La Generalitat saca a licitación el contrato de servicios financieros por más de 121 millones

La Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública ha licitado el contrato de servicios financieros de la Generalitat Valenciana y el sector público de la comunidad autónoma con un importe de 121.600.506,75 euros, si bien no incluye el IVA. Según ha detallado el departamento encabezado por Ruth Merino a través de un comunicado, la duración del contrato será de dos años y contemplará una prórroga de dos periodos adicionales de un año.

El contrato recoge las condiciones de varias operaciones entre la Administración de la Generalitat Valenciana y los entes de su sector público y las entidades financieras, así como las cuentas de los centros docentes públicos no universitarios y las operativas del sector público. Cabe recordar que el anterior contrato, licitado en 2019, se prorrogó por última vez en febrero de este año hasta el 31 de enero de 2024.

Confianza de los bancos hacia la Generalitat

«Pretendemos dotar de líneas de crédito que den liquidez a la Tesorería de la Generalitat en los momentos en los que haya falta de liquidez así como contratar los servicios necesarios para recaudar los tributos, realizar sus pagos y transferencias», ha destacado el secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, en relación con la licitación.

En este sentido, ha remarcado la necesidad de contar con los bancos para materializar «todas las opciones de la Tesorería», pero también de disponer de líneas de crédito para afrontar las necesidades de liquidez «propias de la operativa diaria».

Monzó se ha mostrado confiado que las entidades financieras están interesadas en participar en el contrato, tal y como se desprende de las reuniones mantenidas previamente con los responsables de banca institucional. «Ven a la Generalitat como un cliente que genera credibilidad y en el que confían», ha celebrado.

Condiciones del contrato

Una de las principales novedades que introduce el contrato son los nuevos sistemas de pago de impuestos y tasas de la Generalitat Valenciana. Pues, a finales de noviembre la Agencia Tributaria Valenciana ya habilitó el pago de tasas autonómicas e impuestos a través de la plataforma Bizum mediante su página web.

Poniendo el acento sobre los servicios financieros que contempla el contrato, destaca la concesión de líneas de crédito y los servicios bancarios de cuentas, recaudación, cobros y pagos.

Los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito españolas o extranjeras que estén legalmente constituidas y autorizadas para operar en España podrán participar en la licitación. Además, contarán con la posibilidad de concurrir de forma individual o en unión con otras entidades financieras.

Para presentar ofertas en el nivel uno, será indispensable la inscripción en el Registro de Entidades de Crédito del Banco de España, disponer de activos en balance superiores a los 60.000 millones de euros y un mínimo de 150 oficinas bancarias en la Comunitat Valenciana. Las entidades financieras que no alcancen el importe de activos en balance fijado podrán participar en la licitación en el nivel dos.

Otro de los requisitos que habrán de cumplir las entidades financieras interesadas en participar es haber realizado servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen este contrato durante los últimos tres años. Asimismo, las que adjudicatarias deberán operar y contar con oficinas abiertas en la región.

Participación en la licitación

La presentación de ofertas arrancará el próximo 20 de diciembre, mientras que la apertura de las mismas tendrá lugar los días 21 y 26 diciembre. Las ofertas deberán hacerse llegar de forma telemática mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público. Conviene tener en cuenta que cada licitador solo podrá presentar una proposición.

Para garantizar el interés general, en la valoración de las propuestas se incluirán criterios relativos al compromiso social de la entidad financiera en caso de empate. Por tanto, se valorarán las entidades que acrediten que no aplican actuaciones de desahucio de ocupantes de viviendas en el marco de procesos judiciales de ejecución hipotecaria, y que ofrezcan la posibilidad de dación en pago a sus deudores hipotecarios, además de la posibilidad de alquiler social.