Mazón paga 24,5 millones en 10 dias a 12.890 valencianos que perdieron el coche en la Dana

La Generalitat Valenciana, presidida por Carlos Mazón, ha realizado el pago de una primera remesa de beneficiados de la ayuda por la pérdida del coche de 2.000 euros para los turismo y vehículos de hasta 3.500 kilogramos. 12.890 beneficiarios tiene ya en su cuenta bancaria 24.553.000 euros.

Según ha adelantado Las Provincias y han confirmado fuentes de la Generalitat a este periódico, en el plazo de 10 días transcurridos entre que se abrió la plataforma hay 60.918 afectados por la DANA que han perdido su medio de movilidad que han realizado el trámite para recibir la ayuda. Alrededor de 2.700 personas gestionaron la solicitud de manera presencial en alguno los puntos de atención que ha desplegado el gobierno autonómico mientras que el resto han realizado la gestión de manera telemática.

Más de dos tercios de estas solicitudes presentadas desde hace diez días, que son los que lleva la convocatoria abierta, ya han recibido respuesta. Esto supone que 22.742 afectadados ya saben que van a percibir 43.192.750 euros. De hecho, más de la mitad ya tiene en la cuenta bancaria el ingreso prometido.

El Gobierno de España no ha comunicado el inicio de la concesión efectiva de sus ayudas y, por lo tanto, tampoco su pago. En su último balance tiene 7.409 solicitudes registradas en el plan Reinicia Auto`, es decir, el 12,16% de las que ha hecho la Generalitat Valenciana. Dicho de otro modo, el equipo de Mazón ha gestiona ocho veces más rápido que el de Sánchez.

Las ayudas de la Generalitat Valenciana son para todo aquel que haya perdido el coche por la DANA y supone 2.000 euros para cada turismo, cantidad que se eleva a los 2.500 euros en el caso de los vehículos adaptados. En el caso de los ciclomotores, la ayuda es de 250 euros mientras que en las motocicletas se eleva hasta los 750 euros.

Tal y como ha venido informando Economía Digital, la forma de gestionar las ayudas a los afectados por la pérdida de vehículo durante la DANA ha diferido notablemente entre el gobierno autonómico y el central. En los dos primeros días de gestión de la ayuda autonómica, la administración de Mazón registró 11.384 solicitudes mientras que el plan Reinicia Auto+ tenía 5.110 expedientes iniciados.

El ‘gap’ entre la gestión de la administración valenciana frente a la del ministerio se agrandó de manera que el martes de la semana pasada se habían sumado otras 17.000 solicitudes de ayudas de la Generalitat Valenciana más hasta alcanzar las 28.206 mientras que el equipo de Jordi Hereu había conseguido que los concesionarios registraran un total de 6.046 peticiones.

Las ayudas del Gobierno de España son de 5.000 euros en los vehículos de combustión y de 10.000 euros en el caso de los eléctricos. Por tanto, la primera diferencia es que las ayudas de Mazón son para todos los afectados y las de Sánchez se limitan a los que se compran coches.

La segunda gran diferencia es la velocidad de gestión. Las ayudas autonómicas están diseñadas para su tramitación en una única gestión, pudiendo hacerse de manera presencial o telemática, mientras que las del gobierno de Sánchez implica el acceso a una plataforma vía un tercero (el concesionario, que a su requiere estar autorizado) y de un mayor número de gestiones de comprobación de documentación. Esta agilidad administrativa de Mazón se enmarca dentro del plan simplifica, que tiene la oposición de PSPV y Compromís.

La tercera gran diferencia tiene que ver con el coste para las cuentas públicas. En el caso de la Generalitat Valenciana, las ayudas se financian con deuda y sin apoyo de la administración central. Además, se han hecho para que no tributen a IRPF a los beneficiaros.

En el caso del Gobierno de España, la ayuda vinculada a la compra del vehiculo está autofinanciada con el IVA que genera la matriculación que se genera. Un vehículo de 28.809 euros paga 5.000 euros de IVA, por lo que tiene un balance neutro para el Gobierno de España ya que recauda lo mismo que paga como ayuda. Además, el plan Reicinia Auto+ se ha diseñado para que la subvención compute como ingreso que tiene que declararse y tributar IRPF.