Ruth Merino y José Muñoz (PSPV) se enzarzan por 500 millones de 2023 pagados más de un año tarde
La Consellería de Hacienda asegura que "los anticipos de la liquidación no son extraordinarios" sino "dinero de los valencianos"

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, y el sindic del PSPV, José Muñoz, se han enzarzado por 500 millones de euros. Se trata de un dinero que se debería haber abonado en 2023 y que ha llegado a principios de este año. Por ello, el síndic del PSPV acusa «a Mazón de ocultar un anticipo de 500 millones del Gobierno en enero a la Comunitat Valenciana» mientras la consellera de Hacienda sostiene que «los anticipos de la liquidación no son extraordinarios».
El hecho ocurrido es que el Ministerio de Hacienda ha realizado un abono de 500 millones a la Generalitat en concepto de anticipo de la liquidación de los pagos que debería haber hecho en 2023. El sistema de financiación en España realiza «entregas a cuenta» de lo que a cada administración le corresponde de los tributos que se recaudan. Son «entregas a cuenta» porque se basan en un estimación de cuánto será lo que se va a recaudar cuando acabe el ejercicio.
Una vez terminado el ejercicio, en este caso el 2023, se contabiliza cuánto dinero se ha recaudado definiendo con exactitud la parte de los tributos recaudados que tendrá cada administración. La diferencia entre la parte que le toca a cada administración y lo recibido en las «entregas a cuenta» se compensa con la liquidación. Tradicionalmente, el Gobierno de España es «tacaño» con las autonomías y ayuntamientos y siempre tiene que compensar lo no pagado.
Aunque léxicamente parezca una contradicción, lo que ha hecho el Gobierno es hacer un anticipo de lo que tenía que haber pagado en 2023. Habitualmente, este pago se suele hacer en verano pero en enero de 2025 se ha producido un pago parcial de lo que la Administración General del Estado le debe a la Generalitat Valenciana por valor de 500 millones de euros.
Ante estos hechos, la interpretación del sindic del PSPV, José Muñoz sobre este pago fue ayer que Mazón «no puede seguir un minuto más al frente de la Generalitat”. Aunque esta conclusión es transversal en la mayoría de pronunciamientos de los socialistas valencianos, en este caso Muñoz asegura la valenciana “es la única de las 17 comunidades” que ha recibido un adelanto de fondos con cargo a la liquidación del sistema de financiación para lo que cita «un informe del Ministerio de Hacienda».
La comparación que aporta Muñoz es que los 500 millones “son cinco veces más que los algo más de 100 millones que inyectó entonces el Gobierno de España en enero de 2024 a la Comunitat Valenciana”. Implícitamente, resta así excepcionalidad al pago al convertirlo en recurrente en su comparación con lo ocurrido doce meses antes.
Al margen de esto, el responsable socialista en las Corts censura “el cinismo del presidente del Ventorro, que lleva meses criticando al Gobierno cuando ha recibido una inyección histórica de recursos: Al anticipo de 500 millones se añaden los 2.400 de la línea dana de 2025, los 700 de 2024 y la aportación de 1.700 millones a los ayuntamientos afectados por la catástrofe”. Entre los datos hay una mezcla de aportaciones a la Generalitat Valenciana, autorizaciones de financiación y pagos a otras administraciones.
La interpretación de Ruth Merino de lo ocurrido parte de la base de que lo recibido «no es un anticipo: es dinero de los valencianos». En este sentido, incide en que «los anticipos de la liquidación no son extraordinarios, no se oculta nada».
Desde la Consellería de Hacienda explican que este dinero debería haberse incluido desde el principio en las entregas a cuenta, no en julio como parte de la liquidación mientras inciden en que «lo que sí es extraordinario es que el Gobierno de Sánchez lleve la tesorería de las comunidades autónomas al límite de su capacidad por su negativa a actualizar ya las entregas a cuenta de 2025 mediante un Real Decreto-Ley«.
“Cada euro que llega es de los valencianos, no un favor del Gobierno. Lo que necesitamos no son préstamos con titulares, sino una financiación justa, estable y digna”, concluyen desde la Consellería de Hacienda.