Más del 68% de los ayuntamientos valencianos no presentaron el presupuesto en el plazo marcado

El 29% de las entidades locales no aprobó sus cuentas generales de 2022 en tiempo y forma, mientras el endeudamiento municipal creció a niveles preocupantes a pesar del aumento en el remanente de tesorería

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El último informe de la Sindicatura de Comptes sobre la fiscalización de entidades locales, referente al ejercicio 2022, subraya el relevante incumplimiento de los plazos presupuestarios. El 68% de ayuntamientos que no aprobaron el presupuestos dentro del plazo legal. Partiendo de la base que hay 542 municipios en la Comunitat Valenciana, significa que 372 corporaciones no cumplieron los deberes en tiempo y forma.

La Sindicatura de Comptes, según la Ley de la Generalitat Valenciana, es la encargada de realizar este control de las cuentas públicas a las diferentes entidades locales (municipios, mancomunidades, provincias) para asegurar una correcta gestión de los fondos públicos.

El informe, publicado en julio de 2024, hace referencia al ejercicio de dos años atrás. Las razones se derivan a que las diferentes entidades tienen como plazo máximo para entregar todos los documentos correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2023.

De hecho, un año antes de que se celebraran las últimas elecciones municipales ha habido cinco ayuntamientos que presentaron su cuentas de forma tardía alargando esta obligación hasta el 30 de abril de 2024. Según el propio organismo, esto se trata de un «incumplimiento muy grave de quién gestiona los fondos públicos». Por provincias, los ayuntamientos inclumplidores de Alicante han sido Benigembla (400 habitantes), Ibi (23.000 habitantes) y Xixona (6.800 habitantes). De Valencia solo aparece Bétera (23.000 habitantes) y de Castellón. Teresa (250 habitantes).

Las cuentas generales tampoco se entregan

Más allá de que dos de cada tres ayuntamientos no hayan cumplido con su obligación presupuestaria en tiempo y forma, el 29% de ellos no llegaron a aprobar correctamente las cuentas generales, que aseguran la rendición de cuentas, la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.

Entre los problemas que han conllevado esta situación, la Sindicatura de Comptes ha destacado un saldo de tesorería insuficiente para cubrir los gastos generales, ejercicios con resultados financieros en números rojos o la falta de previsión sobre importes que probablemente no se cobrarán, lo que afecta al remanente final de tesorería.

Por otra parte, el 73% de las entidades locales presentaron sus cuentas generales del ejercicio de 2022 dentro del plazo legal, lo que representa una disminución de cinco puntos respecto el ejercicio anterior. Hasta el 31 de diciembre de 2023, el número de entidades que rindieron cuentas ascendió al 96%, un punto por debajo del año anterior.

Como se puede observar en el gráfico anterior, la evolución en cuatro años se muestra eminentemente a la baja en la aprobación y en la elaboración de las cuentas generales respecto el año 2019. Por otra parte, la aprobación del presupuesto, que siempre ha mantenido unos niveles muy bajos, ha aumentado seis puntos desde 2018 hasta 2022. Lo mismo sucede con la liquidación del presupuesto, que se trata de balance para verificar cómo se han gestionado las finanzas municipales a lo largo del año.

Un resultado positivo, pero a costa de endeudarse

A pesar de estas incidencias, el resultado del 2022 fue positivo para todas las entidades, pero mejorando solamente un 0,6% hasta los 706.859 millones de euros. En cuanto al remanente de tesorería, que se refiere a la cantidad de dinero que queda en la administración pública local luego de haber realizado todos los pagos y cobros, ha aumentado menos de dos puntos.

Este indicador, pese a ser un dato clave que mide la liquidez de la entidad local, no compensa el incremento tan elevado del endeudamiento. Según recoge el propio informe, ha tenido una evolución desfavorable en el periodo 2021-2022, al aumentar la dependencia de esta fuente de financiación en más de tres puntos, cambiando la tendencia del ejercicio anterior, en el que disminuyó un 5,7%.

De hecho, los ayuntamientos han sido la cuarta entidad que más se han endeudado hasta los 3.300.000 millones de euros. Aun así, la deuda por habitante ha disminuido cerca de un 15%.

Más control y más seguridad

Para ir subsanando todas estas deficiencias de la infraestructura municipal, la Sindicatura de Comptes reitera la necesidad de cumplir con el ciclo presupuestario, fortalecer el control interno y corregir las anomalías detectadas.

Además, subraya la importancia de una estructura eficiente y sostenible en el sector público local empresarial y la implementación de controles de ciberseguridad, ya que el último informe del Centro de Seguridad TIC (CSIRT-CV) cifraba como infraestructuras vulnerables a estos ayuntamientos.

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