El Gobierno desaparece de la crisis de Nissan

Poco margen les queda ya a las autoridades españolas para salvar la fábrica de Nissan en Barcelona. Tras años de mirar hacia otro lado cuando la actividad en la planta caía ejercicio a ejercicio, Gobierno y Generalitat presentaron hace un mes un plan a la desesperada para evitar el cierre la instalación catalana. El silencio fue la respuesta de la compañía nipona: un mutismo que ahora se ha trasladado al Ministerio de Industria mientras el Govern se da de bruces con la falta de interlocutores.

El centro de la Zona Franca sufre de anemia desde que en 2018 perdió la producción del Nissan Pulsar, un modelo que no funcionó comercialmente. Desde entonces –con un expediente de regulación de empleo (ERE) mediante– la compañía cedió capacidad hasta cerrar el último trimestre al 27% de sus posibilidades y perdió nuevos vehículos sin que ningún responsable político hiciese nada más allá de una ayuda para que la marca construya una nave de pintura que parece que no verá jamás la luz.

A finales de 2019, el Govern despertó. Sin mucho éxito, la Generalitat sí trató de reunirse con la cúpula de la empresa en Japón –donde se centraliza la toma de decisiones— en noviembre, pero fue recibida solamente por mandos intermedios. De vender un optimismo probablemente desmedido se pasó al pesimismo de este jueves, cuando la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, reclamó “lealtad y claridad” a la organización después de que el periódico Nikkei informara de que había tomado la decisión de cerrar la fábrica de Barcelona.

La plantiilla de Nissan no ha obtenido respuesta a la petición que hizo hace dos semanas para reunirse con la ministra Maroto

La dirigente catalana pidió una “reunión urgente” con el Ministerio de Industria para analizar la «grave situación». Espera a tener más suerte que la plantilla de la instalación barcelonesa. Según explican desde el comité de empresa a Economía Digital, hace dos semanas solicitaron un encuentro con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el secretario general de Industria, Raúl Blanco. A pesar de la huelga indefinida convocada desde el pasado 4 de mayo ni siquiera se les ha convocado.

La justificación que recibieron fue que los responsables del gabinete querían reunirse con la dirección de Nissan antes de verse con la plantilla. Según cuentan entre bastidores, no lograron sortear la versión oficial: “la decisión no está tomada, se comunicará antes del verano”. Al contrario que el citado medio japonés, Reuters dio por válido este jueves el discurso de la compañía.

Consultado por este medio, el Ministerio de Industria explicó que «desde hace más de un año se trabaja en medidas para garantizar el futuro de la planta, algo que ha sido transmitido a la empresa al máximo nivel en los últimos meses». Sin embargo, el departamento que lidera Maroto no respondió a las preguntas formuladas: ¿Cuándo se producirá la reunión que piden los sindicatos?, ¿Cuáles fueron las conclusiones del último encuentro con Nissan? y ¿Con quién se ha reunido el Gobierno de la compañía?.

En febrero, Pedro Sánchez aseguró que el empleo en la planta de Nissan «estaba garantizado»

El descontento actual entre los más de 3.000 trabajadores del centro de Zona Franca con el Gobierno es solo una gota más en un vaso que se llenó durante los últimos meses. El último capítulo se produjo en febrero, tras el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de Renault –socio de Nissan–, Jean-Dominique Senard, con la consejera delegada interina, Clotilde Delbos, y el vicepresidente de la alianza Nissan-Renault, José Vicente de Los Mozos.

Después de verse las caras en la ciudad de Davos (Suiza), el líder socialista aseguró en Twitter: «el mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado”. “Durante nuestro encuentro en Davos, el Gobierno y la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos para asegurar la viabilidad de la factoría”, añadió.

El comité de empresa explicaba entonces que en otoño de 2019 ya hubo conversaciones con el Ministerio de Industria con tal de abordar el futuro de la fábrica, pero desde entonces se hizo el silencio y no volvieron a existir las comunicaciones. Hasta la reunión de Davos, los trabajadores carecían de noticias de la administración. Después, los trabajadores no tuvieron más noticias de la administración. Desde el gabinete, respondían: «solo podemos decir que el Ministerio de Industria está trabajando junto con la empresa y el resto de administraciones en soluciones de futuro para la planta de Nissan en Barcelona».

Nissan Barcelona, en huelga indefinida

A la espera de que se oficialice el cierre o aparezca una salvación milagrosa en forma de nuevo modelo, la plantilla del centro de la Zona Franca y sus dos satélites, Sant Andreu y Montcada –las tres en Barcelona–, frenaron la producción de un pedido de 1.700 pick up de Mercedes con una huelga indefinida en sus plantas de componentes por la ausencia de futuro de la instalación convocada desde el 4 de mayo.

La respuesta de la filial española fue presentar un expediente de regulación de empleo (ERTE) con el coronavirus como argumento al resto de los trabajadores, algo a lo que el comité de empresa se niega. Por ello, lo ha llevado a los tribunales con una demanda por vulneración del derecho a la huelga.

Este jueves, el comité de empresa emitió un comunicado en el que exigía «el desmentido inmediato» de la información publicada por Nikkei por parte de la empresa. «De no ser así, Nissan demostraría que, una vez más, se está riendo de sus trabajadores y las administraciones catalanas y españolas».

La crisis viene de lejos. Desde mucho antes de la pandemia. “La fábrica de Zona Franca (Barcelona) ya no es rentable y tendrá un excedente de personal a partir de mayo”, dijo a los sindicatos el presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, en enero. Los ratios de actividad están ya muy por debajo de las 60.000 unidades anuales que el ejecutivo fijó como suelo para la instalación catalana hace un año, cuando llegó a Barcelona para anunciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 600 personas que, cuando se complete, dejará el número de trabajadores en alrededor de 2.400.

Antes de verano, De Ficchy prometió que presentaría un plan de futuro para la planta . Y en el horizonte solo había dos alternativas: una adjudicación o el cierre. Según la prensa nipona, la segunda opción fue la escogida.