Compromís pidió la semana del 28-M el informe que impide la equiparación salarial que prometió en las ITV

Natxo Costa, subsecretario de la conselleria de Economía del gobierno del Botànic (PSOE+Compromís), pidió el 23 de mayo de 2023, es decir, cinco días antes de las elecciones del 28 de mayo, un informe en el que se acredita que la equiparación salarial de las plantillas de la ITV no se posible. Lo que hasta ahora era público se limitaba a que Compromís, la semana en la que se inició la campaña electoral, abortó la revuelta de los sindicatos con la promesa de la equiparación salarial. Con estos datos, el debate estaba si Sitval cumplía con la equiparación salarial o no.

Tras esa acuerdo publicitado, hubo una gestión ocultada. Una vez lograda la paz social preelectoral aceptada por los sindicatos y anhelada por el gobierno de izquierdas, Compromís buscó el sustento legal que le permitiera cumplir con lo que había prometido. Tal y como figura en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, fue el 23 de mayo de 2023 cuando tuvo entrada por registro la petición de Natxo Costa para analizar el acuerdo llegado con los sindicatos. La respuesta difiere de lo prometido.

«El artículo 35 de la Ley 9/2022 establece que, durante el año 2023, para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, serán preceptivos los informes favorables de las consellerias competentes en materia de hacienda y sector público», dice el escrito. Compromís no había pedido estos informes. Cuando la actual consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, pidió «seguridad juridica» antes de tomar decisiones se refería, precisamente, a contar con estos informes antes de prometer una equiparación salarial.

El escrito deja claro que «con carácter previo al acuerdo o firma, el proyecto se debe remitir a las consellerias competentes a los efectos de la emisión de los preceptivos informes favorables». Esto no ocurrió. De hecho, respecto al acuerdo de la comisión negociadora que firmaron sindicatos y gobierno del Botànic para la equiparación salarial en las ITV se especifica: «Cabe recordar que el artículo citado dispone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como la de los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras leyes de presupuestos».

Respuesta con el gobierno en funciones

La respuesta del director general de sector público y patrimonio sobre la petición de Natxo Costa del 23 de mayo de 2023, cinco días antes de las elecciones, se produjo el 3 de julio de 2023, es decir, 10 días antes de la toma de posesión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, que ocurrió el jueves 13 de julio.

Durante los meses de julio y agosto y durante las varias reuniones de traspaso de carteras que se han celebrado entre los equipos del anterior y el actual equipo de gobierno, el documento donde Compromís pide informe para conocer si el pacto con los sindicatos de las ITV eran legales y la posterior respuesta con el aviso de la «nulidad de pleno derecho» no fue comunicado.

Sin esta información, las ITV llegaron hasta la celebración del primer consejo de administración de Sitval el pasado 26 de septiembre, donde se tomó posesión de la sociedad pública por parte del equipo de Carlos Mazón con la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, al frente y las vicepresidencias para el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, y el presidente de Femeval, Vicente Lafuente.

La sorpresa en aquella reunión fue que los sindicatos convocaron una huelga por el incumplimiento que había tenido Sitval sobre la prometida equiparación salarial pactada por Compromís y los sindicatos en el inicio de la campaña electoral de las elecciones autonómicas.

Esta huelga sigue sobrevolando como amenaza, como confirman a este periódico fuentes sindicales, que la consideran irremediable hasta que se logre un nuevo pacto que, por un lado, tenga toda la seguridad jurídica que exige el actual equipo de gobierno y las pretensiones que dentro de este marco soliciten tanto los sindicatos abiertos a negociar como los que son más proclives al conflicto con el gobierno del PP.