Barrachina carga contra el Gobierno por el recorte al Tajo-Segura tras el respaldo del Supremo a los caudales ecológicos
El Conseller de Agricultura ha estimado pérdidas de 6.000 millones de euros y alrededor de 15.000 empleos por estos recortes
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reiterado su rechazo a las decisiones del Gobierno central de Pedro Sánchez respecto al trasvase Tajo-Segura, calificándolas de «dogmáticas y carentes de rigor técnico». Sus declaraciones llegan tras conocerse que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Andalucía contra el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo, avalando así el Real Decreto 35/2023, que establece las nuevas normas de gestión hídrica.
Barrachina ha señalado que las medidas del Ejecutivo central representan «un golpe devastador» para la agricultura alicantina, que, según sus estimaciones, podría enfrentar pérdidas económicas de 6.000 millones de euros y la desaparición de 15.000 empleos. “Las decisiones del Gobierno de Sánchez no solo son políticas, sino que carecen de fundamento técnico y condenan al Levante a un futuro insostenible”, ha afirmado.
Impacto contra la solidaridad hídrica
El Tribunal Supremo ha ratificado las disposiciones del Real Decreto, que priorizan los caudales ecológicos sobre otros usos del agua, salvo el abastecimiento urbano. En su fallo, el alto tribunal ha destacado que el procedimiento para establecer estos caudales se basó en estudios técnicos detallados y en la Instrucción de Planificación Hidrológica, rechazando los argumentos de la Junta de Andalucía sobre supuestas irregularidades en el proceso.
Barrachina, sin embargo, ha insistido en que el aumento del caudal ecológico pone en peligro la sostenibilidad económica y social de las regiones afectadas, especialmente en Alicante, Murcia y Almería. «Esta sentencia consolida un marco normativo que atenta contra la solidaridad hídrica y la justicia territorial», ha subrayado.
Un llamamiento a la cooperación interterritorial
El conseller ha renovado su propuesta de crear una comisión técnica entre las autonomías y el Gobierno de España para revisar las reglas de explotación del trasvase. Según Barrachina, esta comisión permitiría abordar la gestión del agua desde un enfoque técnico y colaborativo, dejando de lado decisiones políticas que, en su opinión, “solo buscan dividir y debilitar al Levante”.
Barrachina también ha abogado por un Pacto Nacional del Agua que garantice la distribución equitativa de este recurso. «El agua es una cuestión de Estado, no puede convertirse en un instrumento de confrontación. Necesitamos un compromiso nacional que defienda tanto a nuestros agricultores como a nuestros recursos naturales», ha enfatizado.
El trasvase, en el epicentro de la polémica
Las críticas de Barrachina se suman a las medidas legales ya emprendidas por la Generalitat Valenciana y otras comunidades como Murcia y Andalucía contra los recortes al trasvase, que consideran «injustificados». Además, el fallo del Supremo complica aún más el panorama para los agricultores y regantes del Levante, quienes dependen en gran medida del trasvase para mantener la productividad de sus cultivos.
El conseller también ha destacado el contraste entre la gestión hídrica del Gobierno central y la del Consell de Carlos Mazón, que, según ha destacado, «prioriza las necesidades de los agricultores y regantes valencianos». “El agua no es propiedad de nadie, pero debe servir para garantizar el futuro de todos”, ha concluido Barrachina.