Montero niega a Mazón ayudas como las del Covid y sólo contempla que Valencia se endeude más

Hace un mes, antes de que llegara la DANA, el foco del debate de las cuentas públicas valencianas estaba en el problema de la infrafinanciación y en la petición de una quita de la deuda, cuyos intereses suponen en el entorno de 1.200 millones de euros al año. La catástrofe meteorológica ha devastado una gran parte de la provincia de Valencia provocando una enorme necesidad presupuestaria adicional y la sensibilidad del Gobierno de España se ha limitado, como ya ha hizo con los créditos ICO para las empresas, abriendo sólo la mano a que la Comunidad Valenciana se endeude e hipoteque todavía más su futuro.

Además del cálculo político que supone que la ministra de Hacienda vincule el apoyo presupuestario que se requiere de inmediato este año a la aprobación del presupuesto de 2025, la respuesta desde el ejecutivo de Pedro Sánchez supone agravar el funcionamiento de los servicios públicos que presta la Generalitat no sólo durante la reconstrucción sino también una vez se concluyera el proceso, cuando quedará otro aumento adicional de deuda e intereses para soportar.

Tras la DANA del 29 de octubre, el 7 de noviembre se envió una carta desde la consellera de Hacienda, Ruth Merino, a la ministra del ramo, María Jesús Montero, en el que se solicitan recursos procedentes del Estado y de la UE a fondo perdido para reparar daños de la DANA y reactivar la economía. Es lo que Pedro Sánchez activó en 2020 y 2021 para todas las comunidades autónomas con motivo del Covid. Esto lo hizo mediante modificaciones de crédito sin necesidad de aprobar un nuevo presupuesto y por cantidades superiores a las ahora factibles de transferir.

Adicionalmente, Merino le pide a Montero «superar los límites de déficit estructural, volumen de deuda pública y regla de gasto«.

La respuesta de la ministra el 12 de noviembre obvia la petición de la consellera y también la propia situación financiera de la Comunidad Valenciana. Ofrece poder acudir al FLA o la opción de financiación «que se considere oportuno acudir desde el Gobierno valenciano» como si fuera posible acudir a otra que no fuera el FLA. La infrafinanciación y la deuda acumulada, ambos aspectos sin solución por innacción ministerial, impiden a la Comunidad Valenciana obtener financiación sin acudir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Al día siguiente, 13 de noviembre, la consellera de Hacienda vuelve a enviar otra carta incidiendo en la necesidad de dinero a fondo perdido y que ya en la pandemia se adoptaron medidas como financiar el 50% del déficit autorizado mediante una transferencia extraordinaria directa. Además, se advierte que «una solución basada solo en endeudamiento agravaría la situación de la Comunidad Valenciana, la autonomía con mayor déficit y mayor deuda en términos de PIB».

La respuesta de Montero llegó el 15 de noviembre contradiciendo lo que se hizo durante la pandemia. De hecho, Montero llega a decir: «Para poder realizar transferencias directas, sabes bien que resulta imprescindible contar con unas nuevas cuentas públicas que recojan la dimensión de esta tragedia».

Mientras desde el ejecutivo de Pedro Sánchez se escudan en esta interpretación, desde el gobierno valenciano se cuenta con informes que certifican que no es imprescindible que existan nuevos presupuestos para realizar transferencias no reembosables.

Carlos Mazón anunció ayer en un acto público en Castellón que el número de beneficiarios que ya han recibido en la cuenta del banco las ayudas prometidas de 6.000 euros por vivienda ya había superado los 3.000 vecinos.

Pago del 12,15% de las ayudas de Mazón

En concreto, la Generalitat Valenciana ha abonado un total de 20.112.000 euros en ayudas de 6.000 euros para paliar la pérdida de bienes y enseres de primera necesidad a un total de 3.352 personas. 

Estas ayudas de concesión directa son las incluidas en el Decreto 163/2024, de 4 de noviembre, del Consell. A medida que se van recibiendo las solicitudes, se procede a su tramitación y pago a los afectados durante los siguientes días.

Hasta el momento, se han recibido un total de 27.578 solicitudes. Con el objetivo de acelerar su tramitación y pago, ha incorporado un total de 30 técnicos que se suman al equipo destinado a esta labor desde la aprobación del Decreto. De este modo, se han pagado ya en cuenta el 12,15% de las solicitudes.

Ayudas de 10.000 euros para el coche cuyo presupuesto sólo cubre 3.875

Por la parte de las ayudas del Gobierno de España, el anuncio de ayer de la compra de vehículos tiene difícil encaje en sus datos. La previsión es que se apliquen en 120.000 vehículos con ayudas de 10.000 euros. Para ello, haría falta 1.200 millones de euros pero el presupuesto anunciado es de 465 millones.

Esto implica ayudas medias de 3.875 euros, lo que en el caso tratarse de un coche híbrido enchufable o 100% eléctrico serían inferiores (prácticamente la mitad) que lo ya ofrecía previamente el Moves, que se sitúan en 7.000 euros. Si realmente las ayudas fueran de 10.000 euros por vehículo, con 465 millones se dejaría 73.500 afectados sin ayudas.

Los datos que ofreció ayer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados es que ha recibido 273.600 solicitudes de ayudas para las que ya ha recibido pagos por valor de 60 millones de euros mientras que esperan la semana que viene abonar 160 millones de euros.

La cantidad de solicitudes de las que habla Pedro Sánchez multiplica por 10 las que ha recibido el ejecutivo de Carlos Mazón, por lo que no se pueden referir a ayudas similares. Hace una semana se apuntó que el número de solicitudes de ayudas al Consorcio de Seguros había superado las 200.000 peticiones mientras que las solicitudes de las que habla el gobierno valenciano son ayudas directas que salen del presupuesto autonómico.

Por tanto, el cómputo de ayudas anunciado por Sánchez no se debería referir a las ayudas que el Gobierno de España anunció para empresas y autonómos. Además, en la web del Minsiterio de Hacienda especifica que dichas ayudas se empezarán a abonar a partir del 1 de diciembre y la declaración de Pedro Sánchez se refería a ayudas ya pagadas el 27 de noviembre.

En el caso de que los 60 millones abonados se refiriera a los pagos que no salen de los Presupuestos Generales del Estado sino del Consorcio de Seguros, sobre los que Pedro Sánchez calculó que se abonarían 3.500 millones, el porcentaje de ejecucción de las ayudas que se habría abonado en estas ayudas que se apropia el Gobierno de España y que se financian por los asegurados sería del 1,71%.