Iberdrola y Aguas de Valencia dudan del plan de Catalá de cortar luz y agua a los pisos turísticos ilegales

El corte de suministros, que no es legal realizarlo a los okupas, forma parte de la estrategia de la alcaldesa de Valencia frente a los apartamentos turísticos

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El compromiso 46 de Maria José Catalá, alcaldesa de Valencia, en el debate del estado de la ciudad, es: «El Ayuntamiento ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros de los pisos turísticos ilegales de la ciudad, y solicitará las competencias para sancionar a la Generalitat». La propuesta chirrió entre las empresas de suministro porque existen enormes dudas de que sea legal que una administración local pueda realizar órdenes de este tipo.

Iberdrola, preguntada por Economía Digital, es breve y contundente en la respuesta a la alcaldesa de Valencia. «Como empresa distribuidora de electricidad cumpliremos cualquier petición que nos venga de la Administración de acuerdo con las competencias que le atribuya la Ley«, aseguran.

Por tanto, el proceso para que aquello que anunció Maria José Catalá en su discurso del estado de la ciudad se cumpla requiere primero de un análisis jurídico que dote de garantías a las empresas de suministro.

La segunda gran empresa implicada en el anuncio de Maria José Catalá es Aguas de Valencia, desde donde rehusan una posición oficial ante los cortes de agua a los apartamentos turísticos ilegales que se han colocado en la agenda política de la alcadesa de Valencia.

El motivo es que el suministro de agua en la ciudad de Valencia se realiza a través de Emivasa, empresa participada tanto por la empresa de Eugenio Calabuig como por el propio Ayuntamiento de Valencia.

Con estos condicionantes, no hubo respuesta oficial de Aguas de Valencia aunque, según ha podido saber Economía Digital, la posición y el argumento esgrimido por Iberdrola es 100% compatible con lo que piensa la más alta dirección de la compañía.

La luz y el agua es intocable para los okupas

Fuentes del sector inmobiliario mostraron ayer su perplejidad ante la medida anunciada por Maria José Catalá de ordenar el corte de suministros ya que es una acción que no se puede realizar ni en los pisos okupados ni en los pisos en los que los alquilados no están al pago de las cuotas.

Las dudas que generan entre fuentes consultadas que tienen inmuebles okupados guardan sintonía con las dudas que tanto en las empresas de luz, agua o gas se genera cuando una decisión política empuja hacia el corte de suministros.

La otra medida anunciada por Maria José Catalá es la aceptación de la cesión de competencias de inspección y sanción de los apartamentos turísticos. Los primeros municipios que han anunciado la petición de traspasos de competencias con Benidorm y Torrevieja aunque municipios como Cullera, gobernados por el PSOE, ya se han mostrado abiertos a explorar esta posibilidad.

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