Benidorm (PP) lidera el pago de facturas en los cajones mientras la Valencia de Ribó fue la que más las aumentó

El reciente informe de la Sindicatura de Comptes ha puesto sobre la mesa que, para el 31 de diciembre de 2022, un año antes de las elecciones municipales, la localidad de Benidorm (67.000 habitantes) lideró como el municipio que más ha reducido las facturas pendientes de pago, conocidas como las facturas en los cajones de la cuenta 413. De más de seis millones en 2021, pasó a cero en el año siguiente liquidando así la cuenta. En cambio, la ciudad de Valencia casi triplicó esta partida del 2021 a 2022 con un aumento de casi seis millones de euros.

Este organismo público, según la Ley de la Generalitat Valenciana, es el encargado de realizar este control de las cuentas públicas a las diferentes entidades locales (municipios, mancomunidades, provincias) para asegurar una correcta gestión de los fondos públicos.

El informe, publicado en julio de 2024, hace referencia al ejercicio de dos años atrás. Las razones se derivan a que las diferentes entidades tienen como plazo máximo para entregar todos los documentos correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2023.

Como podemos observar en los diferentes gráficos, de los 15 municipios con más población en la Comunitat Valenciana, Valencia se lleva el mayor incremento en la cuenta 413 con una variación de 2021 a 2022 de 5.895.00 millones de euros. Orihuela es la segunda población que más aumentó las facturas en los cajones añadiendo 5.632.000 euros a la cuenta 413.

En este caso, destaca la gran diferencia de población con respecto a las facturas sin pagar, ya que Valencia es la capital de la Comunitat Valenciana con 792.000 habitantes aproximadamente, ocupando así el primer puesto. No obstante, Orihuela, gobernada por el PSOE, está muy lejos de esa población con solo 80.000 habitantes, pero concentrando casi la misma cuantía que el Cap i Casal.

Además, en las diferentes visualizaciones se observa la predominancia del Partido Socialista en los municipios que más han engrosado estas cuentas, dado que 8 municipios socialistas han incrementado estas cuentas que, a ojos de la Sindicatura de Comptes, «estos gastos pueden suponer un riesgo para la sostenibilidad financiera de las entidades locales».

Por otra parte, se deben destacar los cuatro municipios de más de 50.000 habitantes que sí han podido reducir estas «facturas bajo los cajones». El ejemplo más claro se encontraría en Benidorm, que ha podido liquidar en un año más de 6.000.000 millones de euros en este sentido.

También cabe destacar el municipio de Torrevieja con casi un millón reducido y, en el caso socialista, destacan Elche (800.000 euros) y Castellón de la Plana que supera el millón de euros liquidados en esta «partida».

Las evoluciones destapan al PSOE

En cuanto a su evolución, los principales municipios muestra una tendencia preocupante que podría tener repercusiones significativas para la gestión pública.

Valencia, cuyo alcalde era Joan Ribo (Compromís) aunque la cartera de Hacienda la dirigía el PSOE, ha experimentado fluctuaciones notables en su deuda. En 2019, la deuda era de 5,8 millones de euros, aumentando significativamente a 8,9 millones en 2020. Aunque en 2021 hubo una disminución a 3,5 millones, en 2022 volvió a aumentar a 9,4 millones.

Alicante, bajo la administración del PP, también mostró una tendencia alarmante. En 2019, la deuda era relativamente baja, con solo 205.668 euros, pero en 2020 se disparó a 10,9 millones de euros, un 5000% más. Aunque hubo una reducción en 2021, los niveles de deuda permanecen altos, alcanzando los 8,3 millones en 2022. En Torrevieja incrementó significativamente en 2020 y 2021, alcanzando casi 9 millones de euros, aunque en 2022 hubo una ligera disminución. Orihuela, por su parte, tuvo un aumento drástico en 2022, con una deuda de más de 6,9 millones de euros.

Elche, también gobernada por el PSOE, mostró un aumento en su deuda en 2020 a 5,6 millones de euros, pero logró reducirla a 2,8 millones en 2022. Según la Sindicatura, todos estos descensos sugieren un esfuerzo por parte del gobierno local para controlar el gasto y mejorar la eficiencia financiera. Por su parte, Castellón de la Plana ha tenido una evolución de deuda muy volátil. La deuda pasó de 230.000 euros en 2019 a 4,4 millones en 2021, antes de reducirse a 3,3 millones en 2022.

En cuanto a municipios más pequeños gobernados por el PSOE, la deuda ha mostrado un comportamiento mixto. En Gandía, la deuda ha crecido de manera constante, alcanzando los 3,2 millones de euros en 2022. Paterna ha mantenido una deuda relativamente estable, con un notable incremento en 2019 pero estabilizándose en 505.784 euros en 2022.

San Vicente del Raspeig experimentó un aumento significativo en su deuda en 2022, alcanzando los 1,8 millones de euros. Alcoy, después de un pico en 2019, ha visto fluctuaciones en su deuda, alcanzando 1,4 millones en 2022. Elda ha mostrado una tendencia creciente, llegando a 376.782 euros en 2022 y Villarreal, por su parte, experimentó un aumento significativo en 2022, alcanzando los 4 millones de euros.

El PSOE y el PP lideran las «facturas en los cajones» con 46 millones

En este último gráfico, se puede destacar la influencia que ha tenido cada partido en la legislatura 2019-2023 por lo que respecta a la facturas sin pagar. En este sentido, el PSOE es el que se lleva el primer puesto con 29.000.000 millones de euros en todos los municipios que gobernó, muchos más en número que PP y Compromís. Solo el partido socialista representa la mitad de toda la acumulación de estas facturas.

Asimismo, el PP se lleva 16 millones y medio por los municipios de Alicante y Torrevieja, mientras que Compromís se carga con más de 9.000.000 millones por ostentar la administración municipal más grande, Valencia.

Estos gastos pueden suponer un riesgo para la sostenibilidad financiera de las entidades locales

Para la Sindicatura de Comptes, la variabilidad en las deudas y las decisiones financieras de cada administración municipal, muchas veces influenciadas por el partido político gobernante, subrayan la necesidad de una gestión más rigurosa y sostenible.

A medida que los municipios navegan por estas aguas turbulentas, el impacto en los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos seguirá siendo un punto crítico de observación.