España recobra menos de la mitad del empleo perdido

Si el coronavirus arrasó con gran parte del empleo durante los meses de febrero, marzo y abril, la nueva normalidad no ha podido volver a recuperar con la mismas fuerza los puestos de trabajo destruidos. En concreto, según ha publicado este jueves el Banco de España, solo se reincorporaron al mercado laboral el 42% de los trabajadores expulsados durante la peor fase de la pandemia en el país. Es decir, el repunte producido en junio, julio y agosto al calor de la campaña de verano no ha sido suficiente. Y lo que es peor: empieza a desvanecerse.

Este resultado se ha registrado después de que la afiliación media a la Seguridad Social se haya recuperado, aunque moderadamente. El informe del organismo presidido por Pablo Hernández de Cos habla del regreso de «algo más de 330.000 trabajadores» desde los mínimos registrados en el mes de abril.

Pero hay malas noticias que empañan cualquier cifra que parezca positiva. La tendencia al alza iniciada con esta recuperación se está enfriando porque se ha detectado ya «un cierto agotamiento en esta senda de recuperación», según constata el propio informe.

El estudio del Banco de España señala otro aspecto de esta evolución del desempleo: la disparidad entre territorios. Así, las provincias costeras del Mediterráneo, la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares y las Islas Canarias habrían llevado la delantera en la recuperación.

El motivo de que estas comunidades lideren el ranking, para bien y para mal, es el turismo. Y es que si en julio y agosto el país mejoró sus números de empleo por el turismo, el pinchazo de la campaña estival a raíz de los vetos de países europeos (Reino Unido o Alemania) aceleró el «enfriamiento» del que habla el Banco de España.

No hay que olvidar que todas las cifras de desempleo están maquilladas. El sistema de los ERTE, que todavía acoge a 800.000 trabajadores, contabiliza a los afectados como no ocupados pero no como parados, por lo que será muy importante la resolución de la negociación entre Gobierno y empresarios, que deben decidir si los extienden más allá del 30 de septiembre.