El contrato del caso Azud causó un perjuicio de 11 millones de euros al ayuntamiento de Valencia
Operativo de la Guardia Civil por el caso Azud. Foto EFE
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La Agencia Valenciana Antifraude estima que un contrato que el Ayuntamiento de Valencia adjudicó por 129 millones a Acciona en 2006, donde intermedió el abogado y cuñado de Rita Barberá José María Corbín, ha supuesto un perjuicio económico para las arcas públicas entre 2007 y 2012 de 11,2 millones de euros.
En caso de considerarse los ejercicios 2013 a 2023, el perjuicio ascendería en 2,4 millones de euros. Estas cantidades se fundamentan en modificaciones de las fórmulas de revisión de precios, inclusión de servicios extraordinarios y partidas extraordinarias o sin justificar.
Comisiones ilícitas
El Juzgado de Instrucción número 13, que instruye la macrocausa conocida como caso Azud, encargó a Antifraude la elaboración de este informe tras constatar la Guardia Civil en mayo de 2023 que el abogado y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín, pudo haber cobrado alrededor de 1,7 millones de euros en comisiones ilícitas por esta adjudicación del contrato de limpieza y saneamiento.
La firma adjudicataria, Acciona, ya realizaba la labor de mantenimiento del alcantarillado desde 1995 pero su contrato finalizaba en 2006.
En el referido informe de Antifraude, al que ha tenido acceso EFE, se considera que la licitación debería haber ido precedida de un anteproyecto de explotación que incluyese las obras precisas, pues se trataba de un contrato mixto de gestión y de obras.
Esto derivó en una «indeterminación del precio del contrato, que depende de los servicios y las obras de conservación a ejecutar».
Las comisiones
«Infilco España (posteriormente Acciona Aguas) era una de las potenciales licitadores y la sociedad que en ese momento prestaba el servicio. Quince días después de la licitación suscribe un contrato de prestación de servicios con el despacho de Diego Elum y fija un precio de 2,56 millones de euros, un 2 % aproximadamente del importe de licitación», según detalla la Guardia Civil en su informe del pasado mayo sobre las comisiones que pudieron cobrar los abogados Diego Elum y José María Corbín.
Según consta en el referido informe de la UCO, Elum, en su declaración judicial como detenido, dijo que Corbín se ofreció a ayudar para conseguir la contrata y que le exigió dos tercios de sus honorarios, es decir, 1,7 millones de euros.
Dijo también que si Corbín no hubiese sido cuñado de Rita Barberá, «ni Corbín le hubiese planteado ese acuerdo ni el declarante habría hablado con Corbín sobre el compromiso que había adquirido con Acciona».
El pago del supuesto soborno
Tras la fructífera adjudicación de Acciona Aguas del contrato de saneamiento por 129 millones de euros, entre el 21 de mayo de 2007 y el 2 de febrero de 2009 esta mercantil abonó en cinco transferencias un total de 2,56 millones de euros al despacho de Elum, el cual, inmediatamente después, transfirió dos tercios de esos fondos al despacho Corbín Abogados.
La UCO destaca en su informe, además, que esas supuestas mordidas no fueron abonadas por Acciona sino que esta firma las repercutió a la UTE adjudicataria en cinco facturas con el concepto «gastos de licitación», cuyos importes coinciden exactamente con el importe inicialmente facturado por el despacho de Elum.
Los pagos efectuados por Elum a Corbín «se enmarcan en un proceso de facturación ficticia, articulado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a los movimientos de fondos», y el propio Elum declaró, según se refleja en el informe de la Guardia Civil, que «nunca hubo ningún informe, ningún dictamen ni ninguna actividad por parte de Corbín Abogados».
Regalos de Navidad
En otro apartado del informe, la UCO hace referencia a los regalos de Navidad (artículos de lujo) que efectuó Acciona entre 2004 y 2008 a varios miembros de la corporación que lideraba Rita Barberá, entre ellos los concejales Alfonso Grau, Silvestre Senent o Ramón Isidro.
Entre los regalos que percibió Barberá constan un bolso de Louis Vuitton, pañuelos y monederos de reconocidas marcas cuyo importe asciende a cerca de 8.000 euros en el referido periodo.
