Sánchez proyecta una inversión en Valencia de 1.300 millones en un suelo logístico incompatible con su uso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un proyecto industrial en dos parcelas propiedad del SEPES situadas en Valencia para realizar la ‘Ciudad de la industrialización de la construcción’ con una inversión 1.300 millones de euros. El Plan Especial para la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia regula a partir de la página 30 del documento Nº I.2. Memoria Descriptiva y Justificativa y Estudios Complementarios los usos de estas parcelas, que deben ser logísticas no pudiendo ser industriales.

El uso que ha anunciado Pedro Sánchez para las dos parcelas del Sepes es incompatible con el Plan Especial autonómico que lo regula. Su cambio, según fuentes de la conselleria y tal y como apuntó la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, no sería rápido. Ambas administraciones valencianas consideran que cualquier cambio requeriría un consenso entre los tres niveles administrativos implicados. Visto que el anuncio de Sánchez ayer llegó por sorpresa y tras haberse ocultado el plan en el último consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, no se atisba voluntad de diálogo.

Con estas premisas, lo que hay en vigor es un plan de usos que difere de la intención que tiene Sánchez para las parcelas elegidas. En concreto se indica en el apartado de «regulación de actividades» que «la Zona de Actividades Logísticas, está prevista como una zona destinada al desarrollo de actividades de almacenamiento, distribución y ensamblaje de mercancías, componentes industriales, materiales y cualquier tipo de producto vinculado, en su mayor parte, con el tráfico marítimo».

Por lo tanto, se admiten «establecimientos industriales o de almacenamiento» cuyas actividades principales sean «depósito, guarda, almacenaje y manipulación de productos y mercancías ligados a la industria, comercio, transporte u otros servicios terciarios, así como su venta y distribución a otras entidades mercantiles» o «actividades industriales ligeras asociadas a los procesos logísticos: ensamblaje, acabado y personalización de productos, operaciones de embalaje/ reembalaje, empaquetado, etiquetado, grupaje, consolidación/ desconsolidación, trincajes de carga, control de calidad, gestión centralizada de servicios auxiliares, conservación de mercancías en condiciones de frío, almacenamiento de cualquier tipo de mercancía o producto».

Pedro Sánchez anunció ayer que la ‘Ciudad de la industrialización de la construcción’ servirá para acoger iniciativas industriales mientras el plan de uso del terreno sobre el que ha proyectado fija de manera específica que los establecimientos industriales o de almacenamiento que se instalen tienen que estar realacionados con el sector del transporte o la logística y no con la construcción.

Para la vivienda sólo guarda una excepción: «Se admitirá como uso con carácter restringido el de vivienda del personal encargado de la seguridad y mantenimiento, siempre que esté debidamente justificado en el proyecto constructivo correspondiente».

La Autoridad Portuaria de Valencia, presidada por Mar Chao, no reaccionó ayer ante este anuncio, al contrario de lo que hizo Maria José Catalá, alcaldesa de Valencia. Catalá se ha convertido en portavoz del Puerto del Valencia ante el vacío comunicativo que la institución portuaria ha decidido mantener desde que se aprobó la ampliación de la terminal norte.

Maria José Catalá marcó la posición política del PP en el Puerto de Valencia, un protagonismo que va consolidando de manera constante y coherente. Puso hincapié en las lagunas que tiene la promesa de Pedro Sánchez. «En la zona de actividad logística tiene que ir actividad logística y no una actividad de industria, sobre todo por cuestiones como los problemas jurídicos que pudiera tener incluso la expropiación inicial de los terrenos que se hizo con un fin y que podría no coincidir», explicó la alcaldesa.

Segun las fuentes empresariales consultadas, «es absurdo reducir la oferta logística que hay junto al Puerto de Valencia y que beneficia a la actividad que ahí se realiza cuando se trata de una actividad ajena que se podría realizar perfectamente en Buñol o en Silla».

Terrenos con histórica polémica en su expropiación

El marco legal que se aplica a los terrenos de la ZAL del Puerto de Valencia tiene fecha de mayo de 2017 y es el resultado de décadas de conflictos vecinales por el uso que los terrenos aledaños al Puerto de Valencia. También se ha producido una enorme presión empresarial para tener espacios logísticos próximos a los muelles.

Esta legislatura, de hecho, empezó con una amenaza de MSC, principal naviera del Puerto de Valencia, de abandonar la parcela de la ZAL que tenía adjuicada y en la que ahora ya está construyendo su almacen de mercancía refrigerada.

Recientemente, el Puerto de Valencia también recibió ofertas de entre 10 y 34 millones de euros de empresas como Accolade, TransItalia, Maltransinter y Nederval por adjudicarse alguna de las parcelas que VPI aún tiene en la ZAL. El Sepes, por su parte, tiene otras dos parcelas con un tamaño de 31.842 metros cuadrados y 37.134 metros cuadrados, respectivamente, por lo que suman cerca de 70.000 metros de superficie.