Alicante implanta una moratoria de dos años a las licencias de pisos turísticos

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha anunciado la implementación de una moratoria de dos años en la concesión de licencias para nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT). Este periodo de suspensión permitirá al Ayuntamiento revisar y actualizar la regulación sobre los pisos turísticos, con el objetivo de controlar su impacto en la ciudad y garantizar un acceso más equitativo a la vivienda para los residentes locales. La propuesta será elevada al Pleno municipal del próximo 19 de diciembre.

Barcala ha subrayado que esta decisión es una de las prioridades del mandato y busca abordar un problema creciente que afecta tanto a la convivencia vecinal como al mercado inmobiliario. «Queremos regular de manera equilibrada el desarrollo del turismo en Alicante y, al mismo tiempo, proteger a los vecinos para que no se vean expulsados de sus barrios», ha declarado el primer edil.

La medida suspenderá durante dos años cualquier tramitación, concesión de licencias, declaraciones responsables y otros permisos relacionados con VUT en todo el término municipal. Según un informe de Exceltur, este tipo de alojamientos, que provocan problemas de convivencia, crecieron un 18 %, mientras que las plazas hoteleras solo un 2 %.

Desde el PSOE y Compromís ya exigieron en diferentes ocasiones que la corporación municipal debía tomar medidas y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló acusó a Barcala de negarles el informe sobre apartamentos turísticos encargado a la UA

Estudios clave para avalar la moratoria

El aplazamiento se fundamenta en los resultados de dos estudios elaborados por la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante (UA) y la consultora Estrategia y Organización SA (EOSA). Según estas investigaciones, las restricciones deben basarse en un análisis detallado que tenga en cuenta la capacidad de los servicios públicos, la preservación del carácter residencial y la saturación turística en distintas zonas de la ciudad.

En ese sentido, Barcala ha destacado que la medida permitirá incorporar límites de densidad en las VUT por zonas, adaptándose a las características de cada barrio. Esto incluirá revisiones periódicas de las licencias ya emitidas para asegurar el cumplimiento de la normativa y, en casos graves, proceder a la retirada de permisos. «Estamos comprometidos con un crecimiento sostenible que armonice las necesidades de los turistas con las de los residentes locales», ha enfatizado el alcalde.

Sigue el engranaje de las inspecciones y las sanciones

Mientras se desarrolla la nueva normativa, el Ayuntamiento continuará con las campañas de inspección en los apartamentos turísticos, centradas en detectar irregularidades y sancionar actividades sin licencia. En este sentido, el consistorio espera avanzar en la asunción de competencias para gestionar directamente las sanciones por infracciones relacionadas con las VUT, una de las medidas que protagonizó la ya exconsellera, Nuria Montes.

El equipo de gobierno también ha recordado que Alicante tiene en marcha varios planes urbanísticos que prevén la construcción de 6.000 viviendas en este mandato, de las cuales entre el 30% y el 40% serán de protección oficial. Asimismo, el Ayuntamiento ha ofrecido a la Generalitat ocho parcelas para edificar 265 viviendas dentro del Plan Vive, con nuevas cesiones previstas en los próximos meses.

Una medida que llega tarde para la oposición (también para Vox)

La moratoria ha recibido críticas desde diversos sectores políticos. Trini Amorós, portavoz adjunta del PSPV-PSOE, ha señalado que la medida «llega tarde» y acusó al equipo de gobierno de inacción prolongada. «Hace meses que pedimos en el Pleno una modificación del PGOU para evitar pisos turísticos en bloques residenciales, y el PP votó en contra. Ahora actúan como si fuera su idea», ha afirmado. Amorós también ha denunciado la falta de transparencia respecto a los estudios encargados por el consistorio y ha exigido su publicación inmediata.

Por su parte, Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha calificado la decisión como insuficiente para frenar la especulación en el mercado inmobiliario. «Llevamos meses alertando sobre la saturación turística, pero el PP no ha hecho nada hasta ahora. Este anuncio parece más una estrategia de cara a la galería que una solución real», manifestó Mas, quien también pidió acciones contundentes contra los pisos turísticos ilegales, que representan «más del 80% del total».

Desde EU-Podem, Manolo Copé ha celebrado la moratoria, pero ha advertido que «debe acompañarse de una normativa clara y efectiva para frenar el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos». Copé ha señalado que este fenómeno ha disparado los precios del alquiler y ha obligado a muchos alicantinos a abandonar sus barrios. «Es un paso en la dirección correcta, pero queda mucho trabajo por hacer», aseveró en el pleno de ayer.

Vox califica la moratoria como un «parche»

Carmen Robledillo, portavoz de Vox, ha calificado la moratoria como un «parche» que no aborda el problema de fondo. Según Robledillo, la prioridad debería ser intensificar las inspecciones y sanciones contra los apartamentos ilegales. «No podemos criminalizar al sector que opera dentro de la legalidad y aporta al turismo. Hay que ir contra quienes incumplen las normas, no contra todo el mercado», afirmó.

Robledillo también ha aprovechado para cuestionar la eficacia de la moratoria para solucionar la crisis de la vivienda, señalando que el problema radica en la falta de suelo disponible y en la escasez de promociones públicas. «Los jóvenes no se emancipan porque no hay políticas efectivas de vivienda, no porque haya apartamentos turísticos», concluyó.

El anuncio de la moratoria reaviva un debate que lleva tiempo polarizando a Alicante. Por un lado, está la necesidad de preservar el equilibrio entre el desarrollo turístico y la calidad de vida de los residentes. Por otro, la importancia de proteger un sector clave para la economía local. Con la propuesta pendiente de aprobación en el Pleno, queda por ver cómo evolucionará la situación en los próximos meses y si las medidas adoptadas serán suficientes para calmar las aguas en un terreno cada vez más conflictivo y sensible para la población.