El juez del ‘caso Carulla’ presiona a los bancos para que faciliten datos de la familia
El magistrado hace dos meses que espera información financiera de algunas entidades
Las vacaciones han pasado de largo por el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona. El magistrado Josep Maria Miquel Porras ha estado todo el verano trabajando en el caso Carulla. Sin embargo, sus avances han sido frenados por la poca colaboración que han prestado algunas entidades financieras.
El magistrado solicitó a mediados de julio información sobre una compraventa de acciones en que presuntamente participaron los seis hermanos Carulla, según explican fuentes judiciales. Pese a que la gran mayoría de las entidades financieras colaboraron con la justicia diligentemente, aún hay dos que no han entregado la documentación. «Se les ha enviado varios requerimientos», comentan las mismas fuentes.
Investigación
El titular del juzgado de instrucción número 4 investiga desde diciembre de 2010 a los Carulla, propietaria del grupo Agrolimen, por un presunto fraude fiscal de varios millones de euros. Durante el proceso, el magistrado ha imputado a todos los hermanos de la familia. La principal línea de investigación de las diligencias se centra en la compra venta de acciones entre la empresa ArboInvest y la sociedad holandesa Merimare en la que podrían haber ocultado hasta 61 millones de euros.
Durante su declaración ante el juez, la mitad de los hermanos Carulla responsables en Agrolimen —Jordi, Artur y Aurèlia— aseguraron que la operación accionaral fue legal y que se trató de una reinversión. Por su parte, Mariona –actual presidenta del Palau de la Música–, Montserrat y Lluís se negaron a declarar al señalar que no tienen relación con la gestión del grupo empresarial.
