Mazón ofrece a los ayuntamientos recaudar 100.000 euros por cada piso turístico sin licencia que pillen

Ante el problema de las viviendas turísticas, que en algunos lugares de España ya han empezado a desbordar la paciencia provocando manifestaciones, en la Comunidad Valenciana se ha cambiado el marco de mental. De la turismofobia se ha pasado a considerar «presuntos inocentes» a todos los actores del sector y a elevar las sanciones haciendolas, además, tremendamente apetitosas para todo aquel ayuntamiento que quiera mitigar el enfado de sus vecinos mientras se llenan sus arcas.

Ahora, los que sufran la actividad ilegal de los pisos turísticos le van a poder pedir al alcalde que ingrese para el consistorio 100.000 euros, como mínimo, por cada vivienda turística ilegal que pillen.

El «decreto Montes», que viene después de que la consellera Nuria Montes enarbolara la bandera contra la tasa turística que se derogó con el gobierno de Mazón después de que PSOE y Compromís la aprobaran, no trae una prohibición de los pisos turísticos. Aporta un marco legislativo que encuadra la actividad y una capacidad de sanción de la que adolecía la Comunidad Valenciana.

La evolución de las viviendas turísticas desde el inicio del anterior ciclo político ha supuesto un crecimiento del 160% en los últimos ochos generando un fenómeno en el que sólo se han realizado moratorias totales o parciales en municipios buscando el freno de la actividad regulada pero sin atajar la desregulada. Montes aseguró este jueves en Financial Times que el mercado negro de apartamentos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana superaba las 50.000 unidades.

Tal y como explicaron Carlos Mazón y Nuria Montes a preguntas de Economía Digital, en el caso de que un ayuntamiento firmara un acuerdo con la Generalitat para realizar la inspección y tramitación de una sanción en el caso de una vivienda utilizada como piso turístico sin tener licencia, el importe de la multa oscilaría entre 100.000 euros y 600.000 euros.

Para que esto sea real, falta la aprobación por parte del Consell del decreto y su publicación en el Diario Oficial, que está previsto como máximo para la semana que viene, y que se firme un acuerdo entre la Generalitat y el ayuntamiento interesado que convertiría a sus policías locales en inspectores de viviendas turísticas capaces de iniciar los expedientes que darían como resultado la multa de entre 100.000 y 600.000 euros.

El siguiente paso, por tanto, será ver cuántos ayuntamientos piden a la Generalitat convertirse en inspectores y, por tanto, posibles sancionadores y recaudadores de las multas de las viviendas turísticas ilegales. Montes ya apuntó en la presentación ayer del decreto que el gobierno autonómico va a «compensar económicamente» a los municipios que asuman las funciones de inspección de las viviendas turísticas.

El cuerpo de inspectores que tiene la conselleria actualmente es ridículo. Se limita únicamente a 11 efectivos lo que supone una cifra absolutamente insuficiente para el control que necesita el mercado. Con el mecanismo que el decreto permite, los ayuntamientos, es decir, la administración más cercana al ciudadano, puede recibir el aviso del vecino que sufra una actividad ilegal de vivienda turística y actuar directamente.

El premio, además, es muy considerable a nivel económico ya que con la cesión de competencias de inspección, que son sufragadas por la Generalitat, se obtiene también la recaudación, que dado el volumen que oscila entre 100.000 y 600.000 euros supone una enorme inyección económica para los municipios. Todo ello, además, sin menoscabar la capacidad recaudatoria de la Generalitat en la medida de que actualmente no tienen recursos humanos capaces de realizar dichas inspecciones por el nimio tamaño de su cuerpo de inspectores.

Sin las polémicas cajetillas para las llaves del piso turístico

Entre las cuestiones que se van a modificar en el decreto están las condiciones que tendrán que tener las viviendas turísticas. «Se prohíben los cajetines para la entrega de llaves y todas las viviendas tendrán que tener recepción de los clientes, que tendrán que hacerlo las personas», apuntó Nuria Montes, que también citó como requisitos tener un certificado energético, conexión a internet y teléfono 24 horas.

Uno de los focos en la inspección va a estar en el alquiler de habitaciones, que está absolutamente prohibido y que, según datos de la consellería de Turismo, ayer tenía más de 5.000 ofertas disponibles entre los distintos intermediadores. «Se prohíbe el alquiler turístico por habitaciones. Vamos a ser muy rigurosos y vamos a decir que se tienen que retirar. Las sanciones llegarán hasta los 600.000 euros», remarcó Montes.

Compromís une el problema de vivienda con el de los pisos turísticos

Desde la oposición, la diputada de Compromís y portavoz de Vivienda en las Corts, Maria Josep Calabuig, aseguró: «Hacen falta medidas para frenar la especulación urbanística e inmobiliaria. La presencia de grandes tenedores de vivienda y de los fondos buitre están generando un grave impacto en el mercado de alquiler, acelerando la crisis de vivienda en todo el territorio y ante esto el PP ha decidido mirar hacia otro lado».

Según la diputada de Compromís, «el PP no quiere entender que la actividad turística no puede desarrollarse en competencia del derecho a la vivienda y mientras no se actúe en ese sentido el problema no hará más que aumentar”.

Previamente, Carlos Mazón había asegurado que es «injusto que se achaque a los pisos turísticos el problema de la vivienda porque sólo el 1,8% de las viviendas se dedican al turismo y el 14% de la vivienda está vacía».