Alicante pide al Consell la cesión de competencias para la inspección y sanción de los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Alicante, cuyo alcalde es el popular Luis Barcala, ha anunciado que endurecerá las medidas de control sobre las viviendas de uso turístico, en consonancia con el nuevo decreto aprobado por la Generalitat Valenciana, que otorga a los municipios mayor autonomía para regular y sancionar este tipo de alojamientos con multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros.

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha señalado que la ciudad será «inflexible en la persecución de irregularidades» y que las sanciones se impondrán con firmeza a quienes operen al margen de la legalidad.

«Nos tomamos muy en serio el control de las viviendas de uso turístico en nuestra ciudad y seremos inflexibles a través de la inspección y la imposición de sanciones correspondientes», declaró Gómez. Además, recalcó que no es suficiente con estar registrado en la Conselleria de Turismo, sino que también es imprescindible obtener la compatibilidad urbanística y la licencia de actividad para operar legalmente.

Mayor autonomía para los municipios

La nueva normativa de la Comunitat Valenciana permite a los ayuntamientos asumir un mayor control en la gestión y sanción de las viviendas turísticas ilegales. Esta cesión de competencias por parte del gobierno autonómico, presidido por Carlos Mazón, agilizará los procedimientos de inspección y sanción, una medida que ha sido bien recibida por el Ayuntamiento de Alicante.

«Agradecemos al Consell de Carlos Mazón que dé la oportunidad a los ayuntamientos de gestionar de forma directa estos procedimientos sancionadores, ya que esta cesión de competencias agilizará y optimizará los procedimientos», añadió Gómez.

Uno de los puntos más destacados de la nueva normativa es que permite a los ayuntamientos decidir el modelo de ciudad que desean, otorgándoles la capacidad de limitar el número y uso de las viviendas turísticas en función de las necesidades y características de cada municipio. Esta autonomía es especialmente relevante para ciudades como Alicante, donde la proliferación de pisos turísticos ha tenido un impacto en la convivencia vecinal.

Alicante lidera en la proliferación de los pisos turísticos

El decreto establece que todas las viviendas turísticas deben comunicar su referencia catastral antes del 31 de agosto, con la amenaza de ser eliminadas del registro en caso de incumplimiento. También introduce la obligación de renovar cada cinco años la declaración responsable presentada en la Generalitat para obtener la autorización de actividad, lo que garantizará una oferta adaptada a los cambios normativos y a las necesidades del mercado turístico.

De este modo, el crecimiento desordenado de los pisos turísticos en Alicante ha sido motivo de preocupación tanto para el Ayuntamiento como para los residentes. Según los datos facilitados por la Generalitat, el número de viviendas turísticas registradas ha pasado de 38.319 en 2015 a 105.111 en 2023, un incremento del 160% en ocho años. Además, el INE ha confirmado en su Encuesta sobre este tipo de alojamiento que Alicante lidera el número de apartamentos turísticos de la Comunitat con más de 19.000.

“El incremento desordenado de apartamentos turísticos afecta a todas las autonomías, y es crucial que los ayuntamientos tengamos herramientas para controlar este fenómeno”, ha afirmado Gómez.

El nuevo marco legal, conocido como «decreto Montes», también prevé el uso de inteligencia artificial para detectar viviendas ilegales y campañas de sensibilización para animar a los propietarios a registrar sus alojamientos. La colaboración entre plataformas de reservas, ayuntamientos y cuerpos policiales será clave para detectar y sancionar las irregularidades.