El plan de vivienda de Alicante: 6.000 viviendas nuevas y un nuevo bono joven de alquiler

El Ayuntamiento de Alicante presentó ayer, durante el debate del estado de la ciudad, un ambicioso plan de vivienda que contempla la construcción de 6.000 nuevas viviendas y la creación de un bono joven de alquiler. Este bono, con una ayuda de hasta 350 euros, pretende facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes, cubriendo gastos relacionados con el alquiler. Además, ha indicado que de la totalidad de viviendas construidas, 2.000 serán de titularidad pública.

De este modo, ambas iniciativas propuestas por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, buscan paliar el grave desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda que afecta a la ciudad, donde la escasez de inmuebles disponibles ha elevado considerablemente los precios.

La propuesta tiene como objetivo aliviar esta situación y se suma así a otras medidas implementadas por administraciones cercanas, como el Ayuntamiento de Valencia. Su alcaldesa, María José Catalá, fue la primera en anunciar la liberalización de suelo, también durante el debate de la capital del Turia.

Liberar suelo para equilibrar la oferta-demanda

Este plan de liberalizar suelo, propuesto por el Ayuntamiento de Alicante, tiene como objetivo ofrecer más espacio para la construcción de nuevas viviendas, buscando equilibrar una oferta claramente insuficiente para la creciente demanda. Según un estudio realizado por un grupo de investigación de la Universidad de Alicante (UA), la provincia precisa en la actualidad de 27.000 viviendas, de las que alrededor de 18.000 tendrían que ser de protección oficial.

El alcalde ha destacado que uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura es «paliar las dificultades para el acceso a la vivienda». Y que para ello el Ayuntamiento está trabajando en varias líneas de actuación.

Concretamente, ha anunciado que se está tramitando el plan parcial del sector PAU 9, Lomas de Garbinet, donde quieren crear un nuevo barrio al noroeste de la ciudad, en el límite con San Vicente del Raspeig, que contará con un millar de nuevas viviendas, de las que unas 300 serán de protección pública. Este nuevo sector urbanístico contará además con 458.000 metros cuadrados de infraestructura verde con un «gran parque público».

Esta estrategia que adoptan Barcala y Catalá se desmarca de las políticas que abandera la izquierda en el ámbito de la vivienda, donde la intervención del gobierno se centraba en la rehabilitación y en políticas de tanteo y retracto para la compra de viviendas vacías.

Alabanzas a Mazón y reproches a Sánchez

El Plan Vive, impulsado por el gobierno autonómico valenciano bajo la dirección del popular Carlos Mazón, es otra medida clave en la estrategia de vivienda en la Comunitat Valenciana. En ese sentido, el alcalde de Alicante ha anunciado que el consistorio alicantino ha puesto ocho solares a disposición de Generalitat, como uno de los 260 municipios adheridos a dicho plan.

Tanto es así que Barcala ha alabado el trabajo del nuevo ejecutivo valenciano, que «ha hecho más en un año que el Botànic en ocho, cosa que no era difícil porque no hicieron nada». Por otra parte, ha aprovechado para dirigir su mirada hacia el Gobierno de España, a quien afea que la provincia se encuentre a la cola de las inversiones estatales.

En cuanto a hoja de ruta que prevé el Plan Vive, se trata de la construcción de 10.000 viviendas a lo largo de la legislatura, y para ello el Consell necesita que los ayuntamientos, incluido el de Alicante, le cedan suelo público donde poder desarrollar estos proyectos. La colaboración entre el gobierno local de Barcala y el Consell es esencial para asegurar la viabilidad de estas iniciativas, que buscan abordar la accesibilidad a un bien caro y preciado, especialmente entre los jóvenes.

Mazón ha hecho más en un año que el Botànic en dos legislaturas

Con respecto al plan, la oposición valenciana, encabezada por el PSPV, ha dicho recientemente que se ha anunciado «a bombo y platillo» hace seis meses, pero que «no cuenta ni con un metro cuadrado de suelo cedido en toda la Comunitat Valenciana para construir vivienda pública».

Sintonías con Sánchez por el bono de alquiler

El bono joven de alquiler anunciado por Barcala, que no tiene precedentes en la política alicantina, sí recuerda a la medida implementada por el gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, que ha ‘revendido’ el Bono Alquiler Joven, un programa en vigor desde el año 2022 y dotado con 200 millones de euros, como respuesta a las manifestaciones masivas por el derecho a la vivienda de este domingo.

