PP, Vox, PSOE y Compromís aprueban conjuntamente la moratoria a pisos turísticos en Valencia

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este martes por unanimidad la suspensión durante un año de la tramitación y el otorgamiento de licencias de edificación para la implantación de nuevos apartamentos turísticos, incluido también el cambio de uso de todo un edificio, o de una parte del mismo.

Así se ha acordado en una inusual votación, por la coincidencia en el voto en una cuestión que hasta hace poco tiempo era motivo de disputa y por el acuerdo en una época de elevada crispación. No obstante, las discrepancias han sido la constante en un pleno que se ha prolongado durante alrededor de once horas, descanso para comer y múltiples recesos para discutir modificaciones en mociones incluidos.

Todo ello en un pleno de variada temática, en el que se ha aprobado abrir el Plan Especial de Campanar a información pública durante un plazo de 45 días; se ha aprobado el inventario del patrimonio municipal valorado en 3.700 millones de euros y se ha reprobado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por incumplir con las aportaciones de agua a l’Albufera -con los votos de PP y Vox-.

También se han aprobado dos modificaciones de crédito para hacer inversiones en barrios, conceder subvenciones a entidades sociales y financiar la Capitalidad Verde y se ha debatido una propuesta de declaración institucional de condena a los ataques de Israel en la franja de Gaza que no ha prosperado por el desacuerdo de PSPV y Compromís con el equipo de gobierno de PP y Vox.

Así es la suspensión temporal de licencias turísticas

En el acuerdo aprobado sobre la moratoria a los apartamentos turísticos, se ha excluido la suspensión de los inmuebles, cualquiera que sea su ubicación, que tengan asignado el uso terciario exclusivo por el planeamiento vigente, ya que en este caso existe una decisión del plan en el que la implantación de esos usos no detrae edificabilidad potencial del mercado residencial ni perjudica negativamente al entorno urbano.

Además, también quedan excluidos los inmuebles que cuenten con licencia o declaración responsable que autorice el uso terciario en planta primera, siempre que dispongan o puedan disponer de acceso independiente desde la vía pública.

Estos tampoco producen como efecto la transformación de viviendas existentes en nuevos alojamientos turísticos, no inciden de forma negativa en el tejido comercial, que puede seguir albergándose en la planta baja, y las posibles molestias a los residentes en el edificio resultan minimizadas como consecuencia de la existencia de acceso independiente desde la vía pública, explican desde el Ayuntamiento.

Desde el punto de vista temporal, la suspensión no afectará a aquellas solicitudes de licencia que sean autorizables tras la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, cuenten con la documentación legalmente exigible y haya transcurrido su respectivo plazo de resolución y notificación previsto en la normativa urbanística.

La suspensión aprobada por unanimidad de los grupos del pleno será aplicable a las declaraciones responsables que se presenten a partir del día de la publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Por el contrario, la suspensión no afectará a las declaraciones responsables presentadas con anterioridad al día de la publicación del acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, siempre que se haya aportado la documentación que preceptivamente debe acompañar a una declaración responsable.

Por otro lado, la suspensión afectará a los terrenos urbanizados cuyo uso dominante sea el residencial, que estén situados dentro del ámbito físico de la ‘Ciutat Central’, definido por el Plan Especial de Directrices para la mejora de la Calidad Urbana de los Barrios de la Ciudad de València.

Además, también afectará a los terrenos, ya fuera del ámbito físico de la ‘Ciutat Central’, con incidencia real de las viviendas turísticas que se encuentran en los barrios de Benimamet, Carpesa, Poble Nou, La Punta, El Palmar, El Saler y El Perellonet.

El texto aprobado recoge que quedan excluidos de la suspensión los sectores urbanos o urbanizables cuyo uso global o dominante sea el terciario o el industrial. Además, se excluyen los terrenos clasificados como suelo urbano que ya cuentan con una regulación específica del uso terciario de vivienda turística por el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella y el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar.

Asimismo, esta suspensión no afecta a las licencias, y otras actuaciones urbanísticas,  que suponga la parcelación de terrenos, las obras de demolición o las obras de reforma en edificios que tengan previamente autorizado el uso terciario y que no suponga alteración estructural.

Por último, el pleno ha aprobado continuar con el Plan de Inspección de viviendas turísticas, incidiendo especialmente en la inspección de aquellas ubicadas en planta baja, de conformidad con lo acordado por la Comisión Informativa de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática en su sesión de 22 de mayo de 2024.

Una moratoria con discutida autoría

En el debate de esta medida, la portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez, ha criticado que esta propuesta debería haberse debatido en la comisión de Urbanismo «y no dársela antes a los medios de comunicación que a los grupos municipales», a los que «se nos ha facilitado diez minutos antes del inicio del pleno».

Asimismo, ha criticado que esta moratoria «lleva un año en el despacho del concejal de Urbanismo» y ha reivindicado que se trata de una medida que dejó «preparada» el gobierno dirigido por Joan Ribó y en el que Gómez era vicealcaldesa.

«Es una moratoria que dejamos preparada y acordamos que, como éramos un gobierno de salida, se le dejábamos aprobar a usted. Ahora se han visto engullidos por una crisis de alquiler residencial y de presión turística y por eso la aprueban un año después. La moratoria se queda corta», ha apuntado la portavoz socialista.

Tanto Gómez como Papi Robles, portavoz de Compromís, han hecho referencia al informe solicitado por el actual equipo de gobierno para destacar que en sus ocho años de gobierno se solicitaron 92 licencias para apartamentos turísticos, mientras que en estos primeros meses del 2024 ya se han solicitado 633. «Díganme si aquí no hay un efecto PP y efecto Catalá», ha concluido Gómez.

Papi Robles ha echado en cara al PP que, cuando planteaban esta medida, les decían «que era una medida comunista y que queríamos convertir Valencia en la capital mundial de la turismofobia». «Hoy les damos un voto de confianza por la gente que está ahí fuera, pero no por su gestión ni por sus formas», ha zanjado la portavoz de Compromís.

El concejal de Urbanismo, del PP, Juan Giner, ha respondido a PSPV y Compromís que su gobierno «falló a la ciudadanía y a los vecinos de Valencia» y «han creado una enorme inseguridad jurídica en el sector», mientras que ha reivindicado la autoría de esta medida: «Los únicos que le han puesto el cascabel al gato somos nosotros».

Además, ha puesto en valor que «se ha aumentado en más de un 900% las inspecciones a los apartamentos turísticos«. Igualmente, ha explicado que el objetivo final, tras esta medida transitoria, es «dotar a Valencia de una normativa que incentive el uso residencial y dé seguridad jurídica» y ha agregado que están preparando «un ambicioso plan de inspecciones».