Montes se rodea de empresarios en las ITV para solucionar la «catástrofe» de Compromís

Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, ha incorporado empresarios al consejo de Sitval, la sociedad que gestiona las ITV valencianas que el Botànic desprivatizó para unirlas en una sociedad pública. Con el anterior ejecutivo, las decisiones las tomaba una mayoría de consejeros políticos a los que se suman con voz y voto a los sindicatos. Ahora, el nuevo director general de la entidad es un histórico referente empresarial, Javier López Mora, que tuvo cargos de responsabilidad tanto en la extinta patronal alicantina Coepa como en la también desaparecida patronal autonómica Cierval. Además, ha sido miembro del Consejo Económico y Social del Reino de España (CES), tanto en la junta Directiva y pleno como ocupando la Vicepresidencia del Comité Económico y Social y es experto en derecho mercantil.

Tras el primer consejo de Sitval por parte del nuevo ejecutivo capitaneado por Carlos Mazón, la presencia empresarial en las ITV se amplía con una vicepresidencia segunda para Vicente Lafuente, presidente de Femeval y de la comisión de industria de la patronal autonómica CEV. También entran en el consejo Luis Rodriguez González, presidente de Fempa, y Carlos Prades, presdiente de FVET. Además, hay cuatro consejeros sindicales: Daniel Argente (UGT), Pilar de Vera (CC OO), Manuel García (Intersindical) y Ruth López (CSIF).

Por la parte política (ocho puestos), la presidenta es la consellera Nuria Montes, la vicepresidencia primera es para el secretario autonómico de Industria Felipe Carrasco mientras completan el consejo Fernando Nadal (Ivace), Mª Isabel Sáez (director general de comercio), Manuel Rosalén (director general de Industria), Maria José Mira (secretaria autonómica de financiación), Eusebio Monzó (en representación de la Generalitat) y Elena Lumbreras (subsecretaria de innovación).

Problemas acumulados y ausencia de gestión

El cambio que introduce Montes en Sitval, por tanto, supone rodearse de empresarios que tienen una amplia experiencia en la gestión de problemas complejos, como es el de las ITV que suma siete sociedades con graves asuntos por solucionar. Las tablas salariales de cada una de ellas son muy dispares y se supone un acuerdo con los sindicatos por parte del Botànic para su homologación. Además, hay un problema notable de gestión que alcanzó su mayor gravedad al final del ciclo de la izquierda valenciana en el poder ya que no se reforzó el servicio en verano y se crearon esperas de hasta tres meses en ITV como la de Benidorm para conseguir cita para la revisión del coche.

Además, la oferta y precios de las ITV valencianas no son competitivas con las que ofrecen otros servicios de otras comunidades, con ejemplos como el sistema andaluz donde se bonifica hasta un 10% al que pase la revisión del coche antes de que se cumpla la fecha de obligatoria revisión. A esta situación se suma que la red actual de Sitval no tiene garantizado la cobertura de toda la población de la Comunitat Valenciana.

Con estos problemas encima de la mesa, Nuria Montes ha criticado la «falta de planificación manifiesta» que «ha provocado colas de espera de meses» en varios puntos de la Comunitat Valenciana. Así, la plantilla se reforzó en el mes de julio cuando el pico de inspecciones empieza mucho antes, en mayo, y no se tuvo en cuenta tampoco las vacaciones del personal que la Administración había asumido en el momento de la reversión.

Sobre este proceso, la consellera puntalizó que se hizo «a última hora» y provocando «disfunciones en un servicio que hasta ese momento no generaba ningún problema». «Solo obedecía al criterio político, y la situación que nos hemos encontrado es catastrófica», ha definido.

Bloqueo informativo de Compromís

A esta situación, se sumó ayer por sorpresa que Compromís, y en concreto el actual director, Josep Antoni Albert Quilis (Compromís), esperó hasta la celebración del consejo de administración para comunicar a Nuria Montes que hoy tenía que acudir al Tribunal de Arbitraje Laboral para tratar la huelga general indefinida que los 1.000 trabajadores de Sitval habían convocado. Ni 24 horas de antelación.

Con el desconocimiento absoluto de esta cita por parte de Montes, según ha confirmado este periódico, la reacción fue la de comprometerse a estudiar la petición sindical en el momento en el que tuviera acceso a la documentación. Esto no ocurrió hasta que el consejo aprobó los nombramientos de los consejeros. Ahora el siguiente paso será pedir los informes pertinentes que otorguen seguridad jurídica, principal preocupación de Montes, a los acuerdos laborales que Compromís prometió a los sindicatos o de aquellos que legalmente se puedan adoptar.

Sin la seguridad jurídica de tener los informes que garanticen que la homologación salarial es correcta, los sindicatos ya habían prometido una huelga por el incumplimiento de estos acuerdos. Hay que tener en cuenta que el consejo de administración de Sitval se constituyó ayer por lo que no puede haber un incumplimiento de algo que se desconocía y que Compromís había mantenido deliberadamente en secreto como es la documentación en la que se basan dichos acuerdos.

De hecho, ayer en el consejo la rama política desconocía la cita con el Tribunal de Arbitraje Laboral y nadie le había comunicado esta situación a Nuria Montes. Tampoco Maria José Mira, socialista que fue cesada y repescada por Mazón como secretaria autonómica de financiación. La falta de información en esta materia es otra prueba más de la descordinación que entre el PSOE y Compromís había en la acción del anterior gobierno y, específicamente, en la gestión de las ITV.

La propuesta de huelga de los sindicatos fue aplacada ayer otorgando por parte del consejo de administración de Sitval por unanimidad tiempo al equipo de Nuria Montes para, con la voluntad de acordar un acuerdo salarial con los trabajadores, se pueda estudiar la documentación hasta ahora ocultada por Compromís y que los servicios jurídicos puedan informar aportando la seguridad jurídica que requieren las actuaciones en las sociedades públicas.