La Generalitat defiende «la propuesta solidaria» de financiación de los expertos valencianos y carga contra la «ruptura» que plantea Cataluña

La consejera de Hacienda de la Generalitat, Ruth Merino, ha reclamado al Gobierno que reabra la negociación para reformar el sistema de financiación autonómico. Así, durante su intervención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes en el Ministerio de Hacienda, ha instado al ejecutivo central a aprobar de forma inmediata un Fondo de Nivelación Transitorio que «garantizaría la igualdad real» entre españoles en términos de financiación ajustada por habitante, en lugar de «plegarse a la ruptura del sistema» que «persiguen los independentistas catalanes con un consorcio fiscal y una financiación singular para Cataluña», ha subrayado.

Merino ha denunciado la «desidia» del Gobierno para la aprobación de un nuevo modelo de financiación y ha reprochado a la ministra de Hacienda que siga haciendo «dejación de funciones» de su responsabilidad para liderar la negociación y plantear una propuesta de reforma, «tirando balones fuera, sin plan y sin ganas de activar la reforma del sistema».

Por ello, la consejera ha defendido ante la ministra y los representantes de Hacienda de todas las comunidades autónomas la propuesta diseñada por los expertos valencianos en financiación, como una opción «solidaria, justa, asumible y efectiva para acabar de inmediato con las inaceptables diferencias en el reparto de recursos para sanidad, educación y servicios sociales que reciben las comunidades autónomas».

De esta manera, ha reivindicado el trabajo realizado por los expertos de la Comunidad Valenciana y ha reiterado que la propuesta de un Fondo de Nivelación Transitorio va dirigida a «reducir la brecha de financiación existente entre las distintas autonomías y a garantizar la igualdad en la prestación a servicios». Por ello, aunque el fondo beneficiaría inicialmente a las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas –Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha–, en los años sucesivos, ha apuntado, se incorporarían más regiones como perceptoras de este fondo, como Galicia, Madrid o la propia Cataluña.

El coste total inicial del fondo de nivelación sería de 3.237 millones de euros, de los cuales la Comunidad Valenciana recibiría el primer año 1.183 millones, por lo que su financiación pasaría del 91,8% al 96,4% de la media. Si se aplicara durante cuatro años, el coste promedio anual sería de 6.100 millones de euros en total y la Comunidad recibiría una media anual de 1.782 millones de euros, alcanzando en 2027 el 99% de la financiación media, ha concretado la consejera.

«El nuestro sí es de verdad un modelo de solidaridad pensado para toda España porque evita que haya ciudadanos de segunda. Mientras nosotros pedimos acabar con esta injusticia; Cataluña pide acabar con el sistema mismo», ha afirmado. Frente a esta propuesta «solidaria y justa», el independentismo catalán «plantea un trato singular que no solo es un agravio para el resto de autonomías, sino que además no tiene amparo constitucional», ha insistido Merino.

Críticas a los objetivos de estabilidad

En cuanto a la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2025-2027 formulada por el Ministerio de Hacienda, la consejera ha criticado que «la ministra obvia, de nuevo, el enorme esfuerzo que las comunidades autónomas realizamos para financiar los servicios, en particular las que nos vemos obligadas a realizar un mayor esfuerzo simplemente para gastar lo mismo que la media a costa de un mayor déficit».

En esta línea, ha denunciado que la ministra de Hacienda haya fijado en el 2,5% el déficit autorizado para el conjunto del Estado en 2025, cuando está reclamando a las autonomías un déficit de 0,1% en dicho ejercicio. «Las CCAA soportan el 32% del gasto público pero solo se les autoriza el 4% del déficit, mientras la Administración General se reserva el 96% restante», ha señalado.

Respecto al techo de gasto, Merino ha lamentado que no se ha concretado el escenario para las comunidades autónomas. «Es fundamental que se dé a las autonomías la tasa de referencia, ya que se trata de la prioridad en el nuevo marco normativo europeo tras la vuelta de las reglas fiscales», ha indicado, pues en función de esa tasa «se tendría que establecer el déficit para cada comunidad».

«El Gobierno sigue sin resolver la falta estructural de ingresos de la Comunidad Valenciana y pretende restar más recursos a los valencianos, lo que es absolutamente intolerable», ha recalcad. «Desde luego este Consell no va a consentir que los ciudadanos de la Comunidad sigan siendo maltratados y reciban peores servicios que el resto de españoles. Por eso, nuestro compromiso es cumplir con el nuevo marco fiscal europeo y la regla de gasto, con un déficit realista que tenga en cuenta la situación de partida de cada comunidad autónoma», ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que durante la reunión no se haya facilitado a las autonomías la información sobre los recursos del sistema -entregas a cuenta y liquidación- para 2025. «Esperamos no tener que volver a elaborar a ciegas nuestro presupuesto, como ya sucedió el año pasado», ha reprochado Merino.

El Gobierno mantendrá el control del CPFF

Por último, ha cargado contra el rechazo de la modificación del reglamento del CPFF que solicitaron las autonomías gobernadas por el PP, entre ellas la valenciana, y que pretendía modificar el actual sistema de votación, que «permite al Gobierno el control absoluto de este órgano, puesto que solo necesita un voto a favor para imponer su criterio en las votaciones».

De esta forma, «utilizando este privilegio, se ha rechazado la modificación reglamentaria. Una modificación que la propia ministra Montero reclamó cuando era consejera de Andalucía, tal como se ha puesto de manifiesto durante el encuentro», ha apuntado.