Mazón aligera la ley valenciana para evitar que otras comunidades autónomas le roben inversión

El gobierno valenciano está focalizado en la captación de inversiones. Además del Puerto de Valencia, el clima, el tejido productivo o las universidades como reclamo para la captación de proyectos, el objetivo es sumar nuevos proyectos que no se trunquen por la feroz competencia entre comunidades autónomas. En las grandes fábricas, el suelo es el gran problema y ahí es donde ha puesto el foco Carlos Mazón.

La eliminación de la consulta pública en las inversiones de los Proyectos Territoriales Estratégicos (PTE) persigue que el tiempo que pasa entre que una empresa decide invertir primero en España y luego en la Comunidad Valenciana hasta que le pone nombre a la población donde se ubicará se reduzca. De uno a tres meses de ahorro de tiempo en las inversiones, según el cálculo de la consellera Pradas.

Sobre todo, lo que se busca es que ese proceso de selección se realice entre las opciones que plantée el gobierno valenciano y no en competencia con lo que otras regiones de manera oportunista puedan ofrecer por la laguna que la propia legislación valenciana tenía al someter a consulta pública los proyectos que requieren confindecialidad. El mecanismo de PTE ya supone en sí un tipo de tramitación que acorta los plazos pero, hasta la modificación anunciada ayer, corría con el riesgo que supone la ruptura de la confidencialidad y aún podía ganar agilidad.

Una vez el gobierno valenciano decidía realizar una PTE, sin tenerla aprobada, debía de someterla a una exposición pública lo que abría la puerta a que otras regiones pudieran interferir en el proceso. Esto es lo que se va a evitar.

Fuentes del Consell explican: «Se pretende evitar una sobreexposición de proyectos que, por su propia naturaleza, requieren de un componente de confidencialidad». En este sentido, las citadas fuentes indican que «no puede obviarse la evidencia de que la competencia entre regiones, e incluso países, por atraer este tipo de inversiones es muy fuerte, pudiendo dar al traste con la implantación definitiva del proyecto en la Comunitat Valenciana, el sometimiento del mismo a consulta pública o audiencia a los municipios afectados».

Rapidez burocrática para el pequeño negocio

Junto con las grandes inversiones, el Pleno del Consell aprobó ayer incorporar al sector terciario en las declaraciones de interés comunitario de regularización. Hasta ahora, esta fórmula sólo se aplicaba en el sector industrial pero ahora el objetivo de desencallar desarrollos urbanísticos bloqueados en municipios pequeños llega también al sector terciario.

Técnicamente, esto se consigue con la apertura de un nuevo plazo de regularización de actividades industriales y terciarias en suelo no urbanizable (SnU). Para ello, se ha modificado la disposición transitoria 24ª TRLOTUP, estableciendo un nuevo plazo que se extiende durante dos años (hasta el 31 de diciembre de 2025) en el que se permitirá la regularización de actividades industriales y terciarias en el suelo no urbanizable.

La regulación anterior, solo eran objeto de este procedimiento las actividades industriales. Con la reforma, se mantienen las industriales, y se añaden las terciarias.

Agilidad también en el Puerto de Valencia

La agilidad burocrática que se logra con estas dos medidas anunciadas ayer se complementa con la rápida actuación de Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que ayer convocó un consejo de administración para este viernes con el objetivo de agilizar los pliegos de las obras que se realizarán en la terminal norte por parte de la APV.

La inversión que supera los 650 millones de euros servirá para preparar la terminal que levantará MSC con una inversión que, originalmente fue de 1.050 millones de euros, pero que se elevará hasta los 1.600 millones de euros.