante los meses posteriores, como recordó recientemente un estudio del Banco de España. 

La previsión para terminar el año no es nada positiva. La estimación de contratación en 2020, siguiendo la tendencia de estos primeros siete meses del año, es un 49% inferior a la de 2019. ¿Qué implicaría? Llegar a niveles reales de contratación de 2013, un momento en el que el país estaba siendo duramente golpeado por la crisis financiera.

La solución, asegura, pasa por apostar por alternativas como la del modelo concesional. Está fórmula, dice Núñez, «está en desuso desde 2012», por lo que se debe «poner en valor los activos públicos que tenemos mediante la participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica, al igual que hacen el resto de los países de la Unión Europea».

El presidente de Seopan apuesta por este modelo porque tiene beneficios ya que «no impacta en el déficit ni en la deuda pública y no altera la titularidad pública de la infraestructura».