Ribera carece de un plazo para actualizar la normativa que demanda la inversión de 2.000 millones de BP

El Ministerio de Transición Ecológica no tiene un plazo definido para la trasposición de la directiva europea Red II. Este trámite es el que, según explica Andrés Guevara, presidente de BP, tiene paralizado su plan de inversión de 2.000 millones de euros con el que convertir la actual refinería de Castellón en un centro de producción de hidrógeno y de biocombustibles no sólo para España sino para cubrir parcialmente la demanda en Europa.

La situación actual en el Ministerio de Transición Ecológica es la del traslado de «una gran cantidad» de directivas que, especialmente, desde las medidas tomadas tras la invasión de Rusia a Ucrania se han ido trasladando desde Europa hacia los países miembros. La complejidad por cantidad y diversidad de leyes, decretos y órdenes ministeriales, que incluso suelen afectar a varios ministerios, es actualmente el problema para el cumplimiento del traslado de la normativa comunitaria que ya se ha realizado en Alemania y Holanda, como remarcó el presidente de BP.

El pasado miércoles, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, recibió en el Palau de la Generalitat a Andrés Guevara, presidente de BP, justo el día después de que el máximo responsable de la refinería de Castellón alertara del riesgo que tenía su inversión planificada a razón de «cientos de millones al año» por la falta del traslado de la normativa europea Red II al sistema jurídico español.

En esa reunión, según explican fuentes de la compañía energética, Mazón trasladó a Guevara que hoy, 19 de febrero, tenía prevista una reunión con la ministra Teresa Ribera, que es la responsable del traslado de esta normativa europea. El motivo de la reunión es el agua, con el travase del Jucar al Segura, la Ley de Costas y la Albufera.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) insiste en tener «un marco normativo que respete el principio de neutralidad tecnológica que impulse la innovación tecnológica y la transformación industrial para la descarbonización y una hoja de ruta para los ecocombustibles. BP considera que la falta del traslado de la normativa europea Red II dificulta su inversión en Castellón de cientos de millones al año ya que dichas indicaciones a incorporar en el marco legal español afectan a la producción de ecocombustibles que utilizan el hidrógeno como insumo.

La AOP incide en defender un marco regulatorio estable y predecible, que incentive el desarrollo de tecnologías neutras en carbono. Para ello, es necesario promover la transposición de las regulaciones europeas relativas a la reducción de emisiones de CO₂ en el transporte. AOP subraya, además, que contemplar los ecocombustibles permitiría a España y a Europa diversificar las fuentes de energía, un objetivo ya señalado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Uno de los factores críticos en el desarrollo de ecocombustibles y de hidrógeno por parte de BP es el cambio radical que supondría para la economía de Castellón cambiar una refinería que importa materia prima por un productor de energía renovable que exportara energía. Tal y como indicó Economía Digital hace una semana, el puerto de Castellón no tiene cómo líder a la cerámica sino que los principales tráficos que recibe son energéticos.

Además del proyecto ya en funcionamiento de Pamesa, la azulejera de Fernando Roig, las inversiones de BP tienen como principal gran cliente potencial el sector cerámico y en ese sentido van proyectos piloto como los desarrollados con Anffecc, asociaciones que realiza las fritas y esmaltes que consumen las azulejeras.

Foco en el agua

Aunque la reunión que tendrá Mazón con Ribera tendrá este apartado energético (así se lo indicó Mazón a BP), el objetivo a tratar es el agua. El presidente de la Generalitat ofrecerá a la ministra «diálogo y rigor» en nombre de todos los regantes para poner fin «a la deuda hídrica de la Comunitat Valenciana y solucionar las necesidades de agua de una región que es ejemplo de reutilización, depuración y solidaridad».

Los cálculos con los que Mazón se presentará a la reunión con la ministra es una «deuda de 200 hectómetros cúbicos. Una cantidad que en términos económicos equivale a 791 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB) que han perdido los regantes de la cuenca del Segura».