El juez afea la conducta de Hacienda en el ‘caso Carulla’

Los seis hermanos Carulla no defraudaron a Hacienda. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porras, ha considerado, tras dos años de instrucción, que las transacciones entre el entramado de empresas españolas y holandesas fueron totalmente regulares. En su auto, además, el magistrado indica que la Agencia Tributaria pudo haber realizado la inspección por su cuenta (y así salvaguardar los derechos de los imputados) y carga contra la argumentación de la Abogacía del Estado sobre el lugar de residencia de Jordi Carulla.

El juez, que hasta hace un mes aún esperaba documentación de las entidades financieras que realizaron las operaciones, toma la decisión a partir de los acuerdos de doble tributación entre España y los Países Bajos, y a que las operaciones se realizaron en virtud de una reorganización empresarial.

Agencia Tributaria

El magistrado Miquel Porras da un toque de atención a la Agencia Tributaria en su auto y recuerda que la causa se realizó a partir de informes sin previo conocimiento de los hermanos Carulla. El juez recuerda que, si se hubiese realizado un procedimiento de inspección, «los interesados hubieran podido ejercitar los derechos y garantías de los contribuyentes que regulados por la Ley, como el de información, participación, alegación, audiencia y recursos, entre otros». Añade que «dicha importante circunstancia hubiese permitido dirimir en sede administrativa la cuestión planteada».

La trama

La principal línea de investigación de la causa se centraba en la compra-venta de acciones valorada en 61,5 millones por parte de dos sociedades controladas por la familia: Agrolimen y la holandesa Merimare. La transacción se produjo en 2006 y consistió en la venta de títulos de Agrolimen propiedad de Merimare a la propia holding de la compañía. Posteriormente, la compañía con sede en los países bajos invirtió ese dinero en Agrolimen en otra ampliación de capital.

Según detalla el juez en el auto, «fue una operación de autocartera controlada por las autoridades fiscales holandesas». Así, valora el movimiento cómo una «recolocación de fondos» en «una reorganización empresarial». El magistrado confirma la tesis de la defensa de los seis hermanos, ejercida por los letrados Emilio Zegrí y Fermín Morales, quienes en su momento calificaron los movimientos empresariales como reinversiones en la compañía.

Convenio con Holanda

El juez añade que las autoridades fiscales holandesas «no han puesto objeción alguna a dicha operación» y recuerda que el convenio de doble imposición en materia de IRPF y Patrimonio entre España y Holanda de 16 de junio de 1971 no contiene una cláusula antielusión (antievasión). Además, indica que, aunque la tuviera, las operaciones cuestionadas no violan el artículo 91 de la ley del IRPF –donde se indica que las transacciones deben tener motivo económico válido y, la entidad, actividad–. Así, Merimare gestiona gran parte de las acciones del grupo y, por tanto, tiene «motivación económica válida, toda vez que la operatividad de una sociedad no se contrae únicamente a la producción».

Para remachar su decisión, el juez recuerda que los tres peritos que acudieron a declarar durante el proceso de instrucción indicaron que «no existe impedimento alguno para la realización de operaciones entre sociedades sometidas a una misma dirección».

El ‘londinense’ Jordi Carulla y las otras tramas

El juez también critica a la Abogacía del Estado, cuando muestra su sorpresa por la insistencia que la acusación mantuvo en destacar que las defensas se esforzaron en acreditar la residencia de Jordi Carulla en Londres. «El cometido de dicha parte es el de justificar hechos que desvirtúen la presunción de residencia», indica en el auto. En este sentido, el magistrado considera más que probado que Jordi Carulla reside en Londres desde 1998 porque «la inactividad en España se demuestra con el consumo de servicios recabados por el juzgado».

El magistrado utiliza el mismo argumentario para definir las operaciones relacionadas con otra de las empresas de los Carulla, Forclit, que vendió el 8,36% de acciones de la empresa PASA a Agrolimen. En cuanto a las compañías Min (seis para cada una de los seis hermanos), el mecanismo es el mismo: vendieron acciones de Agrolimen a la propia compañía por seis millones de euros y añade que Hacienda no vio en estos movimientos nada irregular.