¿El sector agrario es sostenible?

Durante las últimas semanas se han sucedido numerosas movilizaciones del sector agrario. La chispa de la protesta prendió el pasado enero de la mano de agricultores franceses, alemanes y belgas, y progresivamente se han unido los de otros muchos países de la Unión Europea. La principal reivindicación de quienes protestan es el derecho a ganarse la vida dignamente tanto ellos como las generaciones futuras, así como garantizar la soberanía alimentaria. Para ellos sus principales amenazas son el incremento de los costes, las políticas de la Unión Europea, las importaciones de productos más competitivos por aplicación de normativas más laxas y finalmente el precio que reciben por su producción.

Según el censo de 2020 tenemos 906.916 explotaciones que ocupan una superficie de casi veinticuatro millones de hectáreas, el 49% del territorio nacional, de las cuales 463.668 explotaciones (el 51%) son de menos de cinco hectáreas, y solamente 55.783 (el 6%) son mayores o iguales a cien hectáreas. Las explotaciones menores de cinco hectáreas están en manos de personas físicas en el 97,5% de los casos, mientras que las mayores de cien hectáreas pertenecen en el 76% de los casos a personas físicas y en el 14% a personas jurídicas. Podemos concluir que la mayoría de las explotaciones están gestionadas por familias, tienen un tamaño pequeño y están muy parceladas, cosa que dificulta la realización de inversiones, especialmente mecánicas, que mejorarían la productividad.

Desde el punto de vista económico el sector supone un 2,3% de nuestro PIB. En el 2022 generó un valor añadido bruto (resultado económico final de la actividad productiva) de 31.483 millones de euros, un 5,6% menos que el año anterior. Durante aquel año ocupó al 3,8% de las personas de nuestra economía, unas setecientas setenta y cinco mil, siendo veintiocho mil menos que el año anterior.

Además, el 40% de las personas ocupadas en este sector tienen una edad superior a los cincuenta años y la tasa de asalariados es del 63%. Pero estos datos no nos pueden llevar a engaño cayendo en el error de pensar que el sector no tiene importancia. Lo cierto es que el agrario es un sector de una enorme importancia estratégica, y lo es por varios motivos.

En primer lugar, su principal función es la producción de alimentos, la protección del medio ambiente y el desarrollo rural, todos ellos objetivos de la Política Agraria Común (PAC), creada en 1962. El principal objetivo de la PAC, en un principio, era asegurar el suministro estable de alimentos de la población europea para no depender de las importaciones.

Desde entonces se han producido varias reformas, la última entró en vigor el 1 de enero de 2024 e introduce las iniciativas resultantes del intenso trabajo realizado por el lobby ecologista en Bruselas como son los eco-regímenes y el endurecimiento de las “normas de buenas prácticas” que deben cumplir los agricultores para recibir los pagos de la PAC (que representa el 31% del presupuesto de la UE) y que no tienen que cumplir los productores exteriores.

Esta reforma, aunque ahora no lo parezca, fue aprobada en el Parlamento Europeo con el voto favorable de los eurodiputados españoles del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista Europeo, salvo un voto en contra y dos abstenciones del primero y cinco votos en contra y dos abstenciones del segundo.

El problema está en la distribución de forma adecuada y proporcional del precio que se paga por el consumidor a lo largo de la cadena de valor

En segundo lugar, el sector es un importante consumidor de bienes de producción intermedia. Para llevar a cabo su producción necesita semillas, fertilizantes, piensos, combustibles, agua, maquinaria, servicios veterinarios, de ingeniería, seguros, mecánicos, etc. Así el sector en 2022 consumió en España unos 35.200 millones de euros, y sí, es mayor que el valor añadido del sector, concretamente es el 2,5% del PIB, y el valor de esos consumos está aumentando estos años por la inflación.

Y en tercer lugar, el sector produce consumos intermedios para otros sectores como son la industria, en especial la agroalimentaria que supone un 2,5% del PIB, o los servicios; así por ejemplo produce las uvas de las que después se harán nuestros vinos, las olivas que serán nuestro aceite, y los innumerables productos de excelente calidad que llevarán a las mesas las cadenas de distribución, nuestra hostelería y también esos magníficos restaurantes con estrellas Michelin.

Entonces, ¿por qué no se incrementa la renta agraria? Existen dos motivos, el primero es el incremento de los costes y el gradual aumento de los salarios. El segundo es el precio que recibe el productor, que difícilmente cubre los costes y ni de lejos cubre el riesgo que supone una producción que depende no solamente de la oferta y de la demanda, sino también de la meteorología que fácilmente puede destruir una cosecha, bien por la falta o el exceso de lluvias o una helada cualquier madrugada.

Respecto de la oferta, el sector puede adaptar difícilmente la producción a la demanda que se tiene que estimar en el momento de hacer la siembra. Por ejemplo, el trigo se siembra a principios del otoño y se cosecha a principios del verano, esto hace que no se pueda modificar la oferta en función de la demanda durante la producción, igual sucede con los árboles que tardan varios años en dar frutos.

Desde mi punto de vista el problema está en la distribución de forma adecuada y proporcional del precio que se paga por el consumidor a lo largo de la cadena de valor. Veamos un ejemplo con un producto que tiene poca transformación: la almendra natural comuna, que cuesta producirla en torno a los 3,24 euros el kilo. Cuando la compramos en un supermercado que dice tener siempre precios bajos, la pagamos a 9,86 euros el kilo mientras que al agricultor se la pagan a 3,20 euros, un tercio del precio.

Esto no lo resuelve la Ley de la Cadena que centra sus esfuerzos en evitar que el precio de venta no sea inferior al precio de compra, además a nadie le gusta vender a pérdidas y de hacerlo es porque las circunstancias obligan, el problema es el reparto desigual del precio.