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La Diputación de Valencia reinicia la estabilización de 96 interinos con 5.500 nuevos candidatos
El equipo de Vicente Mompó cambiará las bases obligado por una sentencia para acabar con el desequilibrio en favor de la experiencia dentro de la institución
La Diputación de Valencia aprobó ayer en pleno extraordinario revisar 28 procesos de estabilización temporales que afectan a 96 interinos que iban a ser fijos. Ahora, estos procesos deben resolverse antes de que acabe el año y, al tratarse de un proceso público, se han presentado 5.549 candidatos con los que deberán competir. Con el voto en contra del PSPV-PSOE y la abstención de Compromís, la medida ha sido aprobada y se abrirá un trámite de audiencia para las personas interesadas de ocho días en la que, después del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, se tendrá que asumir lo resuelto.
Estos 28 procesos, que incluían tanto concursos de méritos como concurso-oposición, estaban en marcha bajo las bases generales de estabilización de empleo temporal de la diputación para el periodo 2022-2024 y que fueron aprobadas durante el gobierno del Partido Socialista con Antoni Francesc Gaspar conjuntamente con Compromís.
Sin embargo, una sentencia judicial del mes de marzo cuestionó la legalidad de este proceso por una valoración «desproporcionada» de la experiencia profesional de los interinos, lo que ha obligado a replantear dichas bases.
Según comentó el diputado del Partido Popular Ricardo Gabaldón, se validó la experiencia 4,5 veces más de lo debido y el fallo judicial entiende que hay que anular esa baremación, por ser contrarias a los derechos de igualdad y al derecho a acceder en condiciones de igualdad a la función pública.
Reproches por una estabilización que nadie empezó
Durante el pleno de la diputación, el diputado del PSPV-PSOE, Jorge Vidal, manifestó su firme oposición a la medida, argumentando que la revisión supone un retroceso en los derechos adquiridos por los interinos y que no respaldan los sindicatos con los que ha contactado. Todo apunta a que el sindicato podría ser UGT, ya que en julio ya exigió a la Diputació continuar con los procesos de estabilización.
Fuentes del sindicato le han trasladado a Economia Digital que «casi 100 personas pueden verse sin trabajo a final de este año», por lo que estan intentando poner soluciones encima de la mesa para que esto no suceda. De hecho, piden a la Diputación que realice un proceso de estabilización, similar al del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, ya que considera «irreemplazable» el trabajo de estas personas.
Vidal criticó que el proceso de revisión afectará a «cien personas con nombres y apellidos» que en pocos meses verán comprometida su estabilidad laboral. «Los sindicatos mayoritarios están en contra y muy preocupados. No se ha tenido en cuenta a la oposición en un tema que afecta directamente a la estructura de la institución», señaló durante su intervención.. En cuanto al partido VOX, en ningún turno de las réplicas a la oposición quiso añadir o contestar nada al respecto y solo ha votado a favor de la propuesta.
Por su parte, Compromís optó por la abstención, expresando su preocupación por la rapidez con la que se ha abordado el tema. Su portavoz, Dolors Gimeno, justificó la aprobación de las bases de 2022 como un acuerdo «de buena fe» alcanzado con los sindicatos, pero manifestó dudas sobre el escaso margen de tiempo para renegociar los términos. «No acabamos de ver cómo se puede hablar con los sindicatos y minimizar los efectos de la sentencia con tan poco tiempo», afirmó.
Interinos que competirán con 5.000 candidatos de otras administraciones
Mientras tanto, la incertidumbre se cierne sobre los trabajadores que aspiraban a consolidar su puesto en la diputación, muchos de los cuales deberán empezar de nuevo con un proceso de selección abierto a nuevos aspirantes de otras administraciones. De hecho, la cifra marcada es de 5.549 aspirantes, a los que Gabaldón ha asegurado que «se les dará salida a todos».
Aun así, Compromís insistió que, pese a la sentencia, «debemos garantizar que los derechos de los interinos no se vean comprometidos por un proceso de revisión que puede generar inestabilidad y con el que se deberían haber consultado más con los sindicatos», expresó su portavoz en el pleno.
«Votar en contra significa no preocuparse por las más de 5.000 personas que esperan una respuesta»
Ricardo Gabaldón (PP)
Gabaldón respondió a las críticas defendiendo que los plazos están determinados por la legislación, y se comprometió a sentarse con los sindicatos «las veces que sea necesario» para estabilizar la plantilla y reducir la temporalidad. «Votar en contra significa no preocuparse por las más de 5.000 personas que esperan una respuesta», concluyó.
El equipo de gobierno aún no lo considera definitivo, pero la información transmitida a los sindicatos indica que se corregirá la desproporcionada ventaja otorgada a la experiencia interna. No se descarta, incluso, que se equipare la puntuación de los interinos con la experiencia adquirida en otras administraciones.