La ley de costas amenaza la estrategia “british friendly” de Mazón

Desde que se anunció el primer deslinde en la costa dianense en diciembre del año pasado, los vecinos de la zona han puesto el grito en el cielo al ver como sus propiedades podrían terminar demolidas o en manos de estado por la Ley de Costas, una ley que choca formalmente con las intenciones del ejecutivo valenciano de retener a esos turistas que compran propiedades en la Comunitat para residir de forma permanente o al menos gran parte del año.

Pese a que desde la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana insisten en que se está actuando sobre la zona, con una inversión que supera los 15 millones de euros para regenerar la zona, la incertidumbre se ha apoderado de los vecinos de la zona y de aquellos potenciales inversores, que buscaban una propiedad en primera línea de playa y que ahora han paralizado esa inversión.

Generalitat y vecinos aúnan fuerzas para presentar las alegaciones pertinentes ante el Ministerio para la Transición Ecológica para evitar que los inmuebles pasen a ser de titularidad pública, ya que de lograr paralizar esta situación, se ganaría en seguridad para los potenciales inversores, más si cabe en una semana en la que el paso del President de la Generalitat por el World Travel Market de Londres en la que ha anunciado la supresión de la tasa turística y ha estrechado lazos con Reino Unido para que la Comunitat tenga vuelos a EEUU con escala en Londres.

No sólo el mercado británico, desde Alemania, Holanda o Francia llegan muchos turistas en busca de una residencia definitiva, y muchos de ellos lo hacen interesados por propiedades a pie de playa. Es por ello, que este nicho de mercado para la provincia de Alicante podrá estar en riesgo, más si cabe teniendo en cuenta que todas estas operaciones se hacen con pago al contado y que generan riqueza en la zona, más allá de la propia compra-venta.

De hecho, desde varias empresas inmobiliarias de La Marina, nos trasladan su «preocupación por ver como avanza todo esto» y la situación en la que quedan algunos inmuebles que tienen en cartera y que podrían verse afectados por la ley, no obstante reconocen que 2023 ha sido «un buen año», aunque mirán con cierto recelo a lo que pueda deparar 2024.

Demarcación de costas aclara la situación

Los criterios técnicos siempre prevalecen a la hora adoptar decisiones que no pretenden otra cosa que garantizar la seguridad y la protección de la ciudadanía

Como no podía ser de otra forma, Economía Digital ha contactado con costas para hacer una valoración más técnica de la situación actual. De hecho, afirman que el deslinde actual «afecta a 115 viviendas; 67 viviendas unifamiliares y 48 apartamentos incluidos en los 9 edificios. Como justiprecio del deslinde, los propietarios de parcelas y viviendas que queden incluidos en el dominio público terrestre, tendrán derecho a una concesión de 75 años, incluidas las prórrogas».

Es por ello que ya se está trabajando sobre el terreno para regenerar las zonas dañadas en 2020 por la borrasca Gloria, con una inversión que roza los 15 millones de euros, que permitirán «frenar la regresión de la playa de Les Deveses y recuperar un ancho de playa estable de al menos 30 metros con material de características similares a las existentes».

«Los criterios técnicos siempre prevalecen a la hora adoptar decisiones que no pretenden otra cosa que garantizar la seguridad y la protección de la ciudadanía» nos recalcan desde costas, que además insiste en que estas actuaciones «van a permitir la creación de un espacio lúdico para disfrute de la ciudadanía y una protección para el propio tramo de costa al garantizar su equilibrio y la protección de las viviendas existentes en primera línea».