Acciona se hace fuerte en ATLL a la espera de la decisión de Puigdemont

Acciona decidió en diciembre mantener el control de Aigües Ter Llobregat (ATLL), de la que controla un 39%, comprando la participación del BTG Pactual, que también es del 39%. El banco de inversión brasileño la había puesto a la venta para sufragar los costes del caso de corrupción que salpicaba a su presidente y la empresa española dio el paso para blindarse ante la posible entrada de un inversor incómodo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado a Acciona a comprar el paquete de BTG, según consta en los registros del organismo de la competencia. Competencia ha dado el visto bueno a la adquisición en primera fase y no ha considerado necesario llevar a cabo un análisis más profundo de la operación, según informa Europa Press.

La autorización de la CNMC era el único trámite que debía superar la operación, que da a Acciona el control total de ATLL, con el 78% de las Acciones. El resto está en manos de algunas familias catalanas, como los Godia y los Rodés. La concesionaria es la responsable del abastecimiento de agua a 4,5 millones de habitantes de Barcelona y su área metropolitana.

¿Por cuánto tiempo?

Una vez tome la mayoría de ATLL, la duda es por cuánto tiempo. Acciona ha optado por hacerse fuerte en la concesionaria catalana pero tiene un ojo puesto en el Tribunal Supremo y el otro en Carles Puigdemont. Y es que además de la decisión judicial sobre la adjudicación, ya en la agenda desde hace meses, en los últimos días se ha sobrevenido otro frente para la compañía que preside José Manuel Entrecanales.

El pacto de última hora de Junts pel Sí y la CUP para investir presidente catalán a Carles Puigdemont y dar estabilidad al Govern pone en peligro el contrato de ATLL. La oferta que la coalición de Artur Mas hizo a los antisistema contemplaba la posible revocación de la adjudicación del agua.

La propuesta pasaba por dejar la decisión sobre la gestión del agua para el proceso constituyente que está previsto que tenga lugar en los próximos 18 meses, según la hoja de ruta pactada por los independentistas catalanes. La CUP es favorable a la nacionalización del agua, con lo que si Puigdemont necesita contentar a sus socios, la adjudicación puede estar en peligro.

Y el Supremo

Otra duda es si irá más rápido este proceso o el judicial. Desde que se diera la concesión en 2012, ésta no ha dejado de pisar los juzgados, con recursos de Agbar, de Acciona y del propio Govern. En mayo, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anuló el concurso, pero el Govern presentó recurso al Tribunal Supremo (TS), que tiene la última palabra.

Si el TS refrenda la decisión del TSJC, la concesionaria volverá a manos públicas, lo que, visto lo visto, podría facilitarle el trabajo al Govern a pesar de que, con Mas en la presidencia, luchó con uñas y dientes para que permaneciera en manos de Acciona