Anticorrupción pide imputar al ex consejero delegado de DIA
La Fiscalía Anticorrupción quiere que Ricardo Currás testifique por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en las cuentas durante su gestión
El nombre de DIA vuelve a recorrer los pasillos de los juzgados en España. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ahora que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cite a declarar como imputado a Ricardo Currás, ex consejero delegado de la cadena de supermercados.
La investigación, según avanza Europa Press, se abre a partir de una denuncia presentada por Borja de la Cierva, quien fue consejero delegado poco después que Currás — antes fue Antonio Coto — , así como por otra querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios.
La Fiscalía también ha pedido que se cite como investigados a otros trabajadores de la compañía. No obstante, Europa Press remarca que ninguno tiene un cargo de tanta responsabilidad como Currás.
También se solicita que declaren los peritos de la consultora Ernst & Young que revisaron las cuentas de DIA y elaboraron informe sobre su estado en esa fase previa a la entrada de Mikhail Fridman, el empresario ruso que participa en el fondo Letterone y es el nuevo propietario de la cadena de supermercados.
La consultora fue la responsable de elaborar el forensic sobre las posibles irregularidades en el capital de la compañía. En dicho trabajo de investigación afirmaba que la antigua dirección de DIA, con Currás al frente, habría cometido prácticas irregulares que «fueron ocultadas a los auditores externos y al consejo de administración».
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La acusación se basa en algunos de los mails que se cruzaron directivos de la cadena de supermercados y que se recogen en el informe. Los mensajes pondrían de manifiesto las maniobras para operar al margen de los controles establecidos.
Las sospechas sobre Currás en DIA
La figura de Ricardo Currás se ha puesto en cuestión desde su abrupta salida de DIA. Economía Digital reveló que la cadena de supermercados revisó su finiquito tras detectar irregularidades que apuntaban a que en 2017 simuló que la empresa obtendría 20 millones de euros de beneficios más.
Currás, que dirigió a la empresa desde 2013, se quedó sin apoyos entre sus propios consejeros. Los miembros del consejo de administración y gran parte de la cúpula directiva acordó como estrategia común culparle como responsable de los malos resultados.
