El Gobierno valenciano se desvincula de la tensión Ens Uneix-PP en la Diputación: "Es absolutamente independiente"

El Gobierno valenciano del ‘popular’ Carlos Mazón trata de evitar el nuevo frente en la gobernabilidad de la Diputación de Valencia, que el partido Ens Uneix, socio imprescindible para el PP en la institución provincial, acaba de abrir. Las inversiones de la Generalitat en Ontinyent (Valencia), donde gobierna el líder de esta formación, Jorge Rodríguez, son un asunto «absolutamente independiente» de estas tensiones en la corporación de preside Vicent Mompó.

Así se ha esforzado en subrayarlo la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y portavoz del Ejecutivo, Susana Camarero, en la rueda de prensa celebrada este martes tras el pleno del Consell.

Y es que el líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, advirtió este lunes de que «por primera vez está en serio peligro» el pacto de gobierno de su partido junto al PP en la Diputación de Valencia si los ‘populares’ no permiten debatir la bajada del listón electoral del 5% al 3% a nivel autonómico, como ha propuesto la Unió Municipalista de la que forman parte vía iniciativa legislativa popular (ILP) en Les Corts.

En concreto, los municipalistas quieren que el PP retire su enmienda registrada a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2025, en la que los ‘populares’ piden excluir de las ILP las materias que afectan al Estatut d’Autonomia como sería la bajada del listón electoral.

Preguntada sobre si peligrarían las inversiones anunciadas por la Generalitat en la localidad insignia de Ens Uneix, en la que esta formación política gobierna con mayoría absoluta, en caso de que Rodríguez ponga en peligro la estabilidad del gobierno provincial, Camarero ha asegurado que se trata de una cuestión «absolutamente independiente».

«Las inversiones se hacen pensando en el bienestar de los ciudadanos, no en cuestiones partidistas», ha zanjado su respuesta la portavoz del Ejecutivo de Carlos Mazón.

Apoyo del Gobierno valenciano a los regantes afectados por la DANA

Por otro lado, la también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha trasladado el apoyo del Consell a las entidades de riego afectadas por la DANA del 29 de octubre, tras la decisión del Gobierno de España de «repercutir los costes de la reparación de las infraestructuras hidráulicas esenciales».

Así lo ha manifestado durante su intervención en la rueda de prensa tras el Pleno del Consell en el que se ha aprobado una declaración institucional para solicitar al Gobierno de España que no repercuta sobre los usuarios el coste de las obras necesarias en entidades como el Canal Júcar-Turia o el Canal Principal del Camp del Turia, que dan servicio a cerca de 50.000 hectáreas de cultivo.

En concreto, Camarero ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pretende aplicar el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas para trasladar los costes de las reparaciones a los regantes, una medida que “supone un quebranto económico para los regantes y usuarios de estas entidades, que agravará, todavía más, la difícil situación por la que atraviesan”.

En este sentido, la consellera ha reiterado el compromiso del Consell con el tejido agrario valenciano y con la recuperación económica y social de los municipios afectados por la dana, al tiempo que ha exigido al Gobierno central medidas concretas “para que se decrete la no inclusión de los costes de las reparaciones en el canon y tarifa, para evitar un mayor perjuicio económico a los usuarios”.

Defensa de la legalidad

Por otro lado, la vicepresidenta ha informado de que la Generalitat se personará como acusación, siguiendo el criterio técnico de la Abogacía de la Generalitat, en el procedimiento contra Francisco Puig, hermano del expresidente Ximo Puig, y Juan Enrique Adell, investigados por presuntos delitos de estafa y falsedad en las subvenciones para el fomento del valenciano.

“La Generalitat tiene la obligación de velar por la legalidad y colaborar en las acciones judiciales que se inicien para investigar actuaciones que generen un perjuicio económico a la administración autonómica”, ha señalado la portavoz del Consell, quien ha informado de que la Abogacía tiene diez días para personarse y ejercer las acciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Respuesta posDANA y reconstrucción

En sesión extraordinaria, el pleno ha aprobado un conjunto de actuaciones de emergencia para acometer obras en infraestructuras dañadas por la dana. En concreto, se ha incrementado el presupuesto para la reparación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales de Requena-San Antonio y Aldeas de la Vega, con 318.684 euros, cuyo plazo de ejecución también se ha ampliado en tres meses.

Además, se ha aprobado la contratación de emergencia para la reconstrucción de badenes y un puente en Pedralba, con un presupuesto total de 2,7 millones de euros.

También se ha declarado la emergencia para la demolición del centro de interpretación, la oficina y el almacén del Parque Natural del Turia en Vilamarxant, con un contrato de 96.668 euros y un plazo de ejecución de dos meses. En total, estas medidas suponen una inversión de 3.115.352 euros.

Al respecto, la vicepresidenta ha declarado que “son actuaciones esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos, así como para la recuperación de las infraestructuras afectadas por las recientes catástrofes naturales”.