La responsabilidad y las inversiones preventivas

Si una persona dispara a otra y la víctima muere porque la ambulancia tarda demasiado en llegar, ¿quién es el culpable? El que dispara o la ambulancia por llegar tarde.

Cuando ocurre una tragedia, la pregunta sobre quién es el culpable suele surgir como una necesidad colectiva de encontrar respuestas y asignar responsabilidades. Este dilema cobra especial relevancia al analizar las más de doscientas víctimas mortales que la DANA ha dejado en las poblaciones de Valencia. ¿Es la naturaleza implacable la única responsable, o los errores humanos también juegan un papel fundamental?

La ciudad de Valencia es un ejemplo de cómo la planificación y la inversión en infraestructuras pueden mitigar el impacto de desastres naturales. Tras la devastadora riada de 1957, se construyó el nuevo cauce del río Turia, una obra que desvió el curso del río para proteger el núcleo urbano. Esta decisión, tomada durante la dictadura, ha demostrado su efectividad: durante esta última DANA, Valencia ciudad permaneció a salvo, mientras otras áreas menos preparadas enfrentaron toda la furia de las lluvias torrenciales.

Sin embargo, fuera de la ciudad, la situación fue muy diferente. Los barrancos desbordados y la ausencia de presas adecuadas y reparación de barrancos para contener las aguas dejaron a numerosas poblaciones en una situación de extrema vulnerabilidad. En retrospectiva, si se hubieran construido estas infraestructuras esenciales, cuya responsabilidad recae en el Gobierno central, es probable que los efectos de la tragedia hubieran sido mucho menos devastadores.

Esto plantea una reflexión inquietante: ¿por qué no se invirtió lo suficiente en prevención, cuando los costos habrían sido insignificantes en comparación con los gastos de reconstrucción y, más aún, con la irreparable pérdida de vidas humanas?

La Generalitat Valenciana también tiene parte de responsabilidad en este desastre. Aunque la construcción de grandes infraestructuras, como presas o canalizaciones, hubiera excedido sus competencias, una gestión más eficiente podría haber mitigado los daños. Fallos como la falta de alertas tempranas o la ineficaz coordinación en los momentos más críticos agravaron la tragedia.

La falta de inversión en prevención no es únicamente un problema técnico, sino también ético y político. Las autoridades suelen priorizar la reconstrucción tras un desastre porque las imágenes de destrucción generan empatía inmediata en la ciudadanía, mientras que las inversiones preventivas pasan desapercibidas. Sin embargo, estas últimas son las que marcan la diferencia entre un desastre natural y una catástrofe humanitaria.

Es urgente que esta tragedia se convierta en un punto de inflexión. Las autoridades, tanto locales como nacionales, deben aprender de los errores del pasado y priorizar las inversiones en infraestructura preventiva. Desde la construcción de presas hasta el mantenimiento adecuado de los barrancos, las medidas deben ser proactivas, no reactivas. Además, se necesita una mejora en los protocolos de emergencia, con sistemas de alerta temprana más efectivos y una coordinación ágil que minimice las futuras DANA, que seguro volverán.