Sánchez cede al ‘indignado’ García-Page el agua del Tajo y da portazo a Mazón y Moreno
Ribera contesta a los riesgos en hogares, industrias y cultivos por la falta de agua con una negativa a atender las peticiones de Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Madrid
EFE/Junta de Andalucía
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El 31 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo sobre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que «la noticia sería que apoyara al gobierno». El motivo del apoyo que hay está en el agua. El enfrentamiento mediático entre ambos miembros del PSOE tiene, además, otro pacto paralelo que se firmó mientras Puigdemont hacía su aparición y desaparición en Barcelona y Salvador Illa era investido presidente de Cataluña.
Mientras los focos de este jueves, 8 de septiembre, estaban en el asunto catalán, una carta de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, escrita ese mismo día daba a García-Page la ruptura de la solidaridad hídrica que el manchego defiende. La negativa a atender las necesidades de agua de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia se confirmaron el mismo día que el PSC recibía el respaldo de ERC tras el pacto fiscal.
El último precedente a esta situación está en una carta el 29 de julio hacia la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que firman los consejeros de agricultura y agua de la Comunidad Valenciana (Miguel Barrachina), Murcia (Sara Rubira), Andalucía (Ramiro Angulo) y Madrid (Carlos Novillo).
En ella se advierte que la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo y el incremento de los caudales ecológicos provoca «consecuencias irreversibles para aquellos que necesitamos de aportes extra para garantizar el abastecimiento en los hogares, las industrias y el riego de los cultivos que surten de productos de calidad a toda Europa».
La protesta de Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid consiste en que «la aprobación de dicho Plan no puede ir en contra de la posibilidad de abordar una planificación hidrológica nacional, pero la realidad es que el Gobierno de España ha permitido que un plan de cuenca invada y se apropie de decisiones que ponen en riesgo la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura y sus dos trasvases asociados».
Los consejeros de las cuatro comunidades del PP añaden: «Es responsabilidad de su Ministerio, por acción u omisión, haber dado lugar a la lamentable situación actual, con planes aprobados incompatibles entre sí, con un grave cuestionamiento de la legislación nacional sin tener capacidad normativa para ello, con unas presuntas opciones alternativas y compensatorias que con toda seguridad no van a estar disponibles en 2O27, que requieren importantísimas subvenciones de mera oportunidad política, inviables a medio y largo plazo, de dudosa legalidad e idoneidad ambiental, y que no están contempladas en la planificación hidrológica recientemente aprobada».
La ministra de Transición Ecológica responde con posiciones idénticas a las que tiene García-Page, que mientras vierte críticas públicas a la postura de Pedro Sánchez en Cataluña recibe del Consejo de Ministros el espaldarazo que requiere su bandera del agua.
Ribera empieza con una defensa a los recortes. «Las limitaciones ambientales en gestión de trasvases no son ninguna novedad», afirma, para después profundizar en la «obligación de contar con caudales ecológicos que, como bien saben, no fue respetada en los ciclos de planificación anteriores».
Al margen de la cordialidad política, y de que diga que «durante el proceso de planificación se han atendido y contestado todas las observaciones, propuestas y sugerencias recibidas, con independencia de su origen de procedencia», Teresa Ribera deja bien claro que no tiene por qué atender las reclamaciones de las cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Para ello, destaca que el reglamento de planificación hidrólogica actual permite que los usos y demandas del agua se realicen «no teniendo los usuarios de las aguas trasvasadas a otros ámbitos de planificación la consideración de usuarios de la cuenca hidrográfica del Tajo».
Dicho de otra forma, Ribera apunta que las las comunidades del PP afectadas en esta planificación pueden tener voz pero no voto, pueden escribir cartas pero no se van a atender sus peticiones.
Sobre otro de los puntos críticos en la situación del agua del Tajo, que son las obras ligadas a la misma, Ribera dice: «En cuanto al plan de inversiones actualmente en marcha en las cuencas cedentes (especialmente los proyectos de modernización del saneamiento y depuración de Madrid, actualmente pendientes de la adhesión del Ayuntamiento madrileño al convenio de inversión de los 1.200 millones de euros previstos para las EDAR de la China, Butarque y Sur), y receptora (inversiones en la red de desaladoras de ACUAMED principalmente), cuentan con el impulso presupuestario del Ministerio, pero deben contar también con el compromiso de las administraciones en los territorios beneficiarios de las mismas».
