Mazón recurre al IVF para salvar la "asfixia de Sánchez" a los servicios públicos en Valencia

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) prepara una transferencia temporal de fondos a la Generalitat Valenciana para mantener los servicios públicos que Pedro Sánchez asfixia en Valencia. El balance en Hacienda desde la DANA en Valencia es la supresión del FLA extraorinario, que supone unos 3.000 millones de euros para la Comunidad Valenciana más una reducción de las entregas a cuenta que durante el primer trimestre del año supone una merma de 500 millones de euros para las arcas valencianas.

La supresión del FLA extraordinario es una decisión política subsanable en el Consejo de Ministros y la falta de entregas a cuentas es una derivada del incumplimiento constitucional del presidente del Gobierno de presentar prespuestos que también es subsanable con una decisión en el Consejo de Ministros.

El estrecho margen que tiene la Generalitat Valenciana es recurrir al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que es lo que más se acerca a un banco público dentro del perímetro del gobierno valenciano y que tiene la capacidad de financiar parcialmente a la Generalitat.

Fuentes de Hacienda apuntan que la consellera Ruth Merino «se ha anticipado a posibles problemas en los pagos y ha solicitado al Institut Valencià de Finances (IVF) una transferencia temporal para atender puntualmente el abono de los servicios públicos fundamentales este mes».

El contexto de esta decisión es que, en lo que va de año, son ya 500 millones los que la Generalitat ha dejado de ingresar “por la incapacidad del Gobierno central para presentar y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 y la inacción de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para actualizar por decreto las entregas a cuenta del sistema de financiación”, ya que actualmente el Gobierno está pagando a las comunidades autónomas las cantidades prorrogadas de 2023.

“Espero que no suceda lo mismo que el año pasado, cuando la ministra Montero llevó a las autonomías al límite de su capacidad financiera al no aprobar hasta julio el Real Decreto Ley de actualización de las entregas a cuenta, incluso cuando ya había renunciado a presentar un proyecto de presupuestos para 2024”, ha manifestado la consellera de Hacienda.

“Al no transferir a las comunidades autónomas la financiación anunciada y comprometida para 2025, el Gobierno nos lleva a una situación próxima al colapso, ya que en el caso de la Comunitat Valenciana hay que sumar su negativa a financiar mediante el FLA extraordinario el exceso de déficit del pasado ejercicio, de alrededor de 3.000 millones. Y todo esto en el año de la reconstrucción, para la que este año hemos anticipado ya 500 millones de recursos propios”, ha relatado Merino.

“No sé en qué mundo vive un Gobierno central que incumple su obligación constitucional de presentar un proyecto de presupuestos y tiene la desfachatez de poner como excusa que no quiere hacer perder el tiempo al Parlamento porque no tiene los apoyos garantizados para aprobarlos”, ha asegurado Merino, quien ha reclamado al Gobierno “que no convierta a los valencianos en rehenes de su propia debilidad parlamentaria”.

“Las urgencias de los valencianos no pueden depender del resultado de las negociaciones en cuartos oscuros ni de los chantajes de los nacionalistas al Gobierno”, ha asegurado la consellera, que ha recordado que, al no haberse aprobado los PGE de 2025 en tiempo y forma, cada día que pase sin que se apruebe un Real Decreto Ley para la actualización de esas entregas a lo previsto para este año, las autonomías percibirán las entregas a cuenta de 2023.

”Ahora que todo apunta a que el Gobierno de España vuelve a incumplir su obligación de presentar los PGE, cada día que pase sin actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación a lo que el propio Gobierno nos comunicó a las CCAA en julio para 2025 estará poniendo en peligro el pago puntual de los servicios básicos fundamentales”, ha denunciado Merino.

“A quien perjudica la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno es a los cientos de proveedores que pueden sufrir las tensiones de tesorería que ocasiona esta situación, o a los miles de valencianos a los que deja sin los recursos para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales”, ha lamentado Merino.