Los alcaldes de Valencia, Granada, Córdoba y Jaén exigen al Gobierno paralizar el cupo catalán

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha reunido este miércoles en el Ayuntamiento con los alcaldes de Granada, Córdoba y Jaén para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la paralización del cupo catalán.

La reunión, a la que ha asistido también la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rocío Cortes, ha servido también para pedir al Ejecutivo que atienda «la reforma del sistema de financiación local», alegando que los municipios son la primera instancia a la que acuden los vecinos.

Los alcaldes han exigido que esta reforma se haga a la par de la financiación autonómica y que, como primera medida, se adopte «una modificación de la Ley de las Haciendas Locales» con el objetivo de que la financiación local «se calcule sobre los ingresos brutos de la recaudación del Estado».

«Esta es la única forma de que la financiación local no se vea mermada por las siguientes concesiones a los independentistas», han resaltado los funcionarios, asegurando que el cupo catalán supondrá «una merma financiera para los municipios«.

Condiciones igualitarias

Catalá ha adelantado que, si el cupo catalán se convierte en ley, el Ayuntamiento de Valencia llevará su impugnación al Tribunal Constitucional mediante un conflicto en defensa de la autonomía local.

«El cupo catalán supondrá la ruptura de la caja común de la solidaridad territorial y los municipios perderán recursos económicos», ha explicado, calificando esta medida como «ataque al municipalismo».

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha sumado a esta defensa y pide la reforma de la financiación local «para estar en igualdad de condiciones que las comunidades autónomas”. Ha agregado que no puede ser posible que los ayuntamientos y vecinos sean «los que paguen ese cupo catalán».

Por su parte, la representante de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado la importancia de proteger la calidad de vida de las ciudades y la prestación de los servicios públicos, los que se verían afectados con la financiación catalana.

Por último, Agustín González, alcalde de Jaén, ha precisado que la calidad de vida depende de «una financiación justa», que debe ser «equiparable para todos los ciudadanos».