Camarero anima a Catalá a poner multas de hasta 600.000 euros a los viviendas turísticas ilegales

Susana Camarero, vicepresidenta y portavoz del Consell además de consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha animado a Maria José Catalá, alcaldesa de Valencia, a poner multas de hasta 600.000 euros a las viviendas turisticas ilegales que hay en la ciudad y que, según desveló Hosbec, son casi 2.900 unidades las que se saltan la legislación autonómica.

«Nosotros hemos dado el marco legal con la norma que regula las viviendas turísticas en los que indicamos lo que pueden hacer los ayuntamientos, que son los primeros perjudicados porque tienen problemas de okupación y de viviendas en sus municipios», explicó ayer Camarero en rueda de prensa, que mandó un mensaje claro a Maria José Catalá y el resto de alcaldes con problemas con las viviendas turísticas ilegales: «Lo que les planteamos es que hagan uso de la norma«.

Aunque desde la oposición tanto en el gobierno autonómico como municipal se carga contra el turismo en general (sin discriminar entre legal de ilegal adjudicándoles el problema de la vivienda), el foco entre las que dirigen las instituciones están en erradicar la inseguridad jurídica que de manera general provoca la okupación.

En este sentido, Maria José Catalá tiene previsto hoy una reunión con las concejalías implicadas en el servicio que prestará la nueva Oficina Antiokupas de la ciudad. Susana Camarero, consellera de Vivienda, también tiene el foco en la okupación.

«Hay muchos pisos cerrados en todos los municipios de la Comunidad Valenciana y del resto de España por culpa de la problemática de la inquiocupación y de la inseguridad jurídica», explica Camarero, que define con precisión el motivo porque existe este problema: «La ley de vivienda nacional, que favorece más al okupa que al propietario«.

Tras esta declaración se le preguntó si iba a utilizar la ley nacional como medio para bajar los precios de los alquileres, a lo que contestó con rotundo rechazo: «No estamos de acuerdo con esta política. Y, además, creemos que no ha funcionado en Barcelona, ni en los países donde se han puesto en marcha«.

El motivo de todo ello es que el diagnóstico del problema de la vivienda se basa en la sencilla regla de la oferta y la demanda. La escasez de oferta se achaca a las dificultades que se pusieron durante el Botànic a la construcción de VPO, que se ha buscado enmendar con el Plan Vive y el nuevo decreto de VPO, mientras el segundo factor es la okupación, a la que se presenta una batalla frontal.

«Estamos poniendo en marcha medidas contra la ocupación y la inquiocupación. La semana pasada anunciábamos en una reunión bilateral con la consellera de Justicia que se va a poner en marcha una oficina y que se van a mejorar las oficinas de atención a las víctimas», afirma Camarero, que no utiliza las palabras de forma baladí al llamar «víctima» al propietario usurpado frente a otros marcos mentales en el que se justifica la okupación.

Por lo tanto, «nosotros siempre hemos dicho que hay que trabajar en ofrecer y en mejorar la seguridad jurídica de los propietarios para que saquen viviendas al alquiler, porque si esas viviendas que están cerradas no salen al alquiler, no contaremos con la oferta necesaria para que baje el precio de la vivienda».

«Esto es un círculo que complica la situación actualmente. Por lo tanto, nosotros también estamos poniendo en marcha medidas contra la ocupación y la inquiocupación. La semana pasada anunciábamos en una reunión bilateral con la consellera de Justicia que se va a poner en marcha una oficina y que se van a mejorar las oficinas de atención a las víctimas», añade Camarero.

La conclusión es: «Necesitamos viviendas y si no hay oferta y no hay seguridad por parte de los propietarios de que no van a tener ningún problema cuando ponen sus viviendas en el mercado de alquiler, segumos incrementando el problema porque seguimos teniendo más demanda que oferta y siguen creciendo los precios«.