Aunque ambos bonos comparten el objetivo de mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda, la diferencia radica en su implementación. Mientras que el bono de Sánchez ya fue adoptado a principios de 2022, la propuesta de Barcala es nueva y pretende adaptarse a las necesidades actuales de los jóvenes en Alicante para cubrir gastos relacionados con el alquiler o la fianza, también con una cuantía mayor de 150 euros.

Reacciones de la oposición al «plan del humo»

La oposición en el Ayuntamiento de Alicante no ha tardado en reaccionar a los anuncios de Barcala. Desde EU-Podemos y Compromís, se tildaron las promesas del alcalde como «humo», acusándolo de no haber cumplido con los proyectos anunciados en anteriores legislaturas. Mientras tanto, Vox ha sido más moderada en su respuesta, apoyando la necesidad de construir más viviendas, pero pidiendo un enfoque más directo en la gestión de la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras urbanas.

El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha utilizado un relato ficticio sobre Clara, una joven del barrio de San Blas, en el que ha hecho hincapié en problemas como la falta de sombraje en las calles, las listas de espera para pisos de alquiler social, o las consecuencias del auge del alquiler turístico en los barrios.

Sobre la situación de la vivienda ha respondido: «Hay cientos de personas enfrentando desahucios cuando hay 16.000 viviendas vacías. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitirlo?», se ha preguntado. Al mismo tiempo, Copé ha indicado que el «aumento desmedido» del turismo no tiene ningún tipo de repercusión en las arcas municipales por lo que ha reclamado la aplicación de una tasa turística.

Por la parte socialista, Ana Barceló, la que fue consellera de Sanidad durante la pandemia, ha criticado que «pese a sus promesas, no han construido una sola vivienda pública en seis años», quien también ha recordado que los proyectos de alojamientos sociales anunciados por el gobierno de Barcala se vienen sucediendo para las mismas ubicaciones, sin llevarse a cabo, desde el año 2020. Al respecto, el pacto planteado por el PSOE aboga por medidas como la aplicación de bonificaciones tributarias para la construcción de Viviendas de Protección Oficial.

Fomentar la natalidad y la movilidad verde

Además del plan de vivienda y el bono joven, Barcala ha anunciado otras medidas durante el debate. Entre ellas destacan duplicar el presupuesto destinado a Servicios Sociales, la creación de un «cheque bebé» de 300 euros para familias con recién nacidos, y la ampliación de plazas en escuelas de verano para personas vulnerables.

En el ámbito de la movilidad, se prevén nuevos aparcamientos disuasorios en los barrios de Juan XXIII y Tómbola, así como la renovación del bulevar de José Garberí. Cada uno de estos anuncios ha generado diversas reacciones en los partidos de la oposición, quienes han destacado la falta de concreción y la lentitud en la ejecución de los proyectos del equipo de gobierno.

Por lo que respecta al ámbito turístico, que Barcala ha tildado de gran motor económico, prevé seguir enfocándose en el turista extranjero, al mismo tiempo que se pondrá en marcha el ya anunciado cobro de entradas en monumentos y museos de la ciudad, como el castillo de Santa Bárbara.

La «grave crisis social» que vive Alicante, según la oposición

Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, denunció una «grave crisis social» en Alicante, destacando que los Servicios Sociales han pasado de atender a 22.000 personas en 2018 a más de 45.000 en 2023.

Rafa Mas, portavoz de Compromís, afirmó que Alicante «está sumida en el abandono» y criticó al gobierno de Barcala por devolver 10 millones de euros en subvenciones no utilizadas. Mas también señaló irregularidades en la gestión de residuos y en proyectos urbanísticos, como el hospital privado de Vistahermosa, que superó el límite de altura permitido. Además, acusó al PP de incoherencia en sus promesas de reducir gastos mientras contrataba nuevos directores generales.

Por último, la portavoz del PSOE cuestionó la falta de transparencia y la «falta de legalidad» del gobierno de Barcala, aludiendo a recientes polémicas urbanísticas. Para solucionarlo, Barceló propuso dos pactos: uno por la vivienda y otro por los barrios. También advirtió sobre el impacto de la falta de regulación de las viviendas turísticas en los precios de alquiler y señaló que las inversiones anunciadas por Barcala, como Alicante Futura, son proyectos «reciclados» de ejercicios anteriores.