El modelo valenciano de supermercado: dinamismo, proximidad y desafíos en el horizonte

La Comunitat Valenciana es un claro referente cuando se habla de supermercados y distribución alimentaria. Hace menos de un mes, desde la ciudad de Valencia, presentamos junto a Asedas (nuestra asociación nacional), un informe sobre Supermercados en la Comunitat Valenciana, arrojando luz sobre el dinamismo y la vitalidad que ostenta la distribución alimentaria valenciana.

Nuestra Comunitat cuenta con más de 14.000 establecimientos de alimentación. De esta cifra, un notable 16% (2.300) son supermercados y autoservicios. Es una señal de accesibilidad cuando el 97,6% de la población residente tiene un supermercado en su municipio. Incluso en tiempos de desafíos económicos y políticos, el sector ha sido una verdadera locomotora de crecimiento, como lo señala el informe anual de la Distribución Comercial de la Comunitat Valenciana elaborado por Pateco, siendo el sector que más superficie neta de crecimiento aporta al conjunto del sector.

350 supermercados nuevos desde 2020

Desde 2020, la Comunitat Valenciana ha visto un incremento en la superficie neta de distribución alimentaria organizada (gran consumo) de 73.000 metros cuadrados. Este crecimiento representa aproximadamente 350 nuevos supermercados en un periodo relativamente corto. Además de la expansión, se ha llevado a cabo una renovación significativa. Alrededor del 50% de la planta comercial ha sido renovada en los últimos 5 años, lo que resulta en tiendas más eficientes desde el punto de vista energético. Estas tiendas recién reformadas han conseguido reducir su consumo energético entre un 35% y 40% en comparación con las convencionales. Las emisiones derivadas de la logística también han descendido en un 20%.

Más allá de los números, el comercio minorista en la región juega un papel vital en muchos aspectos. Desde asegurar el suministro de bienes esenciales hasta contribuir a la sostenibilidad medioambiental. Es un sector que representa el 12,3% del PIB y el 12,9% del tejido empresarial valenciano, generando unos 220.000 puestos de trabajo. Es especialmente notable que el 75% de las personas empleadas en el sector tienen contratos indefinidos y son en su mayoría mujeres.

El sector no sólo ha demostrado su fortaleza económica, sino también su capacidad de adaptación. Durante la reciente crisis sanitaria, ha mostrado una respuesta rápida para satisfacer las necesidades cambiantes de la población, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los clientes y empleados. Sin embargo, no está exento de desafíos.

Según el último Estudio CEOE sobre calidad institucional aplicada al comercio realizado por el Instituto de Estudios Económicos, el comercio en España está sometido a una avalancha de normativas. Estas 3.000 reglas, que provienen de diferentes niveles de gobierno, están afectando la operación diaria. Diariamente, se crean 2,7 nuevas normas. El impacto económico de estas reglamentaciones es alarmante, llegando a detraer 8.840 millones de euros del consumo anualmente y costando cerca de 1.700 millones de euros a las empresas. Esto infla los precios, con un incremento de hasta 1,7 puntos en el IPC que, inevitablemente, se refleja en los bolsillos de los consumidores.

Patsecova, Ley de Cambio Climático y ZBE, desafíos para la Comunitat

La situación en la Comunitat Valenciana es un reflejo de esta tendencia. Documentos normativos autonómicos como el Patsecova o el proyecto de Ley de Cambio Climático plantean desafíos adicionales. En el plan territorial de comercio (Patsecova) sería necesario una revisión de determinados artículos que suponen un perjuicio para el sector de la distribución valenciana al querer incorporar una burocracia que actualmente no existe para los establecimientos comerciales inferiores a 2.500 metros cuadrados de superficie comercial.

Asimismo, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana introduce nuevas cargas impositivas a vehículos de tracción mecánica y tiene proyectado un impuesto sobre grandes superficies comerciales (por encima de 2.500 metros cuadrados). Estas no son medidas desde nuestro punto de vista justificadas ni proporcionales o de interés general.

Por otro lado y con una mirada mucho más local pero muy reciente, aparecen las recién creadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que son una respuesta necesaria al cambio climático, pero la redacción de los borradores de las ordenanzas municipales que han ido publicándose están creando confusión y contradicciones, afectando, por ejemplo, a servicios como la entrega a domicilio o incluso al acceso al parking por parte de los clientes. Cada ayuntamiento está desarrollando su propia normativa bajo una mirada muy limitada a lo local y muchas veces sin las consultas previas necesarias con los agentes económicos.

«Es necesaria una revisión y armonización de la normativa, que garantice un marco simplificado y coherente, alineado con la UE»

Ante este panorama, es necesaria una revisión y armonización de la normativa, que garantice un marco simplificado y coherente, alineado con la UE. Se necesita un equilibrio, donde se reduzcan las cargas administrativas y se apueste por las declaraciones responsables, allá donde sea posible, impulsando los organismos de control autorizados (OCA) y abogando por una regulación normativa que responda a razones imperiosas de interés general y resulte necesaria y proporcionada a los objetivos que pretendan conseguirse.

La Comunitat Valenciana ha demostrado tener un modelo de supermercado robusto, centrado en la proximidad y el dinamismo. Sin embargo, es esencial un reconocimiento público y una regulación inteligente para garantizar que continúe prosperando y desempeñando su papel esencial en la sociedad. Porque, al final del día, el comercio es el corazón palpitante de la economía local.