Ximo Puig coló a 9.000 funcionarios temporales antes de las elecciones autonómicas de 2023

Ximo Puig hizo la vista gorda antes de las elecciones autonómicas de 2023 y permitió que las entidades del sector público instrumental de la Comunitat Valenciana dieran de alta más de 9.000 contrataciones de personal laboral temporal sin la autorización realizada por la Dirección General de Presupuestos. Fueron 4.000 contratos en 2021, cifra que creció un 25% en 2022 para superar las 5.000 altas laborales.

Uno de los puntos del orden del día que tuvo el Pleno del Consell fue dar cuenta del informe elevado por la Intervención General de la Generalitat correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Auditorías del Sector Público 2023 referido al ejercicio de 2022. En dicha auditoría se detalla que las entidades del sector público instrumental de la Generalitat realizaron 8.092 altas de personal laboral temporal durante 2022, mientras que las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos fueron 3.046.

Por tanto, el gobierno de Botànic realizó más de 5.000 contrataciones de personal laboral temporal sin contar con la percetiva autorización de la Dirección General de Prespuestos. La portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, aseguró que «son datos preocupantes. Hay que entrar a valorar lo que ha ocurrido».

La Auditoría del Sector Público es un documento realizado por funcionarios en el que el poder ejecutivo sólo tiene la potestad de decidir cuándo lo hace público. El pasado mes de enero, Carlos Mazón anunció el cierre de seis empresas públicas fantasma y el encargo de una auditoría forensic al tener conocimiento de la auditoría refertente al ejercicio 2021 del sector público instrumental valenciano.

Estas auditorías se suelen terminar en el primer trimestre del año referentes a dos ejercicios anteriores. Es decir, en marzo de 2023 se acabó la auditoría de 2021. No se conoció antes de las elecciones autonómicas de 2023 y no fue hasta enero de 2024 cuando Mazón la hizo pública.

En aquella ocasión, la auditoría alertó que el gobierno de Ximo Puig realizó 4.000 altas de personal laboral temporal sin la autorización pertinente en 2021. La última auditoría, referente a 2022, desvela más de 5.000 altas. Dicho de otro modo, la contratación de personal sin autorización por parte organismos públicos creció un 25% antes de que PSPV y Compromís se sometieran la dictamen de las urnas.

Ayer, 20 de marzo a las 18 horas se reunió el Consell para dar por recibida esta auditoría que detalla y ahonda los incumplimientos del gobierno de Ximo Puig. Con respecto al área de personal, el informe incide en la necesidad de mejora en los instrumentos de regulación de las condiciones retributivas de las plantillas del sector público instrumental, tal y como detallan desde la Generalitat.

En ese sentido se subraya que, en gran parte de las entidades auditadas, el estado de tramitación de estos instrumentos (inexistencia de convenio colectivo de aplicación o convenios colectivos aplicados no informados por las conselleries competentes, inexistencia de relaciones de puestos de trabajo informadas favorablemente o inexistencia de masas salariales autorizadas por la Dirección General de Presupuestos), ha impedido aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría planificadas para el control de la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas.

Así, se concluye que de 42 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial únicamente 17 de ellas disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos. Esto conlleva que sobre el 84% de los importes satisfechos como retribuciones en estas entidades no exista masa salarial autorizada.

En lo que se refiere a contratación, han sido auditadas 53 entidades. De ellas, cinco han recibido una valoración positiva, 40 entidades han merecido calificación de favorable con salvedades u observaciones, ocho fueron desfavorables y una entidad ha recibido una valoración denegada. En cuanto a las incidencias más significativas en este ámbito, se ha detectado la recepción de bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación por importe de 117,2 millones de euros (que representa un 17,22 % de la totalidad de los contratos adjudicados en el sector público instrumental).

En 18 entidades se ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo los límites que dispone la Ley de Contratos.

Además, en once entidades del SPI no se han adoptado medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación.