Alarma habitacional 

A estas alturas, nadie discute que existe una alarma habitacional en nuestro país. La falta de viviendas a precio «razonable», entendiendo por «razonable», las que puede pagar los sectores más desfavorecidos, jóvenes, mayores y vulnerables, se ha convertido en una necesidad perentoria. 

Los anuncios, tanto del gobierno central, como los autonómicos y los grandes municipios, de centrar como uno de los pilares básicos de sus políticas de la presente legislatura la creación de un gran parque de viviendas públicas o la colaboración público-privada para poner en carga suelos públicos para construcción de viviendas de alquiler social o venta de viviendas a precio tasado se han generalizado.  

El resultado inmediato y reciente de todos estos concursos, sin embargo, no ha podido ser más decepcionante. Concursos en su inmensa mayoría que han quedado desiertos y no han conseguido llamar la atención de los inversores, evidentemente porque no han encontrado en los concursos realizados suficientes garantías económicas y seguridad jurídica que les haya incitado a su participación o simplemente los estudios de viabilidad con los condicionantes requeridos no han dado el resultado necesario para animar a los inversores. 

Es pues necesario reflexionar qué es lo que ha pasado, cuáles son los puntos débiles de los modelos y qué nuevas medidas hay que implementar para transformar estos evidentes fracasos en éxitos hoy más necesarios que nunca. 

En nuestra comunidad se ha anunciado como uno de los ejes centrales la creación de 10.000 viviendas en un ambicioso plan de poner masivamente los suelos públicos en carga, ya sean autonómicos, o locales. Este plan, que desde luego no logrará cubrir la necesidad de una demanda cada vez más acuciante, si contribuirá a la mejora de la posición angustiosa que hoy vive nuestra comunidad, donde los tres grupos mencionados difícilmente pueden acceder a una vivienda en propiedad y ni tan siquiera en alquiler. Por eso, por lo ambicioso del proyecto, por la necesidad acuciante de la población, no podemos permitirnos fallar. 

A uno le consta el enorme esfuerzo que está realizando el gobierno valenciano para movilizar el suelo público y buscar la colaboración público-privada para poder acometer semejante proyecto. También me consta el interés del sector de la promoción y el cooperativismo por contribuir en lo posible a que este plan salga adelante. 

Dicho lo dicho, de que todos los actores están alineados para participar en esta función y que sean un éxito es una labor de todos conciliar los procedimientos para que éstos sean coherentes, viables y suficientes y le corresponde al gobierno autonómico poner las herramientas necesarias para que se pueda llegar a buen fin. 

Me gustaría exponer algunas ideas que creo que están en la mano de los gobiernos y pertenecen a decisiones de la esfera política hacerlas y que creo que podrían ayudar, y mucho, a la activación y éxito de este programa. Alguna de las ideas responden a decisiones del gobierno de la nación y otras pueden son decisiones autonómicas. 

En primer lugar, hay un paquete de medidas fiscales a las que se ha hecho poco o tímidos caso y son importantes. Me pregunto que si la vivienda es un derecho reflejado en nuestra Constitución, cuál es el problema de eliminar (y digo eliminar, no rebajar) el IVA a pagar cuando se trate de una primera vivienda. Recordemos que en una nueva promoción el IVA es el 10% que sería rebajado de manera inmediata. Se podría decir que la pérdida de esa recaudación no es viable, pero quizás no se ha analizado el incremento de recaudación que supondría poner en marcha un sinfín de nuevas actuaciones y las repercusiones fiscales positivas que supondrá esa activación. En la misma línea el poder deducirse el IVA de los alquileres también es una medida necesaria, para poder impulsar ese mercado. 

De cara a los promotores, habrá que reflexionar sobre ese coeficiente de Actos jurídicos documentados de los créditos promotor. ¿Por qué no se reduce ostensiblemente y con valentía? Esta es una decisión autonómica que el gobierno actual llevaba en su programa (bajar del 2% actual al 1% ) pero hay que preguntarse por que no ser más ambicioso. Si se logra activar este programa de 10.000 viviendas la reducción drástica de esa tasa vendrá compensada por el ingente volumen de operaciones que se harán. 

De cara los clientes y a los promotores, hay que reflexionar cómo implicar en este proceso a la banca comercial que al final es pieza necesaria en la realización de esta macro operación. Estudiar como primar el tipo de intereses que permita una reducción de los mismos sería interesante. 

Y por último, hay que reflexionar sustituir la línea de crédito ICO que al final sentencia la banca por la emisión de avales públicos por el 20% del coste de entrada de la compra de una vivienda para que el banco pueda facilitar el 100% de la financiación.

Alguna de estas medidas ya se están estudiando y otras ni siquiera pensando cuando el conjunto de todas ellas es vital para que el plan se lea como un éxito dentro de unos años. También caben deducciones fiscales en la renta como hemos tenido antaño todos los españoles, siempre que sea primera vivienda. 

Otro tema importante son los estudios de viabilidad y los resultados que nos arrojen. El ser riguroso con los costes reales nos permitirá arbitrar y orquestar las medidas necesarias para que el plan sea un éxito. Mientras que el valor del alquiler o venta esté tasado y la ayuda del gobierno autonómico esté topada me temo que será difícil llegar a una solución en una ecuación que no tiene grados libres. Es evidente que hay que construir y mejorar los costes de construcción pero no podemos soñar con imposibles y pensar que se puede construir a cualquier precio. Habrá que pensar en medidas de apoyo complementarias del gobierno autonómico si las ayudas nacionales no son suficientes para darle viabilidad a los proyectos lo que no nos sirve a nadie, ni al gobierno, ni al sector, ni al cliente final. 

Por último, una vez planteadas todas las herramientas, ayudas, medidas y haber involucrado al sector bancario, a las instituciones de la administración y al sector privado y estar todos convencidos de la viabilidad del plan, hay que trocear éste convenientemente para dar entrada al mayor número de empresas que permitan «acelerar» la disposición de dichas viviendas, es el último escalón para obtener el éxito buscado. 

Tenemos un grave problema que atajar, y cualquier medida dirigida a la solución es bienvenida, pero no sería de recibo fracasar en el intento, por dejar de poner todas las herramientas necesarias a disposición de todos los actores intervinientes. Este país no se lo puede permitir y todos lo sabemos.