Toni Pérez (Diputación de Alicante) aprueba cinco millones en ayudas para empleo y agua
El área de Desarrollo Económico ha destinado 2,5 millones de euros a modernizar mercados y fortalecer el medio rural
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La Diputación de Alicante ha aprobado una serie de ayudas dirigidas a la reactivación económica, el fomento del empleo y la mejora de infraestructuras hidráulicas en los municipios de la provincia. En total, se movilizarán casi 5 millones de euros, lo que representa un incremento del 12% respecto al año anterior.
El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha destacado que estas ayudas reflejan «el papel esencial de la institución en el apoyo y asistencia a los municipios», especialmente en proyectos destinados a la modernización del comercio local, el desarrollo rural y la mejora del abastecimiento de agua.
Incentivos para la economía y el empleo
El área de Desarrollo Económico ha destinado 2,5 millones de euros a modernizar mercados, fomentar la agricultura, fortalecer el medio rural y dinamizar la actividad comercial con ferias y otros eventos. De esta cantidad, 880.000 euros se dirigirán a municipios de menos de 60.000 habitantes para la organización de ferias, cubriendo gastos como publicidad, alquiler de stands o promoción de productos locales.
Para la modernización de mercados, se han reservado 208.000 euros, mientras que el plan de promoción económica contará con 450.000 euros, destinados a la organización de premios, congresos y talleres orientados al fomento del empleo y el emprendimiento.
La Diputación también ha reforzado las ayudas al sector agrícola, con una inversión de 569.540 euros destinada a reparar acequias, fomentar la digitalización agraria y mejorar los sistemas de conducción de aguas de riego. Los municipios con riesgo de despoblación, incluidos en la Agenda Valenciana Antidespoblación (Avant), recibirán un apoyo especial con una financiación del 100% en muchos casos.
La mitad para el ciclo hídrico
Otro bloque de ayudas aprobado en el pleno de la Diputación corresponde a la mejora del ciclo del agua. Se han asignado 2,3 millones de euros para la modernización y reparación de infraestructuras hidráulicas, tanto en la red de abastecimiento como en saneamiento. Asimismo, se han aceptado las encomiendas de los Ayuntamientos de Alfafara, Millena y Tibi, que ceden a la Diputación la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
En el ámbito de la transparencia y participación ciudadana, se ha aprobado una línea de subvenciones de 125.000 euros, destinada a municipios que desarrollen proyectos de buen gobierno y participación ciudadana.
Restitución de la cruz de Callosa
El pleno también ha respaldado la solicitud del municipio de Busot para que las Coves de Canelobre sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). El diputado socialista Raúl Ruiz ha señalado que este enclave es un «buque insignia del patrimonio arqueológico alicantino». Desde el equipo de gobierno, el diputado de Cultura Juan de Dios Navarro ha subrayado que estas cuevas recibieron más de 80.000 visitas el año pasado y ha lamentado que el anterior gobierno autonómico «nunca haya propuesto su declaración como BIC».
Por otro lado, se ha aprobado una moción para reclamar la reposición de la Cruz de la Plaza de España de Callosa de Segura, retirada en 2018 por decisión del gobierno municipal de entonces. La portavoz de Vox en la Diputación, Gema Alemán, ha señalado que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha reconocido el valor patrimonial del monumento y ha sentado las bases para su restitución.
Desde el Grupo Popular, Juan de Dios Navarro ha afirmado que la cruz debe volver a su ubicación original, al igual que ocurre en municipios como Dolores o Elche. Sin embargo, el PSOE y Compromís han rechazado la propuesta, argumentando que la retirada se realizó en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
Contratar docentes si hay disponibilidad
El pleno ha rechazado una moción de Compromís, respaldada por el PSOE, para exigir a la Conselleria de Educación el cumplimiento de la sentencia del TSJ-CV que obliga a la contratación de 1.900 docentes adicionales para el curso 2024-2025.
El portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha advertido que la falta de contratación está generando «un daño irreparable para los docentes afectados». Desde el PP, la portavoz Loreto Serrano ha defendido que el anterior gobierno autonómico aprobó esta medida sin dotación presupuestaria, afirmando que el actual ejecutivo «cumplirá los compromisos, pero siempre con disponibilidad económica».
