Susana Camarero pide a Isabel Rodríguez 25 millones para hacer 200 viviendas en la zona DANA

La consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha pedido implicación en la zona de la DANA a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Hay tres cuestiones cuantificadas: 25 millones para levantar 200 viviendas industrializadas móviles , el pago 43,6 millones para atender las actuaciones prioritarias que acomete la Generalitat Valenciana en materia de vivienda y la liberalización de las 953 viviendas que tiene la Sareb en la provincia de Valencia para ponerlas en disposición de los afectados por la DANA. También pide fondos Next Generation.

Según la carta remitida por la consellera a la ministra a la que ha tenido acceso Economía Digital, Camarero expone que el 4 de noviembre remitió a Rodríguez una relación de «actuaciones prioritarias para la inmediata adecuación de viviendas del parque público de la Generalitat con el objetivo de su inmediata puesta a disposición de las familias con viviendas afectadas por la DANA que requirieran un realojo temporal».

En posteriores reuniones se fijó que el coste de dichas actuaciones sería de 43,6 millones. El gobierrno valenciano pidió al Ministerio que se dotase de los recursos extraordinarios necesarios para acometerlas. Y no hay respuesta. «Le requiero una respuesta sobre los recursos solicitados tanto para la reparación de daños ocasionados en las viviendas del parque público autonómico como para la adecuación de viviendas con objeto de atender las necesidades de familias afectadas», pide Camarero a Rodríguez.

La titular valenciana de vivienda recuerda a continuación que el Consejo de ministros aprobó, el pasado día 11 de noviembre, un Real Decreto-ley por el que fijó una subvención de 25 millones de euros en favor de SEPES, Entidad Pública del Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para financiar la compra de viviendas, que deberán estar en condiciones de ser ocupadas con carácter inmediato, para el alojamiento de aquellas personas que han perdido temporal o definitivamente su hogar tras la DANA. 

Desconociendo la efectividad que dicha medida está teniendo, dada la especial situación con respecto a la disponibilidad de viviendas, particularmente en los municipios de las zonas afectadas, solicitamos la aportación de 25 millones de euros a esta Comunidad para llevar a cabo, en estos municipios, la construcción de 200 viviendas públicas industrializadas móviles en edificios en alturas de hasta 4 plantas, para el realojo de familias desalojadas de sus hogares, realizadas a partir de módulos tridimensionales prefabricados trasladados a las zonas afectadas y que permitirán a los afectados contar con una vivienda en pocos meses.

Por otra parte, en la mencionada comisión de trabajo, «solicitamos la cesión de las 1.056 viviendas titularidad de Sareb en la provincia de Valencia para su destino a realojo de familias afectadas por la DANA».

El Gobierno de España el 11 de noviembre adelantó que sólo 150 viviendas del total disponible iban a ser puestas directamente a disposición de las personas afectadas, gestionándose la adjudicación de las mismas por Sareb. Es decir, que hay 953 viviendas que se han pedido para los valencianos afectados que la Sareb no ha aceptado su cesión.

Fondos europeos

En otro orden de cosas, Camarero incide en su carte a que «conscientes de la necesidad de impulsar actuaciones de rehabilitación de viviendas y de promoción de viviendas de nueva construcción en los municipios afectados por la DANA, consideramos oportuno que el Gobierno de España dote a la Generalitat de Fondos Europeos Next Generation«. 

Para concluir, la consellera de Vivenda apunta: «Estamos convencidos que ello permitiría impulsar las líneas y programas de ayudas necesarios para que muchas familias hoy afectadas reciban el necesario apoyo para acometer la rehabilitación de sus viviendas y recuperar, a la mayor brevedad posible la normalidad. Y, por otro lado, hacer viable el impulso a la promoción de vivienda asequible de nueva construcción por parte de los ayuntamientos junto con la Generalitat Valenciana».