La génesis del caso Gedesco: la trama Ombuds y el ‘borrado’ de 23 millones de deuda de Toro Finance

El caso Gedesco, que enfrenta a los fundadores de la que fuera la mayor financiera no bancaria de España con el fondo de inversión norteamericano JZ International (JZI), cuenta con infinitas ramas, pero las causas abiertas alrededor del grupo de seguridad Ombuds explican parte de la mecha que inició el gran incendio que se dirime en diversos juzgados españoles. Una de las vías abiertas en esta trama es el presunto borrado de 23 millones de euros prestados por Toro Finance a Ombuds y que habrían hecho desaparecer de las cuentas antes de que esta compañía entrara en concurso.

Como ya contamos en este diario, el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid condenó a Gedesco y Toro Finance por la amortización de 23 millones de euros de deuda que las empresas Ombuds Seguridad y Ombuds Servicios, del mismo grupo, habían contraído con estas firmas de financiación antes de su declaración en concurso de acreedores.

La magistrada concluyó que, en realidad, las firmas acreedoras y las que recibieron esas cantidades tenían detrás un entramado societario que trataba de ocultar que los gestores eran los mismos, por lo que estas operaciones habrían tenido como fin recuperar estos 23 millones y evitar que una vez declarado el concurso no pudieran cobrar íntegramente la deuda.

La sentencia, del 17 de enero, confirma que «tanto las concursadas -Ombuds Seguridad y Ombuds Servicios- como las sociedades Gedesco Factoring y Toro Finance forman parte del mismo grupo empresarial».

Esta vinculación se omitió en las memorias jurídicas y económicas de estas empresas y la administración concursal la logró descubrir «después de una ardua tarea de investigación y tras tener conocimiento del contenido de las pólizas de cesión de créditos», señalaba la sentencia.

La jueza, en una dura resolución, explicaba que «se trata de un grupo empresarial complejo, con multitud de sociedades interpuestas, muchas de ellas, con sedes en paraísos fiscales, algunos de los cuales no pertenecen a la Unión Europea, de ahí la dificultad de establecer el organigrama societario completo». Si bien, del resultado de las tareas de investigación de la administración concursal, se pudo comprobar que «todas ellas forman parte del mismo grupo empresarial, controlado por el fondo de inversiones americano JZI».

Tras la mercantil, continúa la guerra penal

Sin embargo, este capítulo no se cerró con esta sentencia, sino que continuó por la vía penal en una causa que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda (Madrid). JZI adquirió a través de una de sus numerosas filiales –Hackett Inversiones 2010 SL– una participación mayoritaria (del 75%) del grupo de empresas Ombuds, hasta entonces de la familia Cortina, que se quedó un 25% y que mantuvo a Rodrigo Cortina como consejero delegado hasta que presentó su dimisión al ser conocedor de estas presuntas irregularidades contables.

Los entonces representantes de JZI en España, Miguel Rueda y Ole Groth, -contra los que el fondo de inversión acabaría querellándose al considerar que actuaron a sus espaldas- ocupaban los sillones correspondientes a su participación en cada una de las empresas participadas por los norteamericanos, incluido el Grupo Ombuds, del que Rueda además era presidente.

Rueda y Groth eran, por tanto, administradores de Ombuds y, simultáneamente, administradores y directivos del Grupo JZI, que poseía y controlaba el 75% de Ombuds, así como también de Toro Finance.

A partir del año 2016, Ombuds se enfrentó a sucesivos problemas de financiación y los bancos comenzaron a cerrarle sus puertas. Fue entonces cuando se efectuaron diversas ampliaciones de capital y aportaciones económicas de los socios: el Grupo JZI, a través de Toro Finance, y de Rodrigo Cortina, por medio de Recorti Inversiones.

Sin embargo, este último en realidad estaba financiando a Ombuds también desde Toro Finance, debido a que los representantes del fondo necesitaban sortear las propias normas internas de JZI que le impedían financiar a sus participadas superando unos determinados límites de inversión, relata la querella que sustenta la investigación del juez. Estos sucesivos créditos son los 23 millones de euros que protagonizaron la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid.

Sin embargo, Rueda, Groth y Antonio Aynat decidieron «de forma absolutamente discrecional» qué créditos cobraba Ombuds de sus clientes y cuáles otros los cobraba Toro con el fin de recuperar sus aportaciones de financiación. Estos desvíos se incrementaron masivamente cuando las entidades bancarias decidieron definitivamente cerrar su financiación a Ombuds, así que se comunicó a todos los clientes de la empresa su obligación de pagar directamente a Toro, lo que deterioró todavía mucho más la situación del grupo, reza la querella.

Cuando la situación económica por la que atravesaba el Grupo Ombuds hizo patente la imposibilidad de recuperar la inversión efectuada por JZI, así como los préstamos que había efectuado al grupo Ombuds, los querellados, «prevaliéndose de su condición de administradores de hecho y de derecho, ordenaron realizar una serie de apuntes que alteraron la contabilidad, falseando la realidad jurídica y la situación de sus propios créditos» para así evitar los efectos del concurso de acreedores que se iba a presentar ese mismo día y poder recuperar íntegramente dichos créditos, con el consecuente «grave perjuicio del resto de los acreedores».

Así, el 19 de julio de 2019, Ombuds presentó su concurso, pero justo antes, ese mismo día, Groth ya había hecho desaparecer a Toro Finance de la lista de acreedores.

El estallido del caso Gedesco

Todo ello está siendo instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda, en una causa en la que investiga al fundador de Gedesco, Antonio Aynat, también al frente de Toro Finance a través de su sociedad Venalta Capital, también imputada; a los entonces representantes de JZI en España, a su vez en Toro y en Ombuds, Miguel Rueda y Ole Groth; a la propia Toro Finance, así como al fondo de inversión norteamericano.

Esta fue la primera piedra de un conflicto que se fue edificando hasta la estrepitosa ruptura del fondo fundado por David W. Zalaznick y Jay Jordan con los que eran sus representantes en España y contra sus entonces socios en Gedesco y Toro, Antonio Aynat y Javier García Escrivá, que ha llevado a que JZI se querellara contra todos ellos e iniciara una guerra judicial que, de momento, ha llevado a la destitución de todos ellos del consejo de administración y la dirección de la matriz de Gedesco y a la imposición de una histórica fianza de 65 millones de euros